La tercera palabra más mencionada en los debates políticos argentinos -después de "dólar" e "inflación"- fue, sugestivamente, la gran ausente en los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis: la palabra "salarios".

Y es ahí donde residen las grandes dudas -y los temores- del momento: ¿serán los ingresos la variable de ajuste del plan económico? ¿O, en realidad, la ministra quiso dar un shock de confianza en el mercado financiero para, recién con las variables estabilizadas, retomar un camino de mejora del poder adquisitivo?

Dentro del propio espacio oficialista, hay una presunción de que Batakis no tiene, entre sus prioridades, una mejora del salario. Y que el apretón fiscal que anunció implicará una caída real de las retribuciones en el aparato estatal.

No sería la primera vez que ocurre, naturalmente: el Estado cuenta con casi cuatro millones de empleados -sumando la administración central, las empresas, las provincias, los municipios y las universidades- y la masa salarial se lleva aproximadamente la cuarta parte de los recursos fiscales. Fue así que en la cuarentena de 2020, ante el desplome de la recaudación, se congelaron las paritarias estatales.

El temor a que esa situación pueda repetirse ahora es algo que se está palpando entre los gremios de los estatales, que ya se están haciendo oír en su reclamo de actualización de las paritarias.

A comienzos de año, el renunciado Martín Guzmán había logrado que los sindicatos se mantuvieran alineados con su proyección de inflación y fue así que se firmaron convenios por 45% para todo el año, a pesar de que ya los economistas preveían que la inflación no sería inferior al 60%. Luego, cuando se hizo evidente que los precios habían desbordado por completo la proyección oficial, hubo sectores que lograron una revisión de sus paritarias y firmaron un 60%.

Pero esos números nuevamente han sido superados, y entre los gremios estatales sospechan que la frase de Kristalina Georgieva, referida a las "medidas dolorosas" que el Gobierno debe tomar para estabilizar la economía, los tiene como protagonistas centrales.

La erosión salarial provocada por la inflación lleva a una reacción de los sindicatos, en especial los estatales, que temen ser la "variable de ajuste"

Revisión paritaria, tercera parte

En medios afines al kirchnerismo interpretaron el anuncio de Batakis sobre el congelamiento en las contrataciones estatales como "un guiño a la derecha", que da pie al argumento de que el empleo público está en el centro de los desfasajes fiscales del país.

Por lo pronto, el ajuste presupuestario anunciado por Batakis implicará recortes presupuestarios en los organismos del gobierno central, al tiempo que se profundizará el recorte de las transferencias discrecionales a los gobiernos provinciales, en línea con la política comprometida con el FMI.

Es en ese marco que empezaron los reclamos. Uno de los que se anoticiaron primero fue Axel Kicillof: los sindicatos de la provincia le plantearon al gobernador bonaerense que la cuota salarial prevista para septiembre se debería adelantar para agosto y que los acuerdos para este año deberían ponerse en revisión, a fin de acercar los incrementos a las nuevas previsiones inflacionarias, que los economistas ubican en torno de 80%.

Y, como siempre, los gremios públicos miran a los grandes referentes del sector privado, como el gremio de comercio -el más grande del país, con un convenio que alcanza a más de un millón de asalariados-. El líder sindical Armando Cavalieri, recientemente reelecto, anunció que se sentará a negociar con las cámaras del sector, para revisar un acuerdo que en abril impactó por la cifra de 59% y que hoy quedó superado por la ola inflacionaria.

La expectativa es que haya una corrección no menor a 20 puntos en ese acuerdo, del cual queda pendiente el pago de cuatro instancias de ajuste.

Otro gremio de referencia, la Unión Obrera Metalúrgica, que también había firmado por 65%, reclamó el adelanto del esquema de cuotas, de manera que ya en el próximo sueldo de julio se pueda percibir el ajuste originalmente previsto para octubre

Moroni, otra vez en la mira del kirchnerismo

En el plano político, la negociación salarial es uno de los temas más urticantes en la interna del Frente de Todos. Lo cual volvió a poner en el centro de las críticas al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a quien desde hace tiempo el kirchnerismo tiene en la mira.

Los primeros rumores de renuncia de Moroni datan del 2020, cuando el diputado Máximo Kirchner cuestionó la forma en que el ministerio manejó la asistencia estatal para el pago de salarios a grandes empresas que utilizaban su caja para demandar divisas al Banco Central.

Las críticas continuaron el año pasado, por la acusación de que desde el ministerio de quería imponer una pauta inferior a la inflación, y por la sospecha de un alineamiento de Moroni con las empresas en conflictos de alto impacto político, como el de Mercado Libre con el gremio camionero.

Y, más recientemente, la tensión llegó a su nivel más alto cuando Moroni argumentó en contra de que el Gobierno dispusiera un aumento salarial por decreto. Ese era un reclamo del kirchnerismo, que pedía un gesto político contundente ante la escalada inflacionaria. Pero Moroni se aferró a su argumento de que el sistema de paritarias funcionaba bien como protección del salario real, y únicamente cedió a la presión por el bono extraordinario de ayuda a los desempleados.

Tras el alejamiento de Guzmán, el propio Moroni bromeó acerca de los rumores de su renuncia. "Es un clásico que cada semana haya versiones de que dejo el ministerio, pero yo no tengo previsto renunciar", dijo el ministro, que nuevamente se ganó las críticas internas al afirmar que no veía una urgencia por la reapertura de paritarias, dado que hasta ahora, por su esquema de aumentos escalonados, vienen defendiendo al salario contra la erosión inflacionaria.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quedó como nuevo blanco de las críticas del kirchnerismo luego de la renuncia de Martín Guzmán

Por supuesto que el argumento de Moroni ha sido cuestionado desde todos los ámbitos, dado que la afirmación del ministro es cierta cuando se hace la comparación "entre puntas" pero no tiene en cuenta la pérdida de poder adquisitivo entre un aumento y el siguiente, y esa caída se profundiza a medida que los niveles de inflación son más altos.

