La salida de Donald Trump de la Casa Blanca, le dejó al Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un manual no escrito de tácticas para erosionar la democracia, que algunos líderes han comenzado a replicar sin sutilezas en la región.

Ninguno, tal vez, con el descaro y la determinación que han hecho del presidente brasileño un abanderado mundial de la derecha. Aunque el ímpetu golpista lo ha acompañado desde que llegó a la presidencia, su estrategia para debilitar las instituciones y mantenerse en el poder se hacen cada vez más evidentes a medida que su popularidad desciende y las elecciones de 2022 se acercan, señala El País de España.

"Entregaré la banda presidencial a quien me gane en las urnas limpiamente. Con fraude, no", advirtió Bolsonaro el 1 de julio, como parte de su campaña más reciente: atacar la legitimidad de las urnas electrónicas, aquellas con las que él mismo ha sido elegido y reelegido al menos seis veces en su carrera política, sin que jamás haya impugnado el resultado. Una semana después fue un paso más allá: "De esta manera, corremos el riesgo de no tener elecciones el año que viene".

El método Bolsonaro: cómo asaltó a la democracia a cámara lenta

Bolsonaro no es el primer populista de extrema derecha. Pero, sin duda, "es el adversario más poderoso al que se ha enfrentado la democracia brasileña en medio siglo", como advirtió Yascha Mounk, profesor de la Universidad John Hopkins en 2019, en su libro El pueblo contra la democracia, donde retrató cómo los líderes electos en países como Turquía, Hungría y Filipinas destruyen el Gobierno democrático desde adentro.

En poco más de dos años y medio que lleva Bolsonaro como mandatario, es posible descifrar el modus operandi del político forjado en el Ejército que asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2019: mientras parte de su actividad se concentra en perseguir a sus críticos, inventar noticias falsas que los periódicos deben desmentir y fomentar crisis políticas con otros poderes, la maquinaria del Estado es utilizada para fortalecer los pilares que podrían sostenerlo en su puesto más allá del voto. Si su estrategia discursiva parece un calco de Donald Trump, su sostén más importante es, paradójicamente, el mismo que ha utilizado el chavismo: los militares.

El método Bolsonaro: cómo asaltó a la democracia a cámara lenta

Hoy, el estamento militar constituye la columna vertebral del Gobierno de Bolsonaro. Hay por lo menos 6.157 de ellos distribuidos en direcciones, consejos de administración y gerencias de empresas estatales como Petrobras, la hidroeléctrica Itaipú, Correos y Eletrobras.

De sus 22 ministerios, nueve están ocupados por militares en activo o en la reserva. Eran diez hasta la caída en marzo del general Eduardo Pazuello del Ministerio de Sanidad. "Las Fuerzas Armadas sirven a la vez como base político-electoral del Gobierno de Bolsonaro, pero también como instrumento para intimidar a la oposición. Bolsonaro intenta transmitir la idea de que puede utilizar la fuerza contra sus enemigos políticos, por muy falso que sea", afirma el politólogo Octavio Amorim Neto, profesor de la Fundación Getúlio Vargas.

El Gobierno invirtió el equivalente a 16.600 millones de dólares en privilegios a los militares.

En este cálculo entran los beneficios concedidos con la reforma de las pensiones de los militares, un aumento salarial del 13% y la concesión de comisiones extraordinarias a los militares que forman parte de los consejos de administración de las empresas estatales.

El cálculo lo realizó, a pedido de El País de España, el politólogo Willian Nozaki, que en mayo publicó el estudio La militarización de la administración pública en Brasil: ¿proyecto de nación o proyecto de poder?

El mandatario ha extendido los beneficios a los policías militares de los 27 estados de la federación, una base de apoyo natural del presidente, y que podrían jugar a su favor a pesar de los gobernadores, a quienes responden formalmente. Bolsonaro aprobó recientemente un programa de financiación de viviendas exclusivo para las fuerzas de seguridad. También incluyó en la reforma administrativa que está en la Cámara de los Diputados un artículo para que los policías puedan ser considerados funcionarios típicos del Estado, por lo que no correrían el riesgo de ser despedidos.

La pregunta es si todos estos beneficios que los militares y policías han conseguido del Gobierno se convertirán en apoyo en caso de que el presidente intente quedarse con el poder el año que viene.

