La historia se repite: como tantas veces en los últimos años los funcionarios repiten que las paritarias son libres y que lo último que quieren hacer es influir para que se pongan límites o techos. Pero, a la hora de la verdad, y sobre todo cuando la inflación pone presión, se trata de que no haya excesos en los pedidos sindicales.

Nadie expresaba mejor esta postura que la propia Cristina Kirchner, quien trataba de irresponsables a los dirigentes que pedían aumentos que luego resultaban impagables y, entonces, se generaban dos efectos indeseados: por un lado, se producían despidos, y por el otro se concretaba el temido traslado a precios.

Fue por eso que a lo largo de los años siempre se intentó ubicar gremios afines con los cuales dar una referencia al resto del mercado. Y, así como en otros tiempos los aliados del Gobierno fueron Hugo Moyano o los metalúrgicos de Antonio Caló, ahora quien emerge como apoyo para marcar el "techo" salarial es Sergio Palazzo, del poderoso sindicato bancario.

La prioridad, este año, es que todo el mundo sindical entienda que hay que tomar como referencia el 29% de inflación que proyectó el ministro Martín Guzmán en el presupuesto.

Claro, hay un problema: nadie cree que esa meta sea cumplible. El 2020 terminó con una inflación de 36 por ciento, y los economistas creen que hubo un efecto de inflación reprimida por la cuarentena, pero que la gran expansión monetaria que se hizo el año pasado tendrá un efecto diferido que explotará este año.

De hecho, ya creen que está explotando, dado que el mes pasado la inflación llegó al 4% y los cálculos de las consultoras privadas esperan una cifra similar para enero, con el agravante de que el rubro alimentos lidera las subas, con un 4,7%.

En ese contexto, ni siquiera los economistas más afines al gobierno creen en el pronóstico oficial del 29 por ciento. Los más optimistas hablan del 35 por ciento, mientras los más escépticos creen que de aquí a fin de año se podría llegar a una inflación del 50 por ciento.

El mayor temor del Gobierno es que en los pedidos sindicales haya "desbordes" a los que los empresarios accedan para no afrontar situaciones conflictivas, pero que puedan luego transformarse en aumentos de precios en las góndolas.

Por caso, justo cuando la carne –que viene subiendo a un promedio mensual de 9%, liderando la lista de incrementos de la canasta- ocupa el centro de la atención nacional, con el operativo de los "cortes baratos", se cerró la paritaria con la Federación del Personal de la Carne.

En principio, se logró un acuerdo que conformó a todos: El acuerdo estableció un aumento del 5% para febrero y otro 5% para marzo. Esa mejora se suma al 28% de aumento, por lo que la suma anual ya acumuló un 38%. Para el sindicato, todo un logro, dado que la inflación interanual hacia marzo se ubicará en torno de 37%.

También se cerró un acuerdo con el sindicato de comercio, que hace pocos días obtuvo una mejora del 21%, con lo cual recuperó parcialmente la pérdida sufrida durante el año pasado, al redondear un 33% anual "punta a punta". Pero el acuerdo con el gremio liderado por Armando Cavalieri se reabre en abril con vistas a lo que ocurra este año, y afecta nada menos que a 1,2 millón de asalariados.

El problema, como ocurre con todos los sindicatos, es lo que ocurra después: porque los economistas están pronosticando una aceleración inflacionaria que posiblemente haga parecer estos números como insuficientes.

Sergio Palazzo, líder del sindicato bancario, dio una ayuda política al Gobierno al firmar en línea con la proyección de inflación oficial

¿Un nuevo referente?

En ese marco, llamó la atención la trascendencia política que el Gobierno le dio al acuerdo del sindicato bancario, uno de los de mayor capacidad de negociación del país, y que públicamente agradeció al presidente Alberto Fernández por haber ayudado a "destrabar" la negociación.

El acuerdo consistió en una actualización pendiente del 2,1% que quedaba pendiente del 2020. Pero lo importante es que, mirando hacia adelante, se firmó por un 29%, a pagar en tres cuotas, una retroactiva a enero, otra en abril –ambas de 11,5%- y una tercera, en agosto, de 6%.

Todo un mensaje para el resto del mercado, que acaso esté percibiendo la instalación de un nuevo "techo Palazzo". Claro que los bancarios son conscientes de que están en un sector económicamente fuerte y eso les otorga mayores posibilidades de negociación. No solamente un salario inicial por encima de los $100.000 sino, además, la promesa de que en dos momentos del año habrá "una revisión del acuerdo por si hubiera inconveniente en relación precios y salario".

Pero ahí es donde entrará la letra chica: una revisión a negociar con la parte empresaria no es lo mismo que una cláusula gatillo, en la que se dispara automáticamente una mejora si la inflación superó la meta prevista.

En todo caso, lo importante es que se envió el mensaje que el Gobierno quería, y se resume en la cifra de 29%. Un dato fundamental cuando tengan que renegociarse en sectores como Comercio -la paritaria más grande del país- o con el crucial sector de estatales.

