Con más de tres millones de asalariados, los trabajadores estatales no solamente constituyen uno de los gremios más importantes del país -y una de las fuentes de gasto más importantes para el Estado- sino que conforman una de las fuentes de opinión pública de más peso.

El Gobierno es consciente de que entre los empleados públicos tiene uno de sus fuertes electorales pero que, también, hay allí un potencial efecto boomerang, porque durante el 2020 el sector terminó siendo una de las variables del ajuste. Y mientras Martín Guzmán intenta convencer al mercado de crédito de que le presten el dinero necesario para financiar la brecha fiscal, otra parte del Gobierno trata de convencer a los gremios de que hay que mantener la paciencia.

Es por eso que en las próximas horas realizará uno de los anuncios con los que espera tener un impacto en el humor social y, particularmente, en la propia interna de la coalición gobernante, donde el enojo por la falta de medidas para recuperar la capacidad de consumo ocupa un lugar protagónico.

Por supuesto, una paritaria de 35% en un año en el que los economistas pronostican 50% ya supone, de por sí, una pérdida adicional de 10% en términos reales. Y el número acordado llama particularmente la atención cuando se lo compara con la vigorosa recuperación de la recaudación fiscal -72% de crecimiento nominal en marzo, 105% en abril-.

Sin embargo, los funcionarios lograron convencer a los estatales de no romper la consigna de mantener acuerdos en torno al número pedido por el ministro Martín Guzmán, aun cuando su meta inflacionaria de 29% haya caído en el descrédito. Y enfatizan en que lo importante es la recuperación de corto plazo, mientras que a futuro habrá cláusulas de mejora.

El propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó que finalmente se llegó con los estatales a un acuerdo trabajosamente negociado desde hace varias semanas. El acuerdo regirá en principio para los más de 200.000 trabajadores que dependen principalmente del gobierno central pero también funcionará como referencia para el resto del sector público.La propuesta oficial es una mejora gradual que inicie los incrementos en junio y termine en el verano de 2022.

El tema importante para el Gobierno es que logró uno de sus objetivos fundamentales: que la cifra esté en línea con los principales gremios, como el bancario, el metalúrgico y el de comercio. En aquellas ocasiones se presentaron los acuerdos -entre 32% y 35%- como oportunidades para una recuperación del salario, que crecería por encima de los precios.

E incluso ahora, cuando el acumulado de 17,6% de la inflación de cuatro meses tornó en irrelevante la meta de Guzmán, el Gobierno sigue aferrado al discurso de que los acuerdos garantizarán una mejora real de los salarios.

"Lo importante es el impacto de los primeros meses, que es cuando se van a cobrar los aumentos. Después si hay que ajustar se ajustará, pero los primeros meses le van a ir ganando a las subas de precios", explicó Moroni.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, llegó a un acuerdo con los gremios estatales para un esquema de ajuste salarial

La estrategia del "vamos viendo"

La frase del ministro deja en claro también la estrategia oficial en el contexto de un año electoral y en plena crisis inflacionaria: el abandono de los acuerdos de largo plazo por una política de mejora salarial en cuotas y una promesa de "vamos viendo" ante la eventualidad de un desborde inflacionario que pueda producirse a futuro.

El propio Moroni destacó la "actitud responsable" de los dirigentes sindicales, que se mantuvieron dentro de la pauta pedida por el Gobierno, aun a sabiendas de que la meta oficial de inflación del 29% era muy difícil de cumplir. A cambio de esa buena disposición, el Gobierno accedió a incluir en los acuerdos una serie de "cláusulas de revisión" en el caso de que la inflación se desbordara.

Pero claro, no se debe confundir una cláusula de revisión con un ajuste por "gatillo automático". En el primer caso, el compromiso se limita a reiniciar una negociación, en la cual no se garantiza ninguna cifra en particular, ni mucho menos que haya una compensación idéntica a la inflación extra ocurrida en el período. En cambio, el gatillo automático, una herramienta ya en desuso a la que todos los gobiernos intentan dejar de lado, implica la indexación instantánea -sin necesidad de negociación- que establezca un nuevo aumento compensatorio.

En ese contexto, lo que se espera en el ámbito empresarial y en los sindicatos es que, sobre el tercer trimestre del año, cuando se haga evidente que las paritarias quedaron superadas por la inflación, cada gremio haga valer su capacidad de negociación para tratar de recuperar poder adquisitivo. Las situaciones, a partir de allí, empezarán a diferenciarse, dependiendo de los niveles de empleo de cada sector y de la capacidad de cada sindicato para generar medidas de fuerza.

Lo cierto es que, si bien es probable que esta situación exacerbe cierta propensión a la conflictividad sindical, todavía la fragilidad del empleo es lo suficientemente alta como para pensar en que pueda haber un movimiento que provoque grandes revisiones con puestas al día respecto de la nueva velocidad de los precios.