"Si ocurriera, las Fuerzas Armadas tendrían que tomar una decisión: si van a actuar dentro de la legalidad, rompiendo públicamente de una vez por todas con Bolsonaro, o no", advierte Amorim Neto. Las policías, por su parte, siguen la corriente predominante. "Ellos tienen doble mando. Obedecen a los 27 gobernadores y al Comandante en Jefe del Ejército. Si se le pregunta a un policía militar a quién seguirá en caso de amenaza, la respuesta que dará será: a quien sea más fuerte", explica el politólogo Jorge Zaverucha, profesor de la Universidad Federal de Pernambuco.

Para el exministro de Defensa y Relaciones Exteriores Celso Amorim, ningún comandante de las Fuerzas Armadas está de acuerdo con una intervención. "Es más bien una discusión entre algunos generales de la reserva. Por mucho que una buena parte de la tropa esté de acuerdo con las ideas del presidente, no irá en contra de lo que piensa el Alto Mando del Ejército. No se cruzará esa línea", afirma.

Amorim cree que algunos comandantes se han visto humillados cuando Bolsonaro lleva la política a los cuarteles por la fuerza y trata de demostrar más poder del que tiene sobre las Fuerzas Armadas. Esa es una de las razones que habrían provocado la dimisión colectiva del ministro de Defensa y de los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en mayo pasado. Amorim, exministro de los Gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, recuerda que cualquier golpe requiere apoyo internacional, algo que Brasil no tiene, especialmente con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Así como han ganado privilegios, los militares también viven el desgaste del poder al lado de Bolsonaro. Han prestado su imagen a un Gobierno que pierde prestigio con los resultados de la pandemia, el alto desempleo y las sospechas de corrupción en la compra de vacunas contra la covid-19. Las acusaciones de soborno que investiga la Comisión Parlamentaria de la Pandemia empiezan ahora a tocar a militares que ocupan o ocupaban cargos en el Ministerio de Sanidad.

Jair Bolsonaro no vive su mejor momento. Rechazado por la mitad de la población por cómo ha gestionado la pandemia, el mandatario se enfrenta desde mayo a protestas contra su gestión impulsadas por los partidos de izquierda. Los sondeos ya mostraban que el apoyo a Bolsonaro caía poco antes de que las denuncias de corrupción por la compra de vacunas para la covid llegaran a los noticieros a finales de junio.

Una encuesta realizada por el Instituto Ipec entre los días 17 y 21 de ese mes mostraba una fuerte caída de su popularidad frente al expresidente Lula da Silva: si las elecciones fueran hoy, el candidato del Partido de los Trabajadores tendría 49% de los votos, frente al 23% a favor de Bolsonaro. Lula ganaría en primera vuelta. En una encuesta más reciente, realizada por el instituto Datafolha entre el 7 y el 8 de este mes, Lula figura con un 58% de apoyo a su candidatura presidencial frente al 31% de Bolsonaro.

A pesar de este momento crítico, a un año y tres meses de las elecciones, Bolsonaro aún tiene tiempo, votantes y alianzas leales, además de la maquinaria pública a su favor, para navegar por estas aguas turbulentas hasta llegar a 2022 con fuerza para ser reelegido. Ante el temor de perder las elecciones, al igual que hizo Trump, el presidente ya ha plantado la semilla del caos, inventando un riesgo de fraude con las urnas electrónicas.

Y, al igual que Trump, día tras día sacude al país con discursos radicales y distópicos que contradicen la realidad y desafían la Constitución.

El 19 de julio de 2019, por ejemplo, durante un desayuno con periodistas extranjeros, Bolsonaro afirmó que en Brasil no había gente que pasara hambre, a pesar de que en ese momento 5,2 millones de brasileños se encontraban en esa situación, una cifra que supera a toda la población de Nueva Zelanda.

"Decir que la gente pasa hambre en Brasil es una gran mentira", afirmó rotundamente en presencia de periodistas internacionales. "La pasan mal, no comen bien. Pero no pasan hambre", dijo. Y mientras la prensa se hacía eco de su discurso, ese mismo día se publicaba en el Diario Oficial un decreto que revocaba 324 actos administrativos, entre ellos el que determinaba la creación de consejos con participación de representantes de la sociedad civil en las decisiones sobre políticas públicas. Fue el primer plumazo para reducir el control social sobre el poder público. Luego vinieron otros, que también redujeron la transparencia de los actos del Gobierno.

Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, el Gobierno promulgó una medida provisional que suspendió los plazos de respuesta a las solicitudes de información mientras durara la crisis sanitaria. La medida estuvo en vigor de marzo a julio del año pasado y se aplicaba en todos los organismos cuyos empleados estuvieran trabajando a distancia. Aunque ya ha caducado, consiguió eliminar el acceso a los datos públicos en un momento en que el país se organizaba en el caos.