Esta solución le sirve políticamente al Gobierno, dado que puede honrar la palabra del ministro Martín Guzmán, quien en una reciente entrevista televisiva sostuvo que "los salarios tienen que crecer más que los precios" pero, al mismo tiempo, recordó la importancia de mantener la disciplina fiscal.

Estatales, ¿otra vez variable de ajuste?

Esto lleva al otro aspecto importante del momento: en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno es consciente de que la situación salarial de los más de tres millones de empleados estatales está siendo mirada con lupa.

Los salariales se quejan, con razón, de haber perdido poder adquisitivo en forma sistemática desde hace al menos desde que empezó la recesión de 2018. Pero su queja es más profunda: saben que, cuando las cuentas del Estado vienen mal, son candidatos a ser la variable de ajuste.

Es así que, según una estimación de una consultora, la pérdida de los salarios estatales fue 60% más grave que la de los privados en los últimos cinco años.

Claro, en un 2020 en el cual una mayoría de los administrativos públicos se quedaron en sus casas haciendo teletrabajo con escasas funciones reales, los sindicatos no se sintieron en condiciones políticas de apurar unas paritarias que, en los hechos, se "congelaron" hasta fin de año.

Esto implicó que, aunque Alberto Fernández haya rechazado todas las sugerencias de los economistas para que imitara las políticas de otros países –que, en el peor momento de la pandemia, cortaron 20% de los ingresos a los funcionarios de ingresos más altos-, en términos reales, sí hubo un recorte.

Claro, el Presidente tiene una ventaja respecto de sus colegas de la región: la inflación licúa los salarios por su cuenta, sin que sea necesario tomar una medida antipática de recorte nominal. Aun así, en junio la situación fue tan grave que se anunció un inédito pago en cuotas del medio aguinaldo.

Los empleados públicos, nuevamente ante el riesgo de perder ingreso en el contexto inflacionario

Lo cierto es que los salarios públicos perdieron capacidad de compra al quedar casi congelados en un año con una inflación de 36%. Recién en octubre, cuando la recaudación de la AFIP empezó a dar señales de crecer en términos reales, se reconoció una mejora de 7%, a la que se sumó otro incremento en tres cuotas que agregará 18% hasta mayo.

Es decir, un 25% hasta mayo, cuando se volverá a conversar del tema. Para ese entonces, estará clara la meta política que el Gobierno fije en la mesa del acuerdo de precios y salarios.

Ya con los primeros acuerdos del sector privado, más las negociaciones con los sectores productivos más complicados, el mercado está decodificando las primeras señales.

Por lo pronto, el Gobierno aspira a que este año la recaudación impositiva aumente un 43%. Lo cual sería un logro extraordinario si, efectivamente, la inflación se mantuviera en 29%.

Pero las primeras señales no dan margen para el entusiasmo: en enero, el IVA apenas subió un flaco 28%, y toda la mejora de la recaudación obedece al boom de la exportación agrícola, esa misma que, al decir de Cecilia Todesca, le puede traer al país una "inflación importada".

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aportó otro dato fundamental: la expectativa oficial es que el dólar crezca unos cuatro puntos por debajo de la inflación proyectada. Hablando en números, un 25%.

Y la tradición de todos los gobiernos es que, en situaciones como la actual, intentan que la masa salarial estatal no crezca en términos de dólares. De manera que es probable que el Gobierno, tanto por sus propias limitaciones fiscales como para dar una señal al resto del mercado- intentará que los salarios estatales no suban "en exceso".

Claro, de aquí a mayo, el pronóstico de inflación de 29% seguramente estará en condiciones de ser cuestionado, y ahí será difícil que gremios históricamente conflictivos, como ATE, mantengan la buena relación actual en caso de que no haya una revisión de los números.

Hablando en cifras, si se diera la inflación del 50% que pronostica el promedio de los economistas en la encuesta REM y los estatales recibieran un 29% de incremento, eso los llevará a una pérdida adicional de 14% en el año.

Por un lado, para Guzmán será una ayuda para lograr la reducción de dos puntos de PBI en el déficit fiscal. Por otra parte, en un año electoral será difícil de sostener desde el punto de vista político, dado que entre los empleados estatales se encuentra buena parte de la base electoral kirchnerista.

Esto lleva a que, como el ministro adelantó, se intentará que haya una recuperación del poder adquisitivo –es decir, como ya insinuó en otros momentos, unos cinco puntos por encima de la proyección de inflación oficial-.

Pero aun en ese caso, el resultado sería una pérdida real de 10%. Y, en términos de gasto público, que los salarios estatales tengan una pérdida de peso específico sobre el global.

Después de todo, según una estimación de la Fundación Mediterránea, el efecto de la pandemia había hecho que –no por aumento sino por desplome de la recaudación- los salarios estatales pasaran de representar un 31% de los recursos a un 51% en el momento más recesivo. La reversión de esa situación es parte de la "normalización" que busca Guzmán. Y que, como pide Kristalina Georgieva, ayuda a que sean dos los que quieran bailar el tango.