Luego de meses en la cuerda floja, Martín Guzmán se siente "empoderado". Encontró el argumento con el cual "vender" un programa de ajuste fiscal como parte de una política de crecimiento e inclusión social.

Y logró que lo expusieran los principales dirigentes del Frente de Todos, empezando por Alberto Fernández. Su argumento es simple pero potente: equilibrar las cuentas fiscales no es de derecha ni equivale a ajustar, siempre que se lo haga en el contexto de una economía en crecimiento. En ese caso, la disminución del rojo fiscal como porcentaje del PBI es resultado de que hay una economía más grande, y no debe confundirse ese "ajuste virtuoso" con el tipo de ajuste que hacía el macrismo, que achicaba el déficit en un entorno de recesión.

Con palabras parecidas, todos los candidatos del oficialismo repitieron ese argumento en el acto de cierre de la campaña electoral y también en la noche del domingo, cuando se festejó la "remontada" electoral del peronismo.

Lo más importante de todo es que Guzmán parece haber convencido de su argumento a la propia Cristina Kirchner, con quien hace dos meses mantuvo una polémica pública respecto del volumen del gasto público y del exceso de vocación fiscalista que estaba mostrando el ministro al sub ejecutar partidas presupuestarias.

No por casualidad, el Presidente destacó en su mensaje en cadena que el programa de reforma económica cuenta con el aval de la vice. Trascendió que la jornada anterior a la elección, el propio Guzmán mantuvo una conversación con Cristina en busca de ese apoyo.

Tampoco por casualidad, el Fondo Monetario Internacional está reclamando de manera explícita que el nuevo programa plurianual que envíe Alberto al Congreso –y que será la base para el acuerdo con el organismo- "debe contar con un amplio apoyo político y social". Cuando el FMI pide ese consenso, el mensaje político que está enviando no es tanto que Alberto garantice el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta sino el de Cristina Kirchner, la única persona con capacidad real de hacer que el plan económico fracase si no acompaña las medidas.

Enfrentados públicamente por el gasto público, Cristina Kirchner y Martín Guzmán llegaron a una tregua sobre el programa de reforma económica

¿Consenso para el ajuste fiscal?

Ironías de la política argentina, el momento actual de Guzmán guarda ciertas similitudes con el del ajuste fiscal protagonizado por Nicolás Dujovne, el ex ministro de la gestión macrista que se jactaba en los foros internacionales de que, por primera vez en un gobierno democrático, se había generado el consenso social para una política de ajuste. Antes, recordaba Dujovne en un acto de "sincericidio político", esos programas sólo habían sido posibles de ejecutar bajo gobiernos dictatoriales.

Claro que Guzmán tuvo que ajustar el discurso para hacerlo potable a su público "progresista", pero la realidad es que logró tener el aplauso de la coalición de Gobierno ante un programa en el que la palabra ajuste no se menciona pero se siente.

El ejemplo más emblemático al respecto es el de las jubilaciones: en octubre, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto estatal volvió a caer un 4% real en términos interanuales, siguiendo la tónica que caracterizó todo el año. Y esto ocurrió incluso en un momento en el que, para congraciarse con el núcleo duro del kirchnerismo que exigía más gasto, Guzmán expandió el gasto público con un incremento de 30% en las asignaciones familiares, un 78% de suba en la obra pública y un impactante 124% en los subsidios a la energía eléctrica, además de una cifra récord de adelantos transitorios que terminaron, en su mayor parte, reforzando los presupuestos de asistencia social en el conurbano bonaerense.

Fue el gasto que pagó Guzmán para evitar que desde dentro del propio Gobierno se forme una oposición a su proyecto de presupuesto para el año próximo, en el que prevé, por ejemplo, achicar del actual nivel de 3% del PBI a 1,5% los subsidios energéticos.

En todo caso, Guzmán tiene ahora aval oficial para usar la tijera fiscal. Ya en el proyecto de presupuesto había avisado que llevaría el rojo a un 3,3% del PBI, aunque quienes siguen de cerca las negociaciones con el Fondo Monetario creen que el organismo pedirá un esfuerzo mayor.

Pero es algo que el ministro también tiene previsto. Está pensando en que una forma de compensar los recortes sea un incremento en la ayuda de organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

No por casualidad, al día siguiente de la elección legislativa, Alberto Fernández aprovechó el acto por los 30 años de la Comunidad Iberoamericana para calificar como "urgente" la provisión de liquidez al sistema multilateral de desarrollo, como forma de combatir la crisis social derivada de la pandemia. Y enfatizó, además, que era fundamental dotar de rapidez a esa asistencia, mediante "un sistema iberoamericano 4.0 que movilice recursos de modo ágil".

Ese reclamo coincide, además, con el intento de que los Derechos Especiales de Giro que repartió el FMI a los países en crisis –y que Argentina inmediatamente debió usar para cancelar obligaciones financieras- puedan regresar para apoyar la financiación de infraestructura pública.

El kirchnerismo digiere el ajuste tarifario

Lo cierto es que, en estos días, Guzmán siente que las cosas le están jugando a favor. Los números le permiten afirmar que se superará largamente el crecimiento del PBI, originalmente previsto en torno de 5%, luego corregido al 7% y ahora cerca de los dos dígitos. Su cálculo es que para el primer semestre del 2022 la producción industrial ya no sólo habrá recuperado la caída de la pandemia sino que también habrá pasado el volumen del 2019, con lo cual le aportará al Gobierno un argumento para afirmar que se cumplió una de las promesas centrales de la campaña electoral.

