De todas las frases que se han dicho durante la campaña electoral, posiblemente la que tiene mayor riesgo de "efecto boomerang" sea la del jefe de Gabinete, Juan Manzur, respecto de que los salarios "le están ganando a la inflación".

La realidad está demostrando que cuando se llegue a la fecha electoral de octubre, el poder adquisitivo de los argentinos será más bajo incluso que el que se registraba en septiembre, cuando  el Gobierno sufrió la derrota en las PASO.

El recorte, claro, se debe a la aceleración inflacionaria, que está neutralizando rápidamente la mejora en los ingresos de los pocos que habían tenido un reajuste post electoral. Mientras que el sector informal, el más desvalido ante los aumentos, será el que reciba con mayor fuerza el impacto del 7% acumulado de inflación entre los dos momentos electorales.

Desde la votación de septiembre, además del encarecimiento de la canasta alimentaria, se han constatado incrementos que han impactado sobre la clase media, como expensas de edificios, cuotas de medicina prepaga y colegios y retribución del personal doméstico.

Pero, sobre todo, la más afectada es la franja de bajos ingresos. Es cierto que a fines de septiembre hubo una mejora en el salario mínimo, con el objetivo de llevarlo en febrero a $33.000 –poco más de la mitad de lo que cuesta hoy la canasta básica- pero la mejora está siendo "comida" por la inflación. En apenas dos meses, contra una suba de 9%, esos beneficiarios ya habrán sentido una suba de precios de 7% si se cumple el pronóstico de los economistas, que prevén un 3,3% de inflación en octubre.

Y, para los meses siguientes, habrá una pérdida segura, ya que recién se prevé una suba del salario mínimo de 3% en febrero (a percibir en marzo) y en el período noviembre-febrero los economistas están pronosticando una acumulación de 14%.

Y esta es la situación de los que recibieron una mejora post-PASO. Después está la amplia nómina de los asalariados de convenio, que durante todo el año vinieron corriendo de atrás los aumentos. Los grandes gremios, en línea con el pedido del ministro Martín Guzmán de no excederse en su afán de "recuperación" del poder adquisitivo, habían firmado acuerdos por debajo del 35% en el primer cuatrimestre, para luego revisar con un ajuste que llevó la suba interanual a un 45% entre agosto y septiembre.

El jefe de gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendieron el argumento de que el salario le está ganando a la inflación

Las paritarias adelantan el calendario

Cuando se hace el cálculo hacia atrás, es cierta la estadística que le gusta repetir al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en el sentido de que los asalariados no perdieron contra la inflación. Pero se trata de una vieja falacia del discurso económico: ese "empate" sólo es cierto cuando se considera el momento del ajuste, pero no tiene en cuenta la capacidad de consumo perdida en el período intermedio.

Es un argumento que la propia izquierda y los sindicatos han criticado tradicionalmente. Y, en tono algo más bajo, lo siguen haciendo en este contexto. Se está notando entre los referentes del núcleo kirchnerista, que reclaman una solución urgente al desborde de los precios.

Por caso, en "El Destape" se publicó un editorial del economista Claudio Scaletta que recuerda que no impacta de igual manera la inflación para los empresarios –que tienen a mano el recurso de trasladar costos- que para los trabajadores con ingresos fijos y deben esperar a cada reajuste temporario. "Quienes tienen ingresos fijos, entonces, experimentan siempre una sensación de pérdida frente a cada shock nominal de precios, la ida cotidiana al mercado, ‘sensación’ que además es una realidad palpable en la estrechez creciente del bolsillo", afirma.

Y esa, por cierto, es la postura que están defendiendo los sindicatos, que ya están reclamando la segunda revisión del año, al constatar que la última mejora se está quedando corta ante la nueva proyección de inflación anual.

El Gobierno había convalidado que los retoques a los acuerdos de las paritarias se hicieran antes de las PASO –cuando originalmente estaban previstas para el último cuatrimestre. Pero tanto el resultado electoral como la realidad cruda de las góndolas reveló que se trató de una mejora insuficiente.

Ahora, en cambio, ante el reclamo sindical por una nueva revisión, en el equipo económico pidieron un compás de espera hasta después de la elección. Acaso un síntoma de que dentro del Gobierno existe la inconfesable convicción de que una mejora generalizada de salarios pueda funcionar como un disparador de más inflación, por la dificultad de las empresas para sostener su ecuación de negocios.

Lo cierto es que se empiezan a acumular los reclamos por acelerar el calendario de la mejora nominal de salarios, en otro síntoma evidente de la escasa credibilidad que despierta entre los sindicatos el programa de congelamiento de precios de la canasta básica.

Los pedidos implican llevar la mejora interanual a un nivel superior al 50%, lo cual implicaría un aumento nominal de no menos de cinco puntos porcentuales respecto del nivel acordado antes de las PASO.

