"Los salarios se van a incrementar, vamos a tener una fórmula virtuosa. Dennos tiempo, cuando lleguemos a fin de año vamos a ver si las jubilaciones crecieron ocho o diez puntos respecto a la inflación".

La frase del diputado oficialista Carlos Heller sintetiza lo que verdaderamente significa la nueva fórmula de indexación jubilatoria aprobada en el Congreso: una fórmula que solamente garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo bajo el cumplimiento de determinadas condiciones macroeconómicas.

En otras palabras, la fórmula cumple con un objetivo económico fundamental: que el sistema jubilatorio no incremente su peso respecto de los recursos fiscales. Es por eso que la composición para determinar los aumentos está formada mitad por la evolución salarial y mitad por los ingresos de la Anses.

A diferencia de las fórmulas que simplemente aplican la inflación pasada –y, por lo tanto, el valor de las jubilaciones mantenga relativamente su capacidad de compra incluso en años recesivos-, esta nueva ley ata el poder adquisitivo de los jubilados al comportamiento general de la economía.

Es lo que los expertos llaman una fórmula "pro-cíclica": en los años en los que crece la actividad –y por lo tanto aumenta el empleo, el salario y el ingreso de Anses-, entonces los jubilados tendrán una mejora que excederá el incremento del costo de vida. Pero cuando ello no ocurra, la jubilación evolucionará por debajo de los precios, de forma tal que ese sector de la población hará las veces de variable de ajuste.

Los economistas calcularon cómo funcionará el sistema según la suerte que tenga el Gobierno en el manejo de la situación económica. Por caso, una estimación de la Fundación Mediterránea indica que si se cumplieran las proyecciones oficiales y se diera una inflación relativamente baja de 34,5% para el próximo año, entonces las jubilaciones evolucionarían en línea con los precios.

Es por eso que en el oficialismo se resisten a hablar de "ajuste jubilatorio". De hecho, el titular de la cámara de Diputados, Sergio Massa, al disertar en un evento con inversores, afirmó que gracias al rebote que experimentará la economía argentina durante el año próximo, las jubilaciones recuperarán un 10% del poder de compra. Un guarismo que, hasta ahora, ni el más optimista de los adherentes al Gobierno se había animado a pronosticar.

El oficialismo, liderado por Máximo Kirchner y Sergio Massa, logró imponer una nueva fórmula criticada por la oposición

Pero ese es el talón de Aquiles de la nueva ley: transforma a los jubilados en socios forzosos de la suerte que tenga la economía argentina. Si las cosas van bien, ganan. Y si van mal, pierden poder adquisitivo.

Según la Mediterránea, si ocurriera un desvío respecto de las expectativas oficiales, el costo en las jubilaciones quedaría rápidamente en evidencia. Por ejemplo, con una inflación de 51,1% las jubilaciones correrían de atrás y sólo aumentarían nominalmente un 39,5% -una pérdida real de 8%- mientras que si el panorama fuera más complicado y la inflación llegara al 58,5%, las jubilaciones apenas se moverían 36% -una pérdida real de 14 puntos-.

Lo preocupantes es que los últimos reportes de los economistas ven un relajamiento monetario sobre fin de año, que ya pondría una base de arranque alta para la inflación de 2021. Algunos, como el influyente Carlos Melconian, se animan a pronosticar que la inflación será el doble de la que el Gobierno está suponiendo.

El tema, como siempre, es la dependencia del Tesoro para financiarse con la emisión del Banco Central, algo que volvió a quedar en evidencia en los últimos días, con el nuevo giro de más de $200.000 millones por concepto de transferencia de utilidades.

Pero, además, hay un renovado temor al retraso tarifario. Alberto Fernández está incurriendo –como en su momento le había ocurrido a Cristna Kirchner- en una dependencia cada vez mayor del recurso de "pisar" precios regulados. Y, además, está la amenaza siempre latente de una escapada del dólar blue que ponga presión al tipo de cambio oficial.

¿Un recorte inevitable?

Es en ese contexto que la mayoría del gremio de los economistas ve al nuevo sistema jubilatorio como un recorte en términos reales: por más que en 2021 se cumpla el efecto rebote y se produzca el aumento de 5% del PBI que prevé el Gobierno, será difícil contener la inflación. Y en la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, eso implica una desprotección.

El mecanismo de la nueva ley es simple: habrá cuatro instancias de aumento automático en el año. Y el ajuste se compondrá según las variaciones salariales y de recaudación tributaria del trimestre anterior. Pero cuando se llegue a fin de año, si la recaudación anual de la Anses estuviera por debajo de lo esperado, ese factor funcionaría como tope para la jubilación. Mientras tanto, la suba de precios haría la otra parte de la licuación.

Es, paradójicamente, un objetivo que toda la vida plantearon los más acérrimos "neoliberales" y defensores del equilibrio fiscal: que el peso del sistema jubilatorio no crezca por encima de la capacidad de la recaudación fiscal del país.

De hecho, cuando el macrismo pensó en la nueva fórmula de 2017, privilegió el uso de la inflación pasada como factor de ajuste por una razón poderosa: en ese momento había confianza en que el país pudiera cumplir sus metas de rápida disminución de la inflación. En otras palabras, el equipo económico veía un futuro en el que mientras la recaudación fiscal siempre sería creciente –por la recuperación de la economía- la inflación iría en caída –por el efecto contractivo aplicado desde el Banco Central-.

