El dato de pobreza e indigencia siempre genera un shock político, pero el que se publicará este miércoles tendrá, además, un efecto inusual: será un ingrediente adicional en la áspera pelea interna que enfrenta al sector "albertista" con el kirchnerismo.

Esto hace que lo importante en sí ya no será la cifre que dé a conocer el Indec, sino la interpretación política sobre el dato: los seguidores de Alberto Fernández tratarán de presentar el resultado -presumiblemente de 38%, lo que marcaría una segunda mejora consecutiva- como una confirmación de que la economía está en recuperación.

Pero el kirchnerismo podrá argumentar que esa mejora -que corresponde al segundo semestre de 2021- está en realidad determinada por la gran expansión del gasto público de fin de año, el famoso "Plan Platita" gracias al cual el Frente de Todos logró acortar diferencias con la oposición en la elección legislativa de noviembre.

En consecuencia, la interpretación del dato pasará a ser un duro terreno de disputa: la facción moderada lo tomará como la señal de que el plan económico va en la dirección correcta y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es funcional, porque evita tensiones sobre el dólar.

Del otro lado, la facción que sigue a Cristina Kirchner tendrá los elementos para argumentar en contra: podrá afirmar que los términos en los que se negoció el acuerdo con el FMI -por sus exigencias de recorte fiscal y aumentos tarifarios- ponen en riesgo esa incipiente mejora de la economía y que la pueden hacer regresar a un estancamiento, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo del salario.

El kirchnerismo alerta por la situación de trabajadores que, aunque perciben un salario, no llegan a la subsistencia

En definitiva, lejos de aliviar la tensión política, el dato sobre pobreza traerá un nuevo motivo de debate interno: ¿será la última mejora antes de un nuevo empeoramiento social, como cree el kirchnerismo? ¿O, como afirma el entorno del Presidente, será un peldaño en la salida de la crisis?

Una mejora sin festejos

Entre los expertos que siguen los indicadores sociales hay consenso respecto de que se verá una mejora respecto de los índices anteriores. En el segundo semestre de 2020, publicado en marzo del año pasado, se había producido el pico de pobreza, como consecuencia de la cuarentena.

El contundente 42% de pobres -incluyendo 10% de indigentes, que no podían pagar una canasta alimentaria básica- confirmó entonces los peores temores sobre el parate comercial e industrial con el que el Gobierno decidió enfrentar la pandemia.

La situación mejoró en el primer semestre del 2021, ya con la campaña vacunatoria en marcha y reglas sanitarias más laxas. De todas maneras, la situación del segmento más pobre tuvo una recuperación lenta, dado que el Gobierno había dejado sin efecto a inicios del año la masiva ayuda de programas como el IFE y el ATP.

El 40,6% registrado en el primer semestre del año pasado reflejaba todavía el impacto de las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia

El número de ese semestre -40,6% de pobres, incluyendo 10,7% de indigentes- seguía marcando la gravedad de la situación social y empezó a dejar ver las diferencias internas del Gobierno, dado que desde el kirchnerismo se criticó el excesivo celo fiscalista del ministro de economía, Martín Guzmán. Y, efectivamente, en ese período el gasto subía a la mitad de la velocidad que los ingresos fiscales, y ya era notorio que parte importante del ajuste fiscal recaía sobre las jubilaciones y salarios estatales.

En aquel momento, desde el kirchnerismo se escucharon duras críticas para medidas que impactaban positivamente sobre la clase media-alta, como el alivio en el impuesto a las Ganancias, impulsado por Sergio Massa. Era una polémica de fondo sobre las prioridades del Gobierno, dado que la medida implicaba resignar ingresos fiscales cuando al mismo tiempo se habían recortado planes de asistencia.

Estas discusiones derivaron en las medidas que el Gobierno tomó luego de las PASO, que incluyeron refuerzos en las jubilaciones y en la asistencia social, especialmente a través del plan Potenciar Trabajo, que alcanza a 1,2 millón de beneficiarios con un pago equivalente a medio salario mínimo.

Pero, sobre todo, fue en ese momento en que se produjo una gran expansión del gasto público, para lo cual se recurrió a "la maquinita" del Banco Central. Sólo en el cuarto trimestre la expansión fue de casi $1 billón, en el marco del "Plan Platita", y cuyo efecto inflacionario de está sintiendo recién ahora.

Lo cierto es que el segundo semestre mostró una mejora en el ingreso y también en el empleo, por lo que los expertos vaticinan que el índice de pobreza para ese período podrá tener una caída de hasta dos puntos porcentuales respecto de la medición previa.

Más nafta para la pelea interna

Claro que con una inflación ya establecida en una velocidad crucero superior al 5% mensual, y con el agravante de que el rubro alimentos crece al alarmante ritmo de 7,7% -según la última medición de la consultora LCG-, esa mejora marginal en la medición de pobreza no dejará mucho espacio para que haya festejos.

Más bien al contrario, lo que se viene es una exacerbación de la pelea. El kirchnerismo cree que, lejos de estar consolidándose un camino de mejora en el plano social, hay un riesgo de retroceso, y culpa de ello a las políticas económicas comprometidas con el FMI.