Así, con un rebote a "tasas chinas", el ministro se encuentra con que el momento político le ofrece un mayor margen de maniobra: un gobierno debilitado en las urnas pero con esperanzas de recuperación, necesita un programa que le permita combinar la estabilidad financiera con el crecimiento.

Y, al mismo tiempo, tiene enfrente una oposición que, contra su voluntad, le jugará como aliada, porque ideológicamente está de acuerdo con la necesidad de realizar un ajuste y le resultará difícil encontrar un justificativo moral para oponerse a recortes del gasto público.

Es en este nuevo marco que Guzmán parece haber encontrado por fin eco a algunos de sus antiguos reclamos. Por ejemplo, el de la disminución del subsidio energético –que fue resistido durante todo el año por el kirchnerismo, que no quería nada que lo pusiera en la situación de ser acusado de un "tarifazo".

Pero el ministro encontró también la forma de hacer "vendible" ese ajuste, al explicar que se está subsidiando a sectores de ingresos altos que no lo merecen y que, por culpa de esa mala administración de los recursos, se debe limitar la ayuda.

Y tras la elección del domingo, por primera vez referentes de la base kirchnerista empezaron a aceptar y apoyar ese argumento. Claro, resta saber cuál será el número que el kirchnerismo considere tolerable a la hora de implementar los ajustes tarifarios, pero al menos desde lo conceptual se empezó a desmontar la resistencia que existía sobre este punto.

También Guzmán está encontrando mayor consenso en su propuesta para acelerar la tasa devaluatoria: como ya lo insinuó en el proyecto de presupuesto, quiere pasar del actual ritmo de deslizamiento de 1% mensual a otro de más de 2%. Es algo que reclaman los economistas preocupados por la distorsión de precios relativos que provoca la inflación en dólares.

Entre quienes apoyan esa visión se encuentran desde técnicos del Fondo Monetario hasta los empresarios de la Unión Industrial Argentina y del sector agropecuario, que estiman en un 30% la necesidad de corrección cambiaria.

El argumento de Guzmán para "vender" internamente ese cambio es que de esa manera se impulsará una mayor liquidación de exportaciones y, sobre todo, que se aliviarán las tensiones del mercado financiero. En otras palabras, que si no se acelera el deslizamiento de manera controlada, será inevitable una corrección brusca como la que tuvo que convalidar Axel Kicillof en el verano de 2014, recién asumido en el sillón de ministro.

Mientras el kirchnerismo sigue proponiendo los controles de precios, Guzmán acepta que para bajar la inflación debe limitar la financiación monetaria del déficit

Inflación: foco ortodoxo, discurso populista

La apuesta mayor de Guzmán es la que atañe a la inflación: ya convenció a Alberto Fernández pero ahora le falta hacerlo con el kirchnerismo. En las reuniones que el Presidente mantuvo con empresarios la semana pasada, esgrimió el argumento de que, en una senda de déficit descendente y con una economía en crecimiento, el Tesoro irá bajando su necesidad de recurrir a la "maquinita" del Banco Central. Y que, por consiguiente, la presión inflacionaria por exceso de pesos en el mercado iría descendiendo.

No es un tema menor luego de un año en el que se acumula una asistencia del Central por $935.000 millones, una cifra que, sumada al déficit cuasifical –es decir, la bola de Leliq y pasivos del BCRA- son vistas como una bomba inflacionaria.

Lo que en realidad Guzmán trata de implementar no es un corte abrupto en la asistencia del Central, algo que sería imposible de hacerse en el actual contexto, pero sí dejar delineado un plan para que esa asistencia vaya en un camino descendente. Algo parecido a un plan de metas de agregados monetarios, una fórmula ortodoxa que, por cierto, no se parece en nada a la idea que el kirchnerismo tiene sobre el origen de la inflación. De hecho, otro funcionario que se siente ganador tras las elecciones, Roberto Feletti, reiteró que "la causa de la inflación es la puja distributiva", y hasta confesó cierta preocupación por la presión que los aumentos salariales de fin de año le puedan poner a los precios.

Es también un tema en el que pensó Guzmán: prometió una recuperación salarial en el 2022, con salarios que crezcan unos cuatro puntos por sobre su proyección de inflación de 33%. Es el punto en el que el ministro tiene mayores dificultades de persuasión, dado que los sindicatos ya le creyeron este año su meta de 29% y luego activaron masivamente las cláusulas gatillo para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Pero al menos intentará sostener su promesa de un sendero de inflación en baja, con un mix de argumentos ortodoxos –a la menor emisión monetaria- y otros heterodoxos –como los controles de precios-.

Paradójicamente, lo que fortaleció a Guzmán fueron las debilidades de la economía: es tal la urgencia por un acuerdo con el FMI –el cronograma prevé pagos por u$s8.500 millones hasta marzo- y es tal la magnitud de la crisis social que llevó la pobreza a niveles récord, que todos entienden que no hay margen para volantazos sin que se produzca un riesgo de explosión.

Así, con guiños del Gobierno, del FMI, de las empresas y hasta del mercado financiero –que por ahora está en actitud de "wait and see" y no generó una corrida cambiaria-, Guzmán sabe que es ahora o nunca para lograr su ansiado mantra de "tranquilizar la economía".