Cuando el clima social, político y económico viene caldeado, una decisión errónea puede derivar en un conflicto de magnitudes. Un ejemplo claro fue lo que sucedió en la planta de Bagley en Córdoba, cuando la patronal decidió cesantear a un trabajador, generando la reacción de la comisión interna y de la seccional de dicha provincia del Sindicato Trabajadores Industrias de la Alimentación (STIA), quienes coincidieron en disponer el estado de alerta y movilización.

Lejos de calmar los ánimos, Bagley redobló la apuesta y respondió con al menos 15 despidos más, lo que provocó la reacción de la organización gremial que dispuso la convocatoria a asambleas y la decisión de paralizar totalmente la actividad hasta que la compañía no reincorpore al personal sancionado.

Frente a un escenario complejo, el Ministerio de Trabajo provincial tomó cartas en el asunto y dispuso la conciliación obligatoria, retrotrayendo la situación antes que se desate el conflicto y exhortando a las partes a retomar las negociaciones. 

Por lo tanto, la empresa deberá levantar las cesantías y permitir que los empleados cesanteados vuelvan a sus lugares de trabajo en tanto que el sindicato no podrá aplicar medidas de fuerza

Unidad y compromiso en defensa de los derechos laborales

Desde el gremio destacaron que "la unidad y compromiso de los trabajadores y trabajadora de la fábrica junto con la firme posición del cuerpo de delegados -en defensa de los derechos vulnerados- y el respaldo y apoyo en la acción del Sindicato de Alimentación, delegados y activistas, permitieron que la situación al menos no escale a mayores" al tiempo que destacaron la intervención de la cartera laboral provincial  "dictando la conciliación obligatoria".  

La situación terminó de desmadrarse a comienzo de esta semana, tras fracasar una audiencia entre el gremio y la patronal que derivó en el cese de tareas y la paralización de la planta, donde un grupo de trabajadores, trabajadoras, delegados y dirigentes gremiales realizaron un acampe que prometían sostener hasta que la firma del Grupo Arcor revise su postura. 

Paralizaron la fábrica de Bagley en Córdoba y dictaron la conciliación obligatoria

Ante la imposibilidad de encontrar una solución, el ministro de Trabajo provincial, Omar Sereno, decidió intervenir dictando la conciliación obligatoria que estará vigente por 15 días y podrá extenderse por otros cinco días hábiles más, esperando que en este tiempo las partes puedan llegar a una solución.

Retoman las negociaciones pero no aceptarán las cesantías

Referentes del STIA consultados por iProfesional ratificaron que "vamos a sentarnos en la mesa de negociación porque somos respetuosos de las leyes y así lo solicitaron las autoridades laborales" pero advirtieron que "vamos a continuar con nuestras demandas, exigiendo a la empresa que detenga su actitud arbitraria y persecutoria hacia los trabajadores y trabajadoras, desistiendo de su accionar antisindical y respetando el derecho de los y las trabajadoras".

Aclararon que "las medidas de fuerza se desataron ante el despido arbitrario de un trabajador con excelente legajo laboral, lo que representa un atropello a los derechos de los trabajadores" y reiteraron que la empresa "asumió una actitud arbitraria y autoritaria que en nada colabora con mantener un buen ambiente de trabajo y el respeto hacia sus propios empleados". En la actualidad, la fábrica de Bagley hoy emplea a unos 400 trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, agradecieron "el activo y solidario acompañamiento de los gremios hermanos de Córdoba y los Sindicatos de Alimentación de todo el País, que en todo momento y circunstancias estuvieron junto a los trabajadores y trabajadoras afectadas, en una clara demostración de unidad y solidaridad".