Fue claro al respecto Antonio Caló, el líder del sindicato metalúrgico, que en una entrevista periodística refirió la situación de su sector. Luego de haber superado una masa de 200.000 asalariados al inicio del gobierno macrista, cayó a un mínimo de 150.000 a mediados del 2020, en el peor momento del desplome de la actividad. Y en el marco de la reciente recuperación de la economía tuvo un fuerte impulso que le permitió incorporar 18.000 nuevos trabajadores.

Caló atribuyó la rápida mejora al impulso que genera la construcción y sectores de la industria ligados a la actividad metalmecánica, y dio a entender que en este momento la prioridad de la dirigencia sindical es consolidar esa recuperación en el empleo antes que un incremento real en el ingreso del gremio.

Pero claro, esa relativa garantía de paz sindical sólo puede aplicarse al sector privado, donde el fantasma del desempleo ronda permanentemente. En cambio, cuando se trata de empleados cuya estabilidad está garantizada, como los estatales, el Gobierno debe recurrir a otro tipo de modalidades negociadoras, donde el componente político es mucho mayor.

Entre los protegidos y la variable del ajuste

El presidente Alberto Fernández, al inicio de la pandemia, jugó con habilidad una de sus cartas políticas. Ante las propuestas de que Argentina imitara la situación de otros países, en los que los empleados públicos de mayores ingresos habían resignado hasta un 20% de su ingreso, negó de plano que fuera a plegarse a esas sugerencias.

De esa manera, logró un primer efecto de simpatía por parte de los estatales. Pero lo que el mandatario no había aclarado era que, en realidad, había una diferencia fundamental entre Argentina y esos otros países: la inflación. Al congelar de facto las paritarias, el Gobierno terminó bajando en términos reales los salarios estatales, que se transformaron en una de las principales variables del ajuste.

Era inevitable, dado el desplome de la recaudación tributaria. En el peor momento de la recesión, los salarios estatales habían pasado a representar un 51% de los recursos, cuando en el momento pre-pandemia se ubicaba en un 31%, según una estimación de la Fundación Mediterránea.

La dificultad para seguir cumpliendo con los pagos se hizo evidente cuando hubo que pagar el medio aguinaldo de junio, y el Gobierno dispuso una erogación en cuotas. En ese momento, los principales líderes gremiales estatales admitían que, ante la hecatombe de la economía en el sector privado, no les quedaba más remedio que aceptar una postergación de la paritaria estatal. Al mismo tiempo, el Gobierno dedicaba 3,5 puntos del PBI a financiar los programas IFE y ATP, en un intento por sostener al sector privado y a los informales.

La promesa era que, cuando pasara el peor momento de la crisis, se empezaría a cumplir la promesa de Alberto, en el sentido de recuperar la pérdida de poder adquisitivo que habían sufrido los estatales durante la gestión macrista.

Los sindicatos estatales accedieron durante la fase más dura de la pandemia a un congelamiento de facto de las paritarias

Con un 24% de pérdida -según las estimaciones de consultoras privadas- los trabajadores públicos lideraban la lista de los que más habían sufrido la recesión del final del macrismo más el impacto de la cuarentena. De manera que había una promesa pendiente, que empezó a cumplirse parcialmente en octubre, cuando se pactó un aumento de 7%, más tres cuotas incrementales a pagarse en febrero, marzo y mayo. En total esto implicaría una suba del 25%.

Una cifra que podría impresionar desde lo nominal pero que, al cotejarse con la inflación del 2020, seguía marcando una pérdida en términos reales.

Ahora, con el acuerdo al que llegaron Moroni y los dirigentes sindicales, se garantizará la continuidad de la mejora en cuotas para que, al decir del ministro, "en el corto plazo se le gane a la inflación". Moroni diseñó un esquema de pagos como para que esa pérdida no se note al inicio del acuerdo.

De esta forma, el Gobierno logra un doble objetivo. El primero es que los trabajadores estatales ayuden a motorizar el consumo, que sigue alicaído por el efecto de la pandemia. Y el segundo es evitar que surja un foco de malhumor durante la campaña electoral justo en uno de los sectores de la sociedad donde el peronismo espera obtener mayor apoyo.

Una de las preocupaciones del Gobierno es alejar los temores de que, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, los salarios estatales y las jubilaciones sean las variables del ajuste que permitan bajar dos puntos el déficit en las cuentas fiscales.

Pero lo cierto es que, mientras la inflación siga su camino ascendente, esa es la posibilidad que cuenta con mayores chances. Será en el segundo semestre del año, coincidiendo con el cierre de la campaña electoral, cuando los funcionarios de Alberto tendrán su mayor desafío: sentarse a negociar con los estatales las "cláusulas de revisión" en un momento del año en el que se prevé que haya menores recursos fiscales.