La reacción del diputado de Juntos, Ricardo López Murphy, al enterarse del ajuste pensado por la tríada Milei-Posse-Caputo fue la de calificarlo como "estremecedor" por el nivel de corrección presupuestaria que implica.

Justo él, que debió resignar su puesto en 2001 durante el fallido gobierno de Fernando de la Rúa, cuando propuso entre otras medidas, eliminar 660 millones de pesos convertibles de transferencias a las provincias; reducir la planta del Estado en 40.000 trabajadores y achicar el presupuesto universitario, se sintió estremecido por la profundidad de la crisis heredada por Javier Milei y por su propuesta de ajuste y licuación del gasto.

Javier Milei no duda en profundizar el recorte a las provincias

Son tiempos extraños, porque para el diputado liberal, "su ajuste de 2001 era menor al de Milei" de hoy en día. Y, la academia es la primera en sentir el rigor de una motosierra que comenzó por actuar en el Banco Nación, cuyo directorio decidió suspender los convenios por el cual adelantaba los fondos utilizados para el pago de salarios hasta que el Tesoro, custodiado celosa y avaramente, según el decir en voz baja de muchos gobernadores, por Luis Caputo, transfiera las partidas.

La alerta lo dio hace unas horas el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, y sirve como novedad para el resto de las casas de altos estudios nacionales.

Por otra parte, se trata del mismo mecanismo de financiación que tienen muchos organismos autárquicos de la nación para pagar en tiempo y forma, entre el 1 y el 5 de cada mes, a su personal, por lo que el ajuste extra que se impondrá tras la caída del capítulo fiscal de la denominada Ley ómnibus no tendrá costo cero para los gobernadores en materia política.

Porque las protestas futuras de empleados de organismos autárquicos se realizarán en las plazas principales de cada capital de provincia y, si bien, habrán logrado un triunfo con retrotraer los cambios en retenciones agropecuarias, y modificaciones en el sistema previsional de reparto, los mandatarios provinciales ganarán una mayor conflictividad social en sus provincias, muchas de ellas con enormes desafíos sociales.

Mientras cede algunos puntos del proyecto de Ley ómnibus, el Gobierno refuerza el ajuste en la coparticipación de las provincias.

Por el ajuste, peligra el pago de sueldos en las provincias

En ese sentido, los problemas para los gobernadores no han hecho más que comenzar.

Acaso uno de los más afectados puede ser el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. A pesar de la correcta sintonía que mantiene con los funcionarios del gobierno nacional, Macri, puede ir olvidándose de una pronta respuesta positiva al reclamo por cerca de 350.000 millones de pesos que el Estado Nacional le debe a la Ciudad luego que Alberto Fernández redujera arbitrariamente el porcentaje de coparticipación por el traspaso de la seguridad en septiembre de 2020. Hecho que realizó para beneficiar a la administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

A fines de 2022, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires y dispuso que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el Estado Nacional debía entregarle a la CABA el 2,95% de la masa coparticipable para solventar los gastos de la policía de la ciudad.

Orden que no se acató ni en la administración de Alberto Fernández ni en la de Javier Milei, hasta el momento.

Pero, haciendo tiempo y oídos sordos, no es la única manera en la que se puede no aumentar el gasto público para pagar la deuda interna.

En ocasiones, la inflación se convierte en aliado para recortar partidas y, más aún, si se gobierna con el Presupuesto del año pasado.

Por el mator ajuste a las provincias, rectores de universidades entraron en alerta porque no podrán pagar sueldos.

Retornando al ejemplo de las universidades nacionales, los rectores ya saben que no podrán sostener el dictado normal de las clases porque con el costo de vida al alza y un presupuesto ficticio, que sería el mismo que en 2023, se las está ahogando financieramente.

En la reciente reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendel, que aún no terminó de armar su equipo de trabajo como sucede en varias dependencias estatales nacionales, los rectores universitarios afirmaron que "nunca hay que enviar dinero de menos y, mucho menos, en un contexto inflacionario como el actual, por las graves proyecciones que implica a futuro", además de reclamar por la circular del Banco Central que frena los adelantos bancarios para pagar haberes y que las llevan a retrasar el pago de los compromisos salariales.

En realidad, el autocontrol observado en la última comparecencia del ministro Luis Caputo ante la prensa en la Casa Rosada, esconde la enorme preocupación por conocer el fondo de la paciencia de la sociedad para tolerar más estrecheces.

Un lapso de tiempo que el presidente Javier Milei, de manera optimista, contabiliza en torno a los 365 días, según se desprende de su frase, "...hay una luz de alerta que dice que es difícil aguantar más de un año".

El Gobierno cede en la Ley ómnibus, pero refuerza el ajuste

Sin embargo, su ministro de Economía hace cuentas y no le cierran. Al retirar el reciente paquete fiscal de la consideración del Congreso, el Gobierno deberá avanzar con un recorte superior al propuesto el 11 de diciembre pasado.

Caputo sabe que deberá repartir entre las provincias y la sociedad malas noticias por cerca de 4,2 billones de pesos, o, aproximadamente, 5.200 millones de dólares extra de recortes en el abultado gasto público heredado de gestiones pasadas.

En lo que pareció una amenaza, Luis Caputo aseguró que si los gobernadores no acompañaban la Ley ómnibus, el recorte sería mucho mayor.

Básicamente, sucede porque el discutido proyecto de ley no le dará al Ejecutivo el ajuste de 1,4 puntos del PBI que se componía del retorno del impuesto a las Ganancias para los trabajadores "de la cuarta categoría", la suba de las retenciones a la soja, el trigo y la carne; los cambios en la fórmula previsional y el retiro del blanqueo de capitales, entre otras medidas impositivas, además, del mal resultado del déficit financiero total del 2023 que terminó siendo de 6,1% del PBI, casi un punto más del calculado el 11 de diciembre, primer día de la gestión de Javier Milei.

Para la ciudadanía, el futuro ya llegó y mientras se ajusta en todo lo que puede, en la última audiencia pública en la que se debaten los aumentos de tarifas de luz y gas, el Gobierno dejó en claro que "el nivel de subsidio es escandaloso, porque recibe dinero por el equivalente a entre el 65% y el 89% del costo final del transporte", una de las fases que explican el precio final de las boletas de luz, junto a la generación y distribución. Se descuenta que habrá fuertes incrementos en las boletas.

Para invertir en el sistema y que no haya más cortes de luz y exista más capacidad de generación, transporte y distribución, la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, afirmó que es necesario darles a las empresas la remuneración correspondiente porque "el Estado nacional se encuentra quebrado y sin posibilidad alguna de abordar el costo de inversión requerida".

Finalmente, pero no menos importante, la motosierra se convertirá en licuadora para reducir el gasto y licuar las partidas presupuestarias.

El instrumento será la prórroga del Presupuesto 2023, que hará que los créditos se consuman rápidamente por efecto de la inflación proyectada y las autorizaciones por pagos de certificados de obras públicas serán bajadas a cero al igual que el  pago de los subsidios energéticos.

Todas las buenas intenciones quedarán relegadas en el altar del déficit cero, la Biblia sobre la que parece haber jurado el Presidente, Javier Milei.