En un año que comenzó con una preocupante aceleración de los precios, los sectores gremiales ya comienzan a plantear la necesidad de recomposiciones salariales para sostener el poder adquisitivo.

En este marco, el secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, remarcó este martes que los sueldos de los trabajadores deberán crecer por encima de lo que está pautado en el Presupuesto confeccionado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Rodríguez destacó que desde el Gobierno nacional "hablan de la necesidad de que las paritarias cierren dos o tres puntos por encima de la inflación" y aseveró que "si lo logramos será un paso adelante".

"No vamos a poner ningún límite a ninguna paritaria", dijo Rodríguez en declaraciones a la agencia Télam, antes de una reunión de la mesa chica de la CGT, que se realizó en la sede de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa)

Rodríguez informó que, en principio, el encuentro estaba pactado para "analizar la propuesta del ministro (de Desarrollo Territorial y Hábitat) Jorge Ferraresi, sobre el plan de viviendas a nivel nacional, donde una parte le van a corresponder al movimiento obrero, y estamos viendo entre los gremios cómo se hace esa distribución".

"También surgió el tema salarios, sobre el cual el Gobierno ya tuvo su reunión de Gabinete Económico Social y largó alguna punta de información, referido a la posibilidad de alcanzar un pacto sobre salarios y precios", indicó el dirigente gremial.

El titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) adelantó que "hay una reunión prevista para estos días" con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para analizar el tema.

El Presupuesto de Guzmán quedó desdibujado ante la suba real de los precios y se enciende la pulseada por los sueldos.

La pelea contra la inflación

"Tenemos que escuchar y ver cuáles son las propuestas, porque no podemos congelar los salarios en un 30 por ciento, que es la pauta del presupuesto 2021 para la inflación. El Gobierno habla de un 29 por ciento y nosotros consideramos que será más alta", dijo y añadió: ""Hasta que no haya una posición oficial firme y detalles concretos, no podemos tomar ningún juicio de valor".

"Desde el Gobierno están hablando de la necesidad de que las paritarias cierren 2 o 3 puntos por encima de la inflación. Si lo logramos, es un paso adelante y nosotros vamos a poner el hombro para que esto suceda", remarcó Rodríguez.

La semana pasada, el gabinete económico y social encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, avanzó en la definición de una metodología de articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica del Gobierno.

Sobre el objetivo de alinear precios y salarios, Guzmán sostuvo que "el Gobierno apunta a continuar con el sendero de reducción gradual y consistente de la inflación".

La Casa Rosada busca evitar los acuerdos con actualizaciones automáticas de remuneraciones.

El Gobierno esquiva la "cláusula gatillo"

La nueva estrategia salarial del Gobierno, consistente en alivianar la importancia de las paritarias sectoriales y priorizar un acuerdo nacional de precios y salarios tiene, en el fondo, un objetivo fundamental: evitar que puedan proliferar las cláusulas de ajuste automático por inflación.

Es una obsesión que no sabe de signo ideológico: ese objetivo ha sido buscado por todos los gobiernos: ya desde los hiperinflacionarios ’80 hasta la época en que Néstor Kirchner había impuesto el "techo Moyano", que luego Cristina sustituyó por el "techo Caló" y que luego, a su modo, adaptó Mauricio Macri.

La retórica podrá cambiar según quién sea que esté en la Casa Rosada, pero el criterio es siempre el mismo: la creencia de que en un momento de inflación alta, una cláusula gatillo contribuye a una espiralización de la inflación por un efecto inercial. Y que los empresarios, con tal de evitar la conflictividad, estarán dispuestos a firmar estas cláusulas porque, en el fondo, saben que toda mejora que no puedan solventar con el ingreso de su negocio finalmente será trasladada a precios. Es, precisamente, uno de los mayores temores del Gobierno en este momento.

No ha cambiado el criterio de fondo y es por eso que la convocatoria al acuerdo tripartito con sindicatos y empresarios ha sido fijada por Cristina Kirchner como una prioridad en este 2021 electoral en el que la consigna es "alinear salarios, jubilaciones, precios y tarifas".

Claro que hay un cierto apuro por implementar ahora ese acuerdo: las primeras semanas del año están dando señales preocupantes en la inflación, y los gremios que arrancaron en punta para la negociación salarial ya están insinuando que buscarán formas de protección retroactivas para recuperar poder adquisitivo si es que, por acaso, la proyección oficial de 29% de inflación no saliera según los planes oficiales.

Un cambio de tendencia que inquieta al Gobierno

En realidad, lo que el Gobierno está percibiendo es un cambio de tendencia fundamental: luego de un 2020 que fue unánimamente aceptado por los sindicatos como el año en el que hubo que "freezar" los reclamos, dada la excepcionalidad de la pandemia, en la cual hubo que poner como prioridad absoluta la preservación de puestos de trabajo, ahora parece haber llegado el momento de poner al salario como prioridad.

El propio Gobierno, consciente de la situación y atento a que sus chances electorales irán de la mano de una recomposición de la capacidad de consumo, ya avisó que habrá un objetivo de recuperación del salario unos cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación. Y avisó además que habrá una mejora de poder adquisitivo indirecta por la vía de la marcha "en cámara lenta" de las tarifas de servicios públicos.

De momento, el argumento oficial tiene dificultades para ser asimilado por la contraparte. Es un tema de matemática pura: la promesa oficial es que el salario promedio termine el año con un aumento nominal de 33% de punta a punta, mientras que el promedio del mercado cree que los precios subirán un 50%. Eso implica una pérdida real de 12 puntos.

Y en lo que respecta a las jubilaciones, también habría una pérdida surgida de la nueva fórmula. Según una estimación hecha por la Fundación Meditarránea, solamente si la inflación se mantuviera debajo del 35% habría chances de que los jubilados tuvieran una evolución en línea con los precios.

Pero si ocurriera un desvío respecto de las expectativas oficiales, el costo en las jubilaciones quedaría rápidamente en evidencia. Por ejemplo, con una inflación de 51,1% las jubilaciones correrían de atrás y sólo aumentarían nominalmente un 39,5% -una pérdida real de 8%- mientras que si el panorama fuera más complicado y la inflación llegara al 58,5%, las jubilaciones apenas se moverían 36% -una pérdida real de 14 puntos.