En el Gobierno no se niegan a esa revisión. De hecho, el ministro Moroni ratificó que las negociaciones paritarias son "el mejor método, y que ha demostrado ser eficaz" para sostener el ingreso y que "de ser necesario, serán reabiertas".

La sola afirmación constituye una admisión tácita de que se llegará a las legislativas de noviembre en una situación de pérdida de poder adquisitivo.

Además de los grandes gremios privados –como comercio, bancarios y camioneros- también se empiezan a sumar a ese reclamo los sindicatos del sector público, que en mayo habían firmado un acuerdo de 35% -todavía se sostenía en el Gobierno la postura oficial de que la inflación sería 29% en el año-. Pero también hubo una promesa de que los estatales no volverían a ser la variable de ajuste –en dos años habían perdido un 24% de su poder adquisitivo- y, por ellos, se estableció un esquema de actualización. Esto fue lo que permitió que, en la provincia de Buenos Aires, gremios como los docentes y salud pública adelantaran para julio mejoras previstas para agosto.

Pese a las medidas de ayuda y a los controles de precio, el consumo no repunta en los sectores de ingresos bajos

Los informales, últimos de la fila

Pero, como todos saben en el peronismo, hoy la suerte del Gobierno no depende únicamente de las paritarias para el sector registrado. Sobre todo, la preocupación radica en la suerte de los segmentos de la economía informal, los que tienen mayores dificultades de defensa contra la inflación.

La estadística del Indec muestra que los informales –con medición hasta julio- muestra cómo el sector no registrado apenas logra una mejora de 37% mientras los asalariados privados consiguieron una suba de 51% en su ingreso.

Y, a pesar de las mejoras anunciadas en los planes sociales –y el plan para transformarlo en parte del salario- la mejora es dificultosa. Dan cuenta de ellos las decenas de marchas de organizaciones piqueteras hacia el ministerio de Desarrollo Social, donde, en la avenida más visible del país, y debajo de la gigantografía de Evita, se repite casi cotidianamente una de las escenas que mayor daño político causan a la imagen del Gobierno.

Lo cierto es que, pese al llamado "Plan Platita" -consistente en la ayuda económica directa, más el regalo clientelar de electrodomésticos o la mejora en la caja de las intendencias del conurbano para canalizar ingresos públicos hacia el sector de bajos recursos- los números del consumo no reflejan una mejoría.

Si bien la estadística global marca una recuperación, cuando se pone la lupa en el consumo de los sectores de menores ingresos, la situación es diferente. Por ejemplo, una medición de la consultora Scentia registró en septiembre una suba de 2% en consumo, las cifras difieren mucho si se mide en los grandes supermercados –donde los clientes son de clase media- o en los pequeños almacenes de barrio.

Así, mientras en los supermercados las ventas tuvieron una suba del 5,7%, en los almacenes hubo una caída de 0,9% en el mes –y una baja acumulada de 10,3% en lo que va del año-. La situación aparece más clara aun cuando se analiza el consumo por regiones: en septiembre, el consumo en el interior tuvo una suba del 5,6%, pero en el AMBA, por efecto de la pauperización del conurbano, hubo una caída del 2,5%.

Y la situación no parece estar mejorando mucho con las últimas medidas. De hecho, uno de los temas que más quitan el sueño a los funcionarios es que el congelamiento de precios llegará sobre todo a los supermercados pero que será casi imposible de cumplir en los pequeños almacenes. En otras palabras, que los presuntos beneficios serán para la clase media pero no para los sectores en situación de pobreza.

Un informe de la consultora AC Nielsen destacó que apenas un 31% del volumen del consumo se canaliza a través de supermercados, mientras que más de la mitad se realiza en autoservicios y almacenes de barrio, allí donde los controles de Roberto Feletti no pueden hacerse notar.

En definitiva, el "Plan Platita" está revelando su peor cara. Solamente en lo que va de octubre, la asistencia monetaria del Banco Central para financiar gasto público superó los $160.000 millones. Los economistas advierten que esa monetización del déficit -2,6% del PBI en el año- es lo que está fogoneando la inflación.

Y, aunque el objetivo declarado de esa política sea la mejora en los ingresos, la realidad está desmintiendo ese enunciado. Es por eso que entre los analistas se está reforzando la idea de un nuevo revés electoral oficialista en las legislativas.

"El salario real es un buen predictor del voto en lo que va de las elecciones de la democracia", apunta un informe económico de la Universidad Austral. Y agrega que mientras la canasta alimentaria seguirá aumentando, el consumo seguirá estancado y los niveles de inversión productiva no tienen incentivos como para subir de su bajo nivel actual -15% del PBI-.

Con el reloj electoral en cuenta regresiva, la preocupación del oficialismo es palpable: el "Plan Platita" corre el riesgo de generar un efecto inverso al buscado, al fomentar la inflación sin que la mejora real en el ingreso pueda llegar a los más pobres.