A través de un nuevo DNU, el Gobierno hizo una multimillonaria modificación del Presupuesto
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A través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno concretó una multimillonaria modificación del Presupuesto 2021, con reasignación de partidas y aumento del gasto.
La modificación presupuestaria se realizó mediante el decreto 809/2021 al que acompañan dos anexos, uno de ellos de casi 800 páginas, que detalla la readecuación de recursos.
El Gobierno hizo una multimillonaria modificación del Presupuesto
Prácticamente toda la administración nacional recibe fondos adicionales para hacer frente a los gastos corrientes, el pago de salarios, o la financiación de programas específicos. No solo los ministerios, sino también las fuerzas de seguridad y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), entre otras dependencias, se ven favorecidas.
Cabe remarcar por caso que la ANSES, que conduce Fernanda Raverta, es el organismo encargado del pago de jubilaciones, pensiones, Asignaciones Familiares, AUH, y otras prestaciones sociales. Y de hecho, desde este mes abonó el pago doble de asignaciones debido a medidas que se tomaron tras las elecciones PASO de septiembre.
También los poderes Judicial y Legislativo reciben más partidas dentro del Presupuesto 2021.
Hay también incremento de partidas para cubrir los subsidios en los servicios públicos, como energía eléctrica y gas, y en el transporte.
El Senado busca aprobar 116 DNU del Ejecutivo
En tanto, el oficialismo en el Senado quiere hacer valer por última vez su mayoría automática la próxima semana. La vicepresidenta Cristina Kirchner prepara una sesión para aprobar, entre otras iniciativas, los 116 decretos de necesidad y urgencia con los que gobernó Alberto Fernández los últimos dos años.
La semana pasada, el oficialismo respaldó, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el centenar de Decretos que el Poder Ejecutivo dictó desde diciembre de 2019. Con el aval de la Bicameral, el Frente de Todos quedó en condiciones de dejar firmes los decretos de Alberto Fernández con la convalidación de una de las Cámaras.
La sesión sería entre miércoles y jueves de la semana que viene, una semana antes del recambio legislativo con el que el oficialismo perdería el quorum propio.
Hasta ahora, el bloque oficialista tenía 40 bancas, tres más que las 37 necesarias para alcanzar quórum. La coalición opositora sumaba 28. Desde diciembre, el Frente de Todos pasará a tener 35 senadores, mientras Juntos por el Cambio tendrá 31.
La Cámara Alta está integrada por 72 senadores nacionales. Entre la coalición oficialista y la opositora se llevan 66. Los restantes escaños quedaron para el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana, aliados regulares del oficialismo
Asimismo, ingresa a la Cámara Baja Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba), que responde al gobernador Juan Schiaretti, con quien el Gobierno mantiene una mala relación.
Los otros tres son para el Interbloque Federal: Juan Carlos Romero (Salta), Clara Vega (La Rioja) y Lucila Crexell (Neuquén), cercanos a Juntos por el Cambio.
Los 116 DNU que el Gobierno aprobará antes del recambio legislativo incluyen medidas que van desde ampliaciones presupuestarias multimillonarias, aumentos jubilatorios discrecionales y las cuarentenas y restricciones por el coronavirus.
Se trata, entre otros, de DNU con los que el Gobierno incorporó al Presupuesto 2021 los Derechos Especiales de Giro (DEG) recibidos del FMI, en un monto equivalente a U$S4.334 millones o $422.174 millones, y aumentos de gastos corrientes y de capital casi $710.000 millones.
El oficialismo también incluirá en el temario de la próxima sesión las iniciativas que consigan aprobación en comisiones durante esta semana. Por ejemplo, el proyecto de ley que establece la obligación de incorporar el sistema braille en los envases y prospectos de todos los medicamentos que se comercialicen en la Argentina.
También obtuvo dictamen este martes el proyecto de educación inclusiva para niños con discapacidades o con trastornos de déficit de atención.
La iniciativa establece que la autoridad educativa de cada jurisdicción "debe conformar equipos de apoyo a la inclusión para orientar y acompañar las trayectorias escolares a partir de un trabajo conjunto con las familias y los alumnos y alumnas, con discapacidad o sin ella, que requieran de ajustes razonables, garantizándoles los contenidos mínimos del currículo escolar".