"El futuro llegó hace rato..." recitaba el cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y, a diferencia del mesianismo esperanzador cristiano la frase alude a lo inquietante y oscuro de cualquier novedad que, en el caso que nos ocupa, fue producida por la jueza del distrito Sur en Manhattan, Nueva York, Loretta Preska que dejó firme su sentencia, de una semana atrás, por la que el Tesoro nacional deberá afrontar el pago de una millonaria demanda en contra del Estado argentino por "no haber cumplido el estatuto de YPF" en el momento en el que la Nación Argentina decidió expropiar la petrolera en un acto cabal de soberanía.

Si bien la oficina del Procurador General del Tesoro que conduce Carlos Zannini y se encarga de dirigir el cuerpo de abogados oficiales para brindar asesoramiento jurídico, representar y defender al Estado en los juicios, tiene luz verde para apelar la sentencia que quedó firme de la jueza Preska por la que la Argentina deberá pagar 16.099 millones de dólares, el futuro de este litigio y sus efectos recién comienza.

Pero para analizar los futuros movimientos posibles de las partes en conflicto, primero hay que analizar las razones por las que el Estado pagará los platos rotos.

El analista e investigador económico, Sebastián Maril, explicó las razones de la sentencia, "...el Estado no cumplió con el estatuto de la petrolera y estaba obligado a lanzar una Oferta Pública de Adquisición por el 49% no expropiado. No lo hizo argumentando que el Congreso se lo impedía cuando aprobó la Ley de Expropiación. Esto también es correcto pero abierto a interpretación".

El Estado volvería a sufrir embargos de sus activos en el exterior mientras apela la decisión judicial en su contra por la causa YPF

En el año de la estatización, 2012, los fondos de capital de riesgo Eton Park y Bulford Capital reclamaron que, al momento de la estatización del 51%, el Estado debería haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa, como señala el estatuto corporativo y no sólo, por una parte.

Buford había comenzado el juicio contra la Argentina y contra YPF en 2015, en nombre de la quiebra de Petersen Energía, ya que había comprado la quiebra de esa empresa, que era accionista de la petrolera cuando se decidió la expropiación.

Ante la demanda, la magistrada estadounidense dictaminó que Argentina es responsable, pero accedió a la petición de YPF de desestimar los reclamos en su contra.

En ese punto el Presidente de la compañía, Pablo González, resaltó que "...YPF fue excluida de la sentencia y no es un tema menor porque los fondos venían contra la compañía". Y, acaso ese interés de avanzar contra la petrolera se sustenta en "la enorme potencialidad que tiene Argentina como productor de energía. Si nosotros no hubiéramos recuperado YPF en el 2012, nadie tendría esa visión de futuro", justificó González.

La manera en la que los denominados "fondos buitres", se los conoce así porque suelen invertir en deudas públicas de entidades que se consideran cercanas a la quiebra a un porcentaje muy inferior al valor nominal y luego litigar por el 100% del este valor, se alzaron con la parte de YPF que correspondía al Grupo Petersen/Eskenazi fue explicada por Sebastián Maril en su cuenta de X.

"... las dos empresas españolas Petersen habían obtenido préstamos de Wall Street para comprar por etapas el 25% de YPF. Las Petersen pagaban esos préstamos con dividendos que recibían de YPF. Pero una vez expropiada YPF, el Congreso impidió distribuir dividendos. Los Petersen defaultearon los préstamos y entregaron todas las acciones que habían puesto como garantía a los bancos de Wall Street, luego, entraron en proceso de liquidación y los Eskenazi se desligaron de toda responsabilidad del juicio. Esto está documentado en la corte", explicó el analista financiero.

Además, el liquidador madrileño, en 2015, contrató a Burford Capital para que financie el juicio. Burford tambien financió el juicio iniciado por Eton Park, propietario del 4% de YPF.

La jueza Preska, descartó la demanda de Burford contra YPF y aceptó la demanda contra Argentina. 

Ni la empresa YPF ni un determinado gobierno serán los principales damnificados por el fallo de la jueza Loretta Preska

"En resumen, Preska, le dijo a Argentina que el Estatuto de YPF está por encima de la Ley de Expropiación y debe compensar a los demandantes por no haber lanzado la Oferta Pública de Adquisición (OPA)", reseñó Maril. 

Frente a este escenario en el que ya se anunció que los abogados del Estado apelarán la sentencia a pesar que la jueza los conminó a pagar la deuda y si no lo hacen, correrán intereses del 6% por cada semana de demora, Burford Capital puede comenzar a solicitar embargos y la Argentina debería comenzar a pensar en ofrecer garantías para evitarlos.

Lo cierto es que para la Argentina los efectos de una sentencia en su contra ya es una historia conocida por los títulos defaulteados en el 2001.

El episodio más resonante fue el embargo de la fragata Libertad y los 77 días en las que estuvo detenida en el puerto africano de Tema, Ghana, entre el 4 de octubre y el 12 de diciembre de 2012.

Pero la lista de los bienes argentinos que fueron embargados tras la crisis de 2001 es más extensa, significativa, impactante y produce vergüenza a los argentinos de bien por el valor simbólico afectado.

Algunos inmuebles como la residencia del embajador en Washington y otras 11 propiedades argentinas en los Estados Unidos fueron confiscadas. También la casa-museo donde pasó sus últimos años el Libertador General José de San Martín, en Boulogne Sur Mer, al norte de Francia. 

El reclamo del fondo NML, dirigido por Paul Singer, que representó los intereses de los hedge fund, fondos de cobertura, en el país, llegó hasta el espacio: un tribunal de California trabó embargo sobre el satélite Acquarius SAC-D, creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

Imágenes del pasado que pueden retornar como novedad en el futuro próximo.