Una de las preguntas más que se hacen los usuarios es cuánto pueden aumentar las tarifas de luz tras el pacto con el FMI y como consecuencia de una coyuntura compleja en materia energética.

La realidad muestra que en los últimos 9 años -la excepción fue 2020, por la pandemia-, la Argentina se convirtió en importador neto de energía, demandando en promedio unos u$s3.550 millones cada año en el mercado cambiario para la compra de combustibles. Por otra parte, los subsidios económicos en conjunto son desde hace tiempo el segundo ítem por monto del gasto del Tesoro Nacional, después de las jubilaciones y pensiones.

La suma empleada para mantener bajas las tarifas de electricidad y gas es el principal componente de este gasto y las recientes audiencias de consumidores podrían definir algunos aspectos claves.

"En 2021, los subsidios económicos pagados por el Tesoro Nacional fueron casi 1,4 billones de pesos, equivalentes al 3,1% del PBI y explican por sí solos todo el déficit primario nacional. Esta relevancia macro ha vuelto a los subsidios un punto central de las negociaciones con el FMI, ya que su reducción es la llave más potable para avanzar en el rebalanceo macro-fiscal", detalla un reciente estudio de la consultora M&S. Esto implica que gran parte del deficit fiscal primario de 2021 está explicado por los subsidios a las tarifas de servicios públicos. El sector energético se lleva 2,3 puntos, el trasporte de pasajeros 0,7 puntos; y el resto, solo 0,1 puntos.

El informe explica el aumento de los subsidios no fue lineal desde su aparición en 2002, ya que alcanzaron un pico del 4,1% del PBI en 2014, pero luego de los ajustes de tarifas durante el gobierno de Cambiemos, en 2017 y 2018, disminuyeron hasta representar el 1,6% del PBI en 2019. A partir de entonces, comenzó un nuevo proceso de aumento: desde 2019 (último año de Macri en el Gobierno) y más decididamente con el arribo de Alberto Fernández a la presidencia, se retomó la política de casi congelamiento de tarifas de servicios que se aplicó durante buena parte del gobierno de Cristina Fernández. 

"Dentro de los subsidios, los del sector energético explican tres cuartas partes de todo lo gastado. El año pasado fueron más de $1 billones que fueron dirigidos a subsidiar el consumo de electricidad por unos $700.000 millones, unos 300.000 millones de pesos para el gas y otros $300.000 para el transporte. Esto último se dividió en, principalmente, el subsidio al boleto del colectivo urbano, que totalizó 200.000 millones de pesos, y el resto para ferrocarriles. Lo cierto es que hasta el 2002 los consumidores (residenciales y mayoristas) pagaban por la electricidad la totalidad del costo de generación. No había subsidios.

Este año comienza con una suba de tarifas, pero muy por debajo de la inflación esperada.

Tarifas de luz: qué aumentos pagarán los usuarios

La Secretaría ha propuesto implementar en el AMBA un cuestionado programa de segmentación tarifaria, que implica quitar los subsidios en zonas de CABA y GBA cuyo valor inmobiliario por m2 supere el promedio de la zona.

De esta manera se han identificado hasta ahora unos  500.000 usuarios del AMBA. En total serían Serían 600.000 usuarios, el 12% del total del AMBA, que representan solo un 6% del consumo a nivel nacional. El trabajo de M&S plantea que para los usuarios que pierdan el subsidio implicará un aumento de alrededor del 180% en su factura eléctrica.

Para un usuario medio de esos barrios significaría pasar de pagar $2.000 mensuales a $5.700. Para los usuarios no alcanzados por la quita de subsidios el aumento sería del 20%, es decir de $2.000 a $2.400 por mes.

En tanto, para el Estado un ajuste siguiendo los lineamientos de Energía significaría un ahorro de unos $75.000 millones, respecto a lo que sería si se continuara con el congelamiento de tarifas, pero los subsidios eléctricos seguirían subiendo nominalmente hasta $1 billón, aunque se estabilizarán en términos del PBI (1,5%).

Energía: ¿se recortan los subsidios o no?

El año pasado la industria y las empresas de servicios grandes siguieron pagando una tarifa no subsidiada, pero los hogares, en promedio, abonaron apenas un tercio de ese costo. Por ese motivo, el Tesoro tuvo que pagar el equivalente a 1,5% del PBI para cubrir esa diferencia. En una simulación que supone que en 2022 se continuará con el congelamiento en pesos, el porcentaje del costo pagado por los usuarios volvería a bajar hasta el 25% y la cuenta de subsidios crecería 0,3% del PBI. Pasaría de $700.000 a 1,1 billones, aproximadamente.

Esto contradice la versión del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien reveló que este año proyecta reducir los subsidios a la energía de 2,3% del PBI a 1,9%. De esta forma, el sector energético sería el que tendrá el mayor ajuste de transferencias estatales y de acuerdo a lo manifestado por Guzmán esto permitirá cumplir con la meta de déficit fiscal de 2,5% del producto acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año.

Pero hay dudas con respecto a cuánto deberán aumentar las tarifas de electricidad y gas para cumplir con este objetivo. Según los cálculos de la consultora Económia y Energía que conduce el economista Nicolás Arceo, quien fue secretario de Energía de Axel Kicillof durante su paso por el ministerio de Economía, las tarifas de electricidad deberían aumentar un 79% y las de gas un 81%. Estos son aumentos que están muy lejos del 20% que anunció el Gobierno para ambos servicios. Ese calculo toma como supuestos una suba del tipo de cambio de 44,4% y una inflación de 52,6%. Un factor que presionará sobre los subsidios energéticos es el aumento de la demanda de energía eléctrica y de gas, puesto que se espera que la economía crezca en promedio 3,5% del PBI.