Y, como consecuencia de esa fórmula, lo que se esperaba era que el peso del sistema jubilatorio, medido en puntos de recaudación fiscal, fuera disminuyendo. Pero además eso se lograría sin que nadie pudiera acusar al Gobierno de recortar jubilaciones, porque la fórmula garantizaba que nunca quedarían por debajo de la inflación.

En aquel agitado diciembre de 2017, el macrismo había sentido que había descubierto la fórmula perfecta: cumplía con un objetivo de ajuste fiscal y le daba un argumento político incontestable. Claro, luego la realidad se encargó de poner las cosas en su lugar: con la disparada inflacionaria de 2018 y el inicio de una fase recesiva, la fórmula macrista tuvo un efecto inverso al esperado.

Pero más allá de esa situación inesperada, el macrismo ya era objeto de críticas por parte los economistas más preocupados por el equilibrio fiscal. Señalaban que la anterior ley de reparación histórica llevaría al sistema a una situación de inviabilidad.

Ocurre que en Argentina, por las sucesivas moratorias, el peso del sistema previsional fue creciendo hasta llegar a un 12% del PBI, un nivel comparable al de los países con los sistemas de "bienestar social" más avanzados del mundo, como Francia o Gran Bretaña. Pero había un detalle: según un informe de Idesa, mientras en esos países la población mayor a 65% años representa el 18% de la población, en Argentina era de sólo el 11%.

En otras palabras: el peso del sistema jubilatorio argentino se ubica muy por encima de lo que cabría esperar en términos de su demografía. Lo cual estaba evidenciando las falencias del sistema y los múltiples incentivos para la evasión de las cargas de seguridad social.

Lo cierto es que en el equipo económico que asesoraba a Alberto Fernández en la campaña electoral ya se había llegado desde hacía tiempo a la conclusión de que el sistema jubilatorio era una bomba de tiempo y que no había forma de sostener un sistema cuyo peso respecto de los recursos fiscales aumentaran año a año.

Los diagnósticos de los economistas apuntan a la inviabilidad a largo plazo del régimen jubilatorio argentino

¿El ajuste perfecto de Guzmán?

Como gran ganador de esta situación emerge el ministro Martín Guzmán, que está demostrando una cintura política mayor a la que en un principio podía suponerse.

En plena negociación con el Fondo Monetario Internacional –y después de haber logrado un ahorro de $100.000 millones al suspender la fórmula jubilatoria macrista- puede prometer, con un razonable nivel de credibilidad, que en 2021 el sistema previsional jugará a favor de la reducción del déficit fiscal. Algo que en su momento no pudieron hacer ni Alfonso Prat Gay ni Nicolás Dujovne.

Y, para mejor, todo en simultáneo con un discurso político que habla sobre una recuperación del poder adquisitivo para los sectores más postergados.

Fue ese el punto que destacaron los legisladores opositores, que abundaron en chicanas y en recordatorios de que en diciembre de 2017, con una fórmula mucho menos regresiva que esta, se generó un caos en las afueras del congreso y se acumularon 14 toneladas de piedras arrojadas por los manifestantes.

Como Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO, quien dijo: "Es increíble que el gobierno no tenga una idea superadora que ajustar a los adultos mayores, al sector más vulnerable de la pandemia. Ustedes lo saben muy bien, pero este año no hay ningún trabajador que le haya ganado a la inflación. Hoy saben que les están mintiendo a los jubilados. Estamos acá discutiendo, no estamos tirando piedras en una plaza ni ponemos una marcha con otra cosa para distraer la atención. Hoy repudiamos enérgicamente el robo a nuestros padres y abuelos".

Mientas que el diputado radical Mario Negri sacó a relucir la promesa de campaña de Alberto Fernández: "El Presidente decía en 2019 que entre los bancos y los jubilados se quedaba toda la vida con los jubilados. Sin embargo, se quedó con los bancos, ya que con las Leliqs les dio ganancias que nunca antes habían visto. Mientras que los jubilados perdieron durante este 2020 unos 100.000 millones de pesos que le hubieran correspondido según la fórmula que el Congreso aprobó en 2017 y que Alberto Fernández suspendió".

Pero está claro que, más allá del espadeo retórico en el Congreso, el Gobierno consiguió su objetivo político: la nueva reforma jubilatoria no generó en la opinión pública la milésima parte de la controversia que se vivió hace tres años. Y en ello contribuyó también el inteligente "timing" político elegido para aprobar en el Senado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que acaparó la atención nacional.

En todo caso, más allá de la discusión política, la economía continuará con su dinámica implacable, y todo apunta a que los jubilados serán una vez más la variable del ajuste. En ese plano, el Gobierno enfrenta dos peligros: uno es de índole judicial, porque ya las asociaciones defensoras de pensionados están preparando recursos de amparo contra la nueva fórmula.

El otro riesgo es político, porque en 2021 hay elecciones legislativas y los siete millones de jubilados y pensionados darán su opinión en forma de voto.