Dos promesas que el Gobierno ha hecho en estos días vinculadas al alivio del impuesto a las Ganancias están siendo seriamente cuestionadas: que resultará neutro desde el punto de vista fiscal y que el impacto de la medida resultará en una reactivación de la economía por el mayor consumo.

Son los puntos sobre los que tanto Sergio Massa, impulsor de la iniciativa, como el ministro Martín Guzmán -garante ante el mercado financiero de la disciplina fiscal del Gobierno- han puesto énfasis durante el debate.

Los principales cuestionamientos refieren a que el costo para el cumplimiento de esos objetivos será tan alto que pondrá en peligro la consecución de los objetivos de crecimiento, inversión y empleo. La explicación, básicamente, es que para que se pueda compensar el menor ingreso -estimado en $40.000 millones - que tendrá la AFIP, se tendrá que afectar a prácticamente todo el entramado pyme del país.

Con los cambios que se debaten en el Congreso, se podría llegar a la situación de que haya empresas que paguen una alícuota real de más de 40% -que surge si a la máxima de 35% se le agregan los siete puntos adicionales por castigo al reparto de dividendos-.

Pero el mayor enojo tiene que ver con el bajo "mínimo no imponible" para las empresas, que arrancaría en $108.000 mensuales, una cifra que equivale a poco más de cinco salarios mínimos. O, dicho de otra forma, a u$s1.125 al tipo de cambio oficial. Con esa cifra ya se tributa la alícuota de 25%.

Peor aun, para pasar a tributar la tasa máxima de 35%, alcanza con que la empresa tenga un ingreso mensual de $216.000, poco más de 10 salarios mínimos.

Massa asegura un efecto neutro en la reforma de Ganancias, pero los economistas advierten sobre costos no previstos

Las principales figuras de la oposición y los economistas más preocupados por la presión fiscal ya están apuntando sus cañones contra esta situación. En síntesis, el argumento que plantean es que, con tal de lograr un objetivo electoral de recuperar al votante de clase media desencantado, el Gobierno está condenando a las pymes a ser la variable del ajuste.

Y confirman, por otra parte, la convicción del Gobierno en el sentido de que un alivio impositivo no tiene efecto positivo en la creación de empleo, por lo que una mayor presión no puede ser negativa, ya que mejorar el plano fiscal sin perjudicar la inversión.

Este último punto consta explícitamente en el fundamento de la nueva ley.

"Como diversos estudios han demostrado, la inversión en Argentina no es particularmente sensible a esta variable y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico", indica el texto del proyecto.

Y como "prueba" de esa afirmación, recuerda que durante la gestión macrista, la reforma de 2017 que bajó en cinco puntos la alícuota de las empresas "provocó pérdida de recursos tributarios generando en perspectiva un sendero de no sustentabilidad fiscal, con nulos efectos sobre la inversión".

Quejas por las pymes como variable de ajuste

En términos teóricos, lo que plantea el Gobierno es la tesitura opuesta a la célebre "curva de Laffer", que afirma que, a partir de determinado momento en que la presión impositiva es muy alta, un alivio en los impuestos redunda en una mayor recaudación, porque se desestimula la evasión impositiva.

Para los expertos tributaristas del Gobierno, o bien Argentina no llegó al punto máximo de la curva de Laffer, o bien esa teoría es errónea y entonces se puede siempre "apretar" un poco más sin que esto traiga consecuencias negativas en términos de actividad económica.

Las respuestas de los economistas son contundentes en cuanto a pronosticar que los efectos negativos del alivio en Ganancias superarán ampliamente al beneficio que gocen los dos millones de asalariados y jubilados alcanzados por la medida.

Por caso, el diputado Luciano Laspina se mostró indignado por el hecho de que ahora, para los criterios oficiales, una empresa que ingrese por mes $216.666 sea considerada dentro de la categoría de "grandes empresas".

"Argentina pasará a tener una alícuota máxima de Ganancias empresarias de las más altas de mundo, si es que ya no es las más alta: 40% versus el 28,1% promedio en Latinoamérica y el 23,7% promedio en los países de la OCDE", se quejó el diputado.

Por su parte, el economista Gabriel Rubinstein indicó que la propuesta va en un sentido opuesto a la tendencia internacional, que es la de gravar más a las personas y menos a las empresas.

"Después va a venir la discusión sobre qué tipo de posiciones podrán ser compensadas por otros impuestos, así que ahí habrá que ver sobre una base caso por caso qué tan golpeadas quedan las pymes. Se está diciendo que buscan compensarlas, pero lo cierto es que el piso que quedó es tan bajo que va a ser complicado que las empresas no se perjudiquen", agregó el influyente economista, que lidera el ranking REM de pronósticos económicos.

En tanto, el economista y empresario Gustavo Lazzari recordó que, desde que asumió la presidencia, Alberto Fernández generó un nuevo impuesto o aumentó un gravamen ya existente a un ritmo de uno cada 20 días.

"La baja de Ganancias a los trabajadores va a durar sólo un año, porque ese efecto se va a neutralizar por las paritarias, y mientras tanto le aumentan a las empresas, lo que significa menos demanda de trabajo y menos ingresos para los trabajadores.

En la misma línea, el ex ministro Hernán Lacunza destaca que la recuperación que se está registrando en el empleo obedece casi exclusivamente a cuentapropistas o emprendimientos informales, pero que las empresas que dan trabajo en blanco prácticamente no han recuperado empleo.

"Se interrumpió baja de contribuciones patronales, ganancias, ingresos brutos, sellos. La idea ahora es volver a subir Ganancias a empresas: menos empleo privado", afirma el ex funcionario.