Con estos supuestos, estima que si las tarifas de gas y luz aumentan solo 20% en marzo -como lo ha propuesto del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo-, los subsidios crecerían de unos u$s11.000 millones en 2021 a unos u$s14.000 millones. Por otro lado, si los servicios suben 81% y 79%, respectivamente, las transferencias al sector finalizarán en unos u$s11.200 millones de dólares pero, como la economía crecerá, eso implicaría un gasto de 1,9% del PBI, como presupuestó Guzmán.

El tanto, desde M&S calculan que los subsidios eléctricos podrían crecer de unos $700.000 millones hasta unos 1,1 billones. Una suba nominal del 60 por ciento si no se implementara ningún aumento de tarifas a los consumidores. Por ahora, desde la secretaría de Energía han dejado trascender que su intencion es que las tarifas de electricidad suban hasta un 20% a nivel nacional, una sola vez en todo el año. Pero no hay que descartar que Guzmán presente su propio proyecto de ajuste de tarifas en los próximos días.

Hasta el año 2002, las tarifas de luz no tenían subsidios.

Gas: subsidios y tarifas

En lo que respecta al consumo de gas en 2021, los subsidios al sector pagados por el Tesoro Nacional fueron poco más de $300.000 millones. Unos $215.000 millones corresponden a subsidios al consumo de natural por redes, pero también se incluyen varios programas presupuestarios como el subsidio al consumo de gas en garrafas por $19.000 y la aplicación del "impuesto a la riqueza" por $60.000 millones.

Como en el caso de la electricidad, la factura final que llega al consumidor tiene varios componentes: el costo del gas propiamente dicho, el valor del transporte por los gasoductos troncales, la remuneración de las distribuidoras que proveen el servicio a los hogares y los impuestos y tasas (nacionales, provinciales y municipales).

Gas y electricidad: en ambos se aplican subsidios, pero la formación de precios es distinta.

En este caso los subsidios se originan de manera similar al mercado eléctrico ya que una gran parte de los consumidores no pagan el costo real del insumo utilizado porque el Estado Nacional se hace cargo de parte del precio. Esto ocurre desde 2002 pero se hizo más evidente después de 2010, cuando fue necesario importar cantidades crecientes de gas caro para mantener el abastecimiento del sistema. El mecanismo quedó oficializado mediante el Decreto 892/20202.

En el caso del gas, a diferencia del eléctrico, el 100% del precio facturado lo decide la Nación y es uniforme en todo el país. En lo que refiere a la demanda de gas, puede dividirse inicialmente en dos grupos. En primer lugar la demanda prioritaria que abarca todo el consumo domiciliario y los pequeños y medianos consumos comerciales que son la demanda subsidiada. En segundo término, los grandes consumos. Estos son los usuarios industriales y de servicios grandes, la generación eléctrica y el GNC, que en mayor o menor medida pagan un precio más parecido al costo del servicio. En este aspecto hay que destacar que el precio del gas está completamente dolarizado.

El año pasado el costo promedio que estimó la secretaria de Energía fue de u$s3,45 por millón de BTU. El precio internacional promedio en 2021 fue de u$s5,1 el millón de BTU. En base a los volúmenes y precios observados el año pasado, se obtiene que el subsidio al precio mayorista del gas llegó en 2021 a unos $200.000 millones. Para 2022 la demanda total estimada es de 48.700 MMm3, de los cuales 14.400 MMm3 (casi 30%) corresponderían a la porción mayormente subsidiada y el total podría llegar a unos 370.000 millones de pesos.

Hasta ahora, el Gobierno ha dicho que quiere aumentar 20% el precio del gas traspasado a las facturas. Desde el punto de vista fiscal esto implicaría un ahorro de unos $15.000 millones respecto al ejercicio anterior. Serían $355.000 millones contra $370.000 millones, pero seguirían creciendo nominalmente (en 2021 fueron $200.000 M). Para los consumidores significaría un aumento en la factura final de julio, es el mes de mayor consumo, del 10,5%. En el extremo, una quita total del subsidio se traduciría en un aumento de 130% para ese mismo hogar. La factura pasaría de $2.800 / $3.000 a $ $6.500 / $6.600 y aumentaría el doble.

"De todas formas, este proceso podría ser compensado parcialmente por el aumento de las exportaciones de petróleo, de mantenerse la tendencia expansiva en los niveles de producción y el valor del crudo en el mercado internacional", dice el último informe de Economía y Energía. No obstante, la Argentina volvería a tener déficit en su balanza comercial energética de unos 600 millones de dólares luego que el año pasado lograra un superávit de u$s1.000 millones. En concreto, estima que, entre importaciones de GNL, las compras a Bolivia y la adquisición de combustibles líquidos, se destinarían unos u$s6.000 millones, mucho más que los u$s3.000 millones que se importaron en 2021.

El dato negativo que Guzmán no podrá evitar este año será la salida de dólares para financiar la mayor cantidad de importaciones, en un contexto en el cual el Gobierno comprometió a acumular u$s5.000 millones de reservas en el Banco Central si cierra el acuerdo con el FMI en los próximos días.