Exclusivo: el informe privado que deja al descubierto la trama política y empresarial del juicio a YPF (Cuarta Parte)
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Tal vez el último capítulo de un intrincado proceso que comenzó en el 2007 donde están mezcladas dos familias, los Kirchner y los Ezquenazi de la provincia de Santa Cruz se comenzó a escribir la semana pasada. Lo que las une es la compra del 25% de las acciones de la petrolera YPF. Lo que las separó fue el fallecimiento de Néstor Kirchner en octubre de 2010.
El 8 de septiembre la jueza de la Corte Suprema de Nueva York, Loreta Preska, falló en contra de Argentina. Pero aclaró que la empresa YPF no tuvo nada que ver en la expropiación del 51% de las acciones a la española Repsol y ordenó al gobierno argentino a pagarle unos 16.000 millones de dólares al fondo Budford que se presentó como damnificado por esta expropiación.
La causa se inició cuando Burford, que le compró el juicio de quiebra a la empresa del Grupo Petersen de la familia Ezquenazi de Petersen Inversora y Petersen Energía presentó el reclamo por la forma que se realizó la expropiación de las acciones y la nacionalización de las acciones a española Repsol.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió y estatizó la petrolera en abril de 2012 sin realizar la Oferta Pública de Acciones (OPA) tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 en la privatización realizada en la presidencia de Carlos Menen.
En ese estatuto la Argentina se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición de una porción de YPF obligaba a hacer una oferta pública por el total de las acciones algo que ese gobierno ignoró cuando expropió y estatizó la empresa.
El gobierno argentino hasta ahora le pagó 5.000 millones de dólares a Repsol.
Solo le pagó a la española Repsol unos 5.000 millones de dólares y dejó afuera a las empresas del Grupo Petersen de la familia Ezquenazi que era dueño del 25% de las acciones que había comprado gracias a la intervención del ex presidente Nestor Kirchner a quien se señala como una especie de socio oculto de familia la Ezquenazi.
El gran misterio, a partir de ahora, en caso que el gobierno argentino no apele la sentencia es a quienes les vendió Burford parte del juicio en el 2020.
Entre estas personas o sociedades estaría el Grupo Petersen que podría cobrar unos 4.000 millones de dólares que le serviría para levantar la quiebra de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora de unos 2.000 millones de dólares tal como señala el estudio de inversores privados presentado en la Corte Suprema de Nueva York al que tuvo acceso iProfesional.
En relación al extraño ingreso del Grupo Petersen en YPF el estudio señala las declaraciones del entonces presidente de Repsol Antoni Brufau en marzo de 2013, cuando amenazado y presionado por el Gobierno argentino, declaró que "si este continuaba pidiendo su cabeza en Madrid, contaría el verdadero entramado del ingreso del los Eskenazi a YPF".
El informe explica en relación al ingreso a YPF de las empresas del Grupo Petersen, la titularidad accionaria, el precio abonado, las garantías de la operación, los préstamos y su relación con los fondos de la provincia de Santa Cruz que Néstor Kirchner había recibido en concepto de regalías por la privatización de YPF en el gobierno de Carlos Menem.
Los famosos fondos de Santa Cruz se habrían afectado a la compra de las acciones del Grupo Petersen.
El mismo describe que se habrían afectado esos fondos públicos de la provincia de Santa Cruz para una operación entre privados. En este caso la venta de parte de las acciones de Repsol en YPF a la familia Ezquenazi representada por el Grupo Petersen.
El informe destaca además seis indicios que sirven para demostrar el fraude político y financiero que fue la compra del 25% de las acciones de YPF por parte de Grupo Petersen.
El primer indicio es el papel del banco Credit Suisse en el estructuramiento del préstamo bancario para que la familia Ezquenazi compre ese porcentaje de la empresa YPF.
En la operación de compraventa del año 2008 surge que el Credit Suisse, entre otras cuestiones, le prestó al Grupo Petersen, que no tenía experiencia en la industria petrolera, unos 600 millones de dólares. Esto representaba casi el 60% del total del préstamo de 1.000 millones de dólares otorgado por el pool de bancos.