Su argumento es que mientras sólo uno de cada 10 trabajadores tributarán Ganancias, todos pagarán el IVA e Ingresos Brutos cada vez que vayan al supermercado, así como "impuestos al trabajo cuando entran a la fábrica o a la oficina".

"Si el alivio fiscal por Ganancias a personas es $ 40.000 millones, representa el 0,15% del consumo anual. Beneficia al 6% de los trabajadores formales y para un 3% (unos 250.000 empleados) significará más de $ 1.000 mensuales (menos de 1% del salario). Para el otro 3%, menos", advierte el economista.

Para los críticos del Gobierno, las pymes serán la variable del ajuste y deberán evadir impuestos o congelar proyectos

¿Proyectos de inversión bajo revisión?

Pero, sobre todo, los que expresan mayores preocupaciones son los propios empresarios, que ya venían mostrando serias dudas sobre la potencia de la recuperación económica para este año y ahora, directamente, creen que habrá que revisar planes de inversión como consecuencia de la mayor presión impositiva.

Justo cuando se estaba empezando a debatir el alivio en Ganancias y la consecuente reforma impositiva con su "criterio progresivo", el Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa a más de 60 cámaras, había hecho una advertencia pública al respecto.

"Queremos seguir invirtiendo, crear empleo, generar riqueza… Es nuestra vocación y voluntad, y estamos convencidos de que de ese modo haremos una gran contribución para eliminar la pobreza, pero precisamos condiciones al menos similares a las de nuestros competidores en América Latina", afirmaba el comunicado.

Y, además de las consabidas críticas a la inflación, ponía el foco en que la presión impositiva resulta el doble que en el promedio de la región, mientras el costo de capital es cuatro veces más caro.

Además, otro tema que resultó de preocupación de este foro empresarial fue el de las señales intervencionistas sobre el campo y una serie de sectores con precios regulados. Las comparó con medidas "similares a las tomadas en el pasado que tuvieron efectos adversos, afecta el crecimiento económico y el proceso de inversión privada, que ya está en mínimos históricos".

Lo cierto es que esa tasa de inversión cayó durante el momento más recesivo de la pandemia a un mínimo de 9,5% del PBI, un nivel bajo incluso para los estándares de la última década argentina, cuando los mejores registros llegaron a 19% -a años luz de lo que se observa en naciones que crecen a "tasas chinas"-.

Y lo que este debate sobre Ganancias dejó al descubierto es mucho más que una desavenencia sobre cálculos fiscales, sino que evidenció una verdadera "grieta ideológica" respecto de qué tan importante es el alivio tributario a la hora de que un empresario decida mejorar sus niveles de inversión.

Uno de los ejemplos más claros de esta discusión radica en el sector de la "economía del conocimiento", un concepto al que todo gobierno busca acercarse, por su connotación de vanguardia y su capacidad de generar empleo y nuevos emprendimientos. Pero los intentos de beneficio que se expresan en la retórica a veces pueden contradecirse con las medidas económicas.

Los empresarios del sector se quejan de que Ganancias puede ser un caso prototípico: todavía no empezaron a recibir los beneficios fiscales de su régimen sectorial y ya están preparándose para pagar mayores alícuotas como consecuencia de la recategorización que supone el nuevo régimen de Ganancias.

Lo que advierten los tributaristas es que el texto que está a debate en el Congreso podría modificar el régimen de promoción, según el cual no se podrá incrementar la carga tributaria total. Pero ahora hay estudios de contadores que están advirtiendo sobre la posibilidad de que sí haya una suba de la presión fiscal.

El régimen de promoción establece las compañías del sector tendrán el beneficio en el pago de Ganancias por hasta 60% para las micro y pequeñas empresas, 40% para las medianas y 20% para las grandes.

Pero la ley no hace referencia a una alícuota en especial sino solamente a la reducción del porcentaje. Según el tributarista Sebastián Domínguez, esto las pone en una situación de vulnerabilidad ante la nueva ley, ya que estarán alcanzadas por la nueva categorización que hace que una firma con ingresos por $2,6 millones al año sea alcanzada por una alícuota de 28%, más la retención por la distribución de utilidades.

El debate se recalienta por las amenazas de empresas de este sector que, cansadas por la demora de más de un año en la habilitación del nuevo régimen, más la perspectiva de una mayor presión tributaria, están considerando mudar sus proyectos a otros países de la región con regímenes más benévolos.

En definitiva, la mayor acusación contra el alivio en Ganancias es que el precio a pagar por toda la economía sea demasiado alto: un enfriamiento en la inversión y probablemente una agudización de la inflación, dado que habrá empresas con un incentivo extra para trasladar costos a los precios.

Así lo argumentó la influyente Marina dal Poggetto, de la consultora Eco Go, para quien "Es ridículo decir que las empresas no miran la estructura impositiva a la hora de definir una inversión. Este es un proyecto puramente político, que tiene como objetivo que 1,2 millón de personas queden fuera del pago de Ganancias porque eso les da rédito político".

Mientras tanto, el economista Pablo Besmedrisnik, director de Invenomica, que se dedica a analizar los factores que inciden sobre la tasa de inversión, afirma lo que muchos vienen diciendo en voz baja desde que se lanzó el proyecto: "La ecuación que hagan los empresarios los va a forzar a medidas más pragmáticas, y posiblemente el efecto que tenga esta reforma de Ganancias sea el de un mayor nivel de evasión impositiva y un desánimo que lleve a revisar los proyectos de inversión.