El tema tarifario fue uno de los que llevó a la ruptura. El esquema de actualizaciones propuesto por Guzmán toma como referencia el Coeficiente de Variación Salarial, según el cual hubo una mejora de 53,4% el año pasado, pero el kichnerismo desconfía de tomar ese promedio, dado que el segmento de trabajadores informales y subempleados tuvo una mejora mucho menor, del orden del 40%.

La suba tarifaria prevista por Guzmán podría agravar la situación de la pobreza, al impactar sobre el sector de trabajadores informales, argumenta el kirchnerismo

En otras palabras, el segmento más pobre de la sociedad tuvo una pérdida de 8% cuando se hace la medición "entre puntas", lo que implica que la caída real fue todavía peor. La suba tarifaria prevista para ese sector es del 22%, lo que implicará un menor porcentaje del ingreso disponible para la compra de alimentos justo cuando ese rubro sufre una disparada inflacionaria.

"La tarifa social no llega a todos los hogares ni las personas pobres de la Argentina, ni estructurales ni por ingresos. Por eso, este esquema tarifario presenta un primer problema grave: habrá argentinos pobres que deberán afrontar un 45% de aumentos en sus facturas. Se cae de maduro que las familias que viven en la pobreza, no tienen resto para pagar esos aumentos y algunos podrían pasar a engrosar las estadísticas de la indigencia", argumentó la economista Fernanda Vallejos, una de las referentes de Cristina Kirchner.

Y no es el único punto del acuerdo con el FMI que denuncia como posible factor que agrave la situación de pobreza. También hace referencia a la exigencia de mantener un ritmo devaluatorio que no erosione el tipo de cambio real. Esto implica que, en tiempos de inflación creciente, el deslizamiento del dólar deba incrementarse, con lo cual hay peligro de "contagio" a los precios, en un ciclo donde dólar e inflación se retroalimentan.

Baja el desempleo, ¿y la pobreza?

Desde el punto de vista del Gobierno, está clara la interpretación sobre la baja en el índice de pobreza: está directamente vinculado a la recuperación productiva, que implicó una variación de 10% del PBI el año pasado y un 4,5% que pronostica Guzmán para este año -aunque los más optimistas del mercado dudan que se pueda llegar al 3%-.

No por casualidad, el ministro de Desarrollo, Matías Kulfas, recordó en su conferencia de prensa sobre las medidas anti-inflacionarias, la recuperación de varios rubros de la actividad, al punto que el último trimestre del año pasado terminó 4% encima del 2019, es decir el momento previo a la pandemia.

"La reactivación está fuerte y es lo que buscamos consolidar", dijo el ministro, quien destacó el récord en el despacho de cemento, así como el hecho de que, sobre 24 ramas industriales, en 18 ramas se crearon empleos registrados. El ministro cuantificó en 52.000 nuevos puestos desde 2019.

Y también enfatizó en ese punto su colega del ministerio de Trabajo, Claudio Moroni, que destacó la caída del desempleo, en el cuarto trimestre del 2021, a una tasa de 7%, el nivel más bajo registrado en seis años. En base a esa mejora es que el ministro adelantó que el dato de pobreza que publicará el Indec reflejará también una mejora.

Sin embargo, los expertos en el tema laboral toman con precaución estas mejoras y aconsejan observar el número que el Indec define como "presión laboral". Al sumar los desempleados más los sub-ocupados, más otros ocupados que buscan un segundo empleo empleo y más otros que están ocupados pero tienen disponibilidad de trabajar mayor cantidad de horas, entonces la cifra asciende a la impactante cifra de 30,5% de la población económicamente activa.

Esto lleva a la conclusión de que la mejora del empleo -que era esperable como reacción al fin de la cuarentena- no termina de despejar la incertidumbre laboral, lo cual pone también una nota de precaución a la hora de consumir y tomar crédito.

Es ahí donde se cuela otro tema de discusión interna del Gobierno: el efecto de la suba de las tasas de interés. Es una medida exigida por el FMI para ayudar al sector público a financiarse con deuda del mercado local pero que tiene su lado B: el encarecimiento del crédito para las pymes.

A pesar de la mejora en los números del desempleo, todavía no se percibe un alivio en la situación social: ahora preocupa la cantidad de asalariados que no llegan a pagar la canasta básica

Asalariados, pero pobres

Pero, sobre todo, lo que el nuevo dato de pobreza va a poner sobre el tapete es la discusión sobre el salario. Porque la mejora en los números de empleo dejó en evidencia una cruda realidad: la pobreza ya no es patrimonio exclusivo de los desempleados sino que se ha consolidado una categoría de "trabajadores asalariados pobres".

Para estar sobre la línea de pobreza, una familia tipo necesita hoy $83.807. Esto significa que un hogar donde haya dos ingresos mínimos estará -con la mejora recientemente aprobada, que se empieza a cobrar en mayo- casi un 10% por debajo del ingreso requerido para satisfacer sus necesidades básicas.

Guzmán y Moroni han propuesta un 45% como referente de aumento en las paritarias, algo que genera las críticas desde el kirchnerismo, donde están convencidos de que la inflación no solamente no se moderará sino que tenderá a agravarse por el acuerdo con el FMI.

En otras palabras, lo que cree el kirchnerismo es que, de aplicarse el plan Guzmán, y aun si se produjera el crecimiento del PBI que promete el ministro, aumentará la categoría de "asalariados bajo la línea de pobreza".