La promulgación de ordenanzas, despachos, resoluciones, decretos o instrucciones normativas es uno de los recursos más consistentes a los que apela Bolsonaro para sortear los mecanismos democráticos. En dos años y medio en el poder, el presidente ha firmado 1.060 decretos. En comparación, la expresidenta Dilma Rousseff firmó 614, la mayoría para regular leyes u organizar la gestión pública. Sin embargo, en el Gobierno actual se han convertido en una herramienta para ir contra la Constitución y los engranajes que sostienen la democracia. Aunque algunos de esos decretos son anulados meses después por la justicia, entretanto el plan de Bolsonaro de mantenerse en el poder avanza.

Así fue cómo logró expandir la venta de armas en Brasil, a pesar de que el país tenía un Estatuto de Desarme, avalado por referéndum popular en 2005. Más del 63% de los brasileños votó entonces la prohibición. Pero desde que Bolsonaro asumió la presidencia se han aprobado más de 30 actos normativos para burlar esta limitación. Y aunque los decretos pueden ser impugnados en los tribunales, las armas que ya fueron vendidas no serán devueltas. "La obsesión del presidente con las armas fue la primera señal de que el Gobierno iba a meterse con el sistema democrático", dice al medio español, Melina Risso, directora de programas del Instituto Igarapé.

En un virtual escenario en el que Bolsonaro pierda la reelección e intente mantenerse en el poder, la existencia de un amplio grupo de simpatizantes que se han provisto de armas de fuego durante su Gobierno plantea un escenario ominoso. De este modo, burlar los límites impuestos por las leyes cumple una doble función: mantener la lealtad de su núcleo duro de apoyo y, simultáneamente, proteger sus propios intereses.

Las redes de comunicación de Bolsonaro son un capítulo aparte en su estrategia para debilitar la democracia brasileña. Desde que asumió el cargo hace transmisiones semanales en directo en redes sociales. Con su llegada a la presidencia, su línea de ataque a los periodistas que ya se conocía desde sus días como diputado, se ha multiplicado con milicias virtuales que atacan a profesionales críticos, sobre todo mujeres.

Bolsonaro utiliza los recursos disponibles en la legislación brasileña para perseguir y amedrentar a sus críticos

Su aversión a la prensa ha llevado al presidente a enclaustrarse en un círculo de páginas web y cadenas de televisión que le apoyan incondicionalmente, al mismo tiempo que reciben mayores partidas de fondos públicos. Esa redes la que abastece de información a sus seguidores más fieles.

Mientras estrecha la fidelidad con el grupo que lo respalda y difunde sus ‘verdades’ sin cuestionar, Bolsonaro utiliza los recursos disponibles en la legislación brasileña para perseguir y amedrentar a sus críticos, basándose en la Ley de Seguridad Nacional.

Hasta ahora es el Poder Judicial, especialmente el Supremo Tribunal Federal, el que ha actuado como una barrera para inhibir los abusos de poder del presidente en sus decretos y medidas provisionales.

Ha desarmado parte de las bombas de relojería que el Gobierno ha creado con los actos que no pasan por el Congreso. También ha liderado una investigación, conducida por la Policía Federal, sobre las redes digitales bolsonaristas que incentivan el acoso al mismo Poder Judicial y a los adversarios del presidente. Así encontró pruebas de "una verdadera organización criminal" que ataca la democracia y que cuenta con el trabajo de parlamentarios, empresarios que apoyan al al presidente y blogueros que desparraman noticias falsas.

Hoy existen más de 100 solicitudes de impeachment contra Bolsonaro sobre la mesa del presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, que no ha mostrado interés en hacerlas prosperar. La última, presentada a finales de junio como una "supersolicitud" que reúne todas los demás, contiene una lista de 23 posibles delitos de responsabilidad, incluyendo la prevaricación.

Las calles empezaron a agitarse en mayo, sobre todo con la presión que la Comisión Parlamentaria del Senado ejerció apuntando las responsabilidades del presidente en la gestión errática de la pandemia. Las protestas organizadas por la izquierda en tres ocasiones reunieron a miles de manifestantes, especialmente en las capitales del país, pero todavía no tienen el apoyo de la derecha. Brasil se encuentra en esta encrucijada, con los principales partidos resistiéndose a unirse a las protestas, hasta ahora dominadas por los votantes del expresidente Lula.