Por otra parte, la persistencia del ministro en cuanto a afirmar que el 80% de los asalariados están cubiertos por las paritarias es cada vez más cuestionada. No sólo por el hecho de que no toma en cuenta la gran masa -superior a un 30%- de trabajadores informales, sino porque incluso dentro del sector formal, el aumento de los contratos en modalidad de autónomos hace que los convenios dejen fuera a un creciente número de trabajadores.

En el kirchnerismo no se oculta la antipatía hacia el ministro -algunos medios, en tono irónico, lo suelen llamar "Demoroni"- y el ambiente de protesta va ganando en intensidad. Por lo pronto, aumenta la presión sobre la cúpula de la CGT, que hasta ahora se ha mostrado tolerante con el Gobierno y no sólo no ha convocado a un solo paro general -en contraste con los cinco que se hicieron en la gestión macrista- sino que ni siquiera realizó la clásica manifestación del 1° de Mayo.

¿Cristina seguirá festejando aumentos?

Pero no sólo Moroni y la CGT están bajo la lupa ante la situación de caída real de los salarios. En estos días hay una especial atención sobre la actitud que tome Cristina Kirchner, que viene manteniendo silencio desde la asunción de Batakis.

Cristina ha sido fuerte crítica de la política de ingresos del Gobierno. Ya el año pasado había achacado al afán fiscalista de Guzmán la derrota electoral en las legislativas, porque el ex ministro había recortado la asistencia social al sector que se había cubierto durante la cuarentena. Y, mientras Guzmán les pedía a los sindicatos que no se excedieran del 30% en sus paritarias, ella envió una señal rupturista al mercado, al otorgar un 40% a los empleados del Senado.

Y, ya este año, Cristina había marcado una nueva diferencia con la política salarial oficial, con gestos como la felicitación a Sergio Palazzo, líder del sindicato bancario -además de diputado por el Frente de Todos- que en mayo logró un aumento de 60% en tres cuotas, perforando el techo de 45% que querían mantener Guzmán y Moroni.

Palazzo consiguió ese aumento tras un duro conflicto que incluyó un paro bancario y en el que La Bancaria acusó al Gobierno de estar alineado con los bancos y criticó a la CGT por su actitud tibia. En ese contexto, el apoyo de Cristina al gremio fue interpretado como una nueva señal de desavenencia con la línea "moderada" que imperaba en la gestión Fernández.

Además, mientras los funcionarios afirmaban que no era conveniente conceder un aumento salarial de suma fija por decreto, Cristina iba en el camino opuesto, otorgando un pago extraordinario de $20.000 a los empleados del Senado.

Con esos antecedentes, ahora las miradas vuelven a posarse sobre la vicepresidente, que se encuentra ante una disyuntiva. Si apoya los reclamos de aumento, podría interpretarse como una prematura crítica a la ministra Batakis, que necesita mostrar el apoyo político de la coalición oficialista.

Pero, al mismo tiempo, Cristina está sintiendo la presión de los empleados del Congreso, que le reclaman por la demora en la firma de la paritaria de este año. "Tal vez necesiten una lapicera", fue la punzante ironía del gremio, junto a una foto de la vice y de Sergio Massa.

Cristina Kirchner, que ha sido una dura crítica de la política salarial, está ante la disyuntiva de apoyar la política de Batakis o sumarse a los reclamos por aumentos

Batakis, preocupada por la carrera precios versus salarios

La forma en que se encare la cuestión salarial es, además, un factor seguido de cerca por quienes, desde el mercado, están preocupados por la caída en la demanda de dinero y la aceleración de la inflación.

Parte del mecanismo clásico de la huida de los pesos es la espiralización de la carrera entre precios y salarios, que habitualmente se da por la vía de un acortamiento en el período de ajustes salariales para compensar la inflación pasada.

En momentos históricos de crisis -por ejemplo, antes del Rodrigazo y en la híper de 1989- ese lapso llegó a ser mensual: todos los meses había ajuste de salarios. Y a comienzos de mes las familias se apresuraban a stockearse de productos de primera necesidad, para no perder capacidad de consumo en las semanas siguientes. Quienes tenían capacidad de ahorro, compraban dólares en el mercado paralelo.

Ya desde hace tiempo, cuando se evidenció que los convenios acordados en paritarias -que alguna vez duraron 18 meses- se acortaban a períodos semestrales o aun más cortos, se escucharon las advertencias sobre el riesgo de esa carrera.

"Cuanto mayor sea el aumento de salarios nominales que logren los sindicatos, mayor será la tasa de inflación del año, porque a los empresarios no les quedará otra que traspasar esas subas a los precios. No discuten el salario real, discuten el nivel de inflación", argumentó en un artículo el economista Marcos Buscaglia, ex economista jefe de Merrill Lynch, quien veía un paralelismo con el proceso de los años ‘80.

Por lo pronto, tras la asunción de Batakis, desde el ámbito sindical se advirtió que ante el fracaso de la política antiinflacionaria, se hacía necesario reenfocar la discusión en un "shock paritario" para compensar los aumentos.

Pero la nueva ministra ha dado a entender que, en este tema, no piensa muy distinto a la mayoría de sus colegas. "Creo en las paritarias y considero que, en una situación más ordenada, no podemos tener paritarias continuamente con cláusulas gatillo. Se tendría que poder resolver las paritarias en forma anual", dijo la ministra, en una clara señal de que ella también le teme a la carrera desenfrenada entre precios y salarios.