El segundo indicio es el de la devolución de los préstamos y créditos verificados en la liquidación de Petersen Energía SAU. "De la lectura del Acuerdo de Crédito surge que la devolución de la suma por 456 millones de dólares tiene fecha e importe cierto, pero no se especifica nada acerca de la devolución del saldo restante por casi 601 millones de dólares, sino tan solo una generalidad acerca de un saldo pendiente a la fecha de vencimiento, tomando como tal el 15 de mayo de 2012", dice el informe.
Se presume que la última cuota del Acuerdo de Crédito del 2008 fue pagada por las empresas del Grupo Petersen, ya que de lo contrario los bancos acreedores debían declarar la mora de Petersen S.A (PESA) en diciembre de 2011, y eso no ocurrió. Si tomamos todos los pagos de PESA, el saldo impago ascendería a los 601 millones de dólares.
El Grupo Slim adquirió el 8,4% de las acciones de YPF.
El cuarto indicio es el ingreso del Grupo Slim a YPF donde el hijo de Carlos Slim, realizó la adquisición con sus empresas Inbursa y Carso del 8,4% de las acciones de YPF en junio de 2012. No fue una compra sino el ejercicio de una garantía que estaban negociando desde hacía 4 años.
En este punto, el informe señala que la relación del dueño de Telmex, el empresario Carlos Slim con el matrimonio Kirchner fue muy cercana.
Habría que ver en detalle en todos los Contratos de la Operación del 2008, si Repsol otorgó garantías adicionales a los bancos prestamistas.
Siendo así cabe concluir que la operación vinculada al ingreso del Grupo Slim a YPF tendría su fundamento en ocultar o disimular la ilegalidad de afectar los fondos públicos de la provincia de Santa Cruz para el ingreso de Petersen Energía SAU a YPF.
El quinto indicio es que los fondos de Santa Cruz que los Kirchner cobraron por las regalías por la privatización de YPF se encontraban depositados en el Credit Suisse por una suma similar o mayor a los 600 millones de dólares.
El problema es que hasta hoy se desconoce el destino de tales fondos, y desde el año 2008 un amplio espectro integrado por políticos, periodistas y expertos en temas energéticos dan cuenta de que los mismos fueron afectados indebidamente para permitir el ingreso de los Eskenazi a YPF.
Lo sospechoso es que se eludió la banca de los Estados Unidos para realizar la operación.
El sexto indicio es que se eludió la banca americana para hacer la operación. El informe manifiesta que: "de lo que surge de la documentación presentada ante la SEC, es que la operación del 2008, donde dos empresas españolas (Petersen y Repsol), otra australiana (Petersen PTY), que realizan una transacción respecto a una empresa argentina (YPF) y cuyas acciones objeto de la transacción son American Depositary Receipts ("ADRs") emitidos The Bank of New York, que cotizan ante en NYSE (USA), estructuraron el Acuerdo de Crédito con sucursales de bancos internacionales con domicilio principalmente en Inglaterra. De manera clara y reiterada, las partes intervinientes dejaron claro que querían evitar la jurisdicción americana en relación al manejo de cuentas bancarias.
Los especialistas en fusiones y adquisiciones consultados por Iprofesional aseguran que sólo un empresario avalado por el poder político de Nestor Kirchner podría adquirir el 15% inicialmente y una opción de compra por un 10% adicional de YPF, la compañía más importante de la Argentina, sin desembolsar un solo dólar.
El informe describe que el crédito inicial estaba garantizado por todos los activos, valores e inversiones que en el presente o en el futuro tengan depositados en Credit Suisse, Petersen Energía PTY, Matías Eskenazi, Enrique Eskenazi, Sebastián Eskenazi y Hazel Sylvia de Eskenazi. "Esta garantía fue ratificada en una carta que le envió a Chervil un representante de Credit Suisse, Michael Lienhardt" señala el informe.
Entre los hechos relevantes que se sucedieron en este proceso está la sorpresiva compra del Grupo Slim de una garantía. Es decir, entre Repsol y el Grupo Slim asumieron la totalidad del saldo impago con los bancos acreedores, respecto al Acuerdo de Crédito de 2008.
"Siendo así se podría presumir que el Grupo Slim se hizo cargo del saldo impago al Credit Suisse por 352 millones de dólares y Repsol por otro lado asumió el impago del resto de los bancos por 245 millones de dólares", explica el trabajo.