La central sindical analiza la posibilidad de llevar adelante un nuevo paro general ante los conflictos abiertos en diversos sectores como el de los trenes, la falta de acuerdo para ajustar el salario mínimo, vital y móvil y, principalmente, la reciente decisión de desregular las obras sociales. 

Así lo confirmó Jorge Sola, el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT. "La conflictividad está creciendo cada vez y está siendo por actividades, que seguramente terminará en una general. Por ejemplo, esta semana está llamado a un paro por parte de los conductores de trenes, a mediados de semana. Esto va a empezar a suceder en muchos lados", advirtió el dirigente de la CGT.

De esta manera, así como a los gobernadores el presidente Javier Milei les responde con la quita de subsidios al transporte y con la posible derogación de fondos fiduciarios que les permiten realizar obras públicas en sus provincias, a los sindicalistas,les apunta en uno de los fundamentos que más les duelen. El económico. 

Salario mínimo, vital y móvil: un tema clave en el conflicto gremial

Uno de los temas claves del conflicto es el del salario mínimo, vital y móvil. "El Presidente habla con desconocimiento de la ley que rige sobre el salario mínimo, vital y móvil, porque es una obligación por parte del Gobierno, a través de la Secretaría de Estado. Tiene que laudar cuando no se llega a los dos tercios de los votos en el Consejo del Salario", remarcó Sola.

Además, dijo que el conflicto entre las partes seguirá incrementándose y derivará en medidas de fuerza de diferentes sectores, lo que luego daría paso a una segunda huelga general en la gestión Milei.

La central sindical reclamaba un incremento del salario mínimo que lo lleve desde los actuales $156.000 hasta los $288.600. La reunión de la semana pasada fracasó y el Gobierno tiene plazo hasta este martes para disponer un aumento por decreto, pese a que Milei dijo recientemente que "eso de fijar precios mínimos no nos gusta, es una cuestión que deben abordar los trabajadores con sus empleadores".

Golpe a los sindicatos: el Gobierno desregulará las obras sociales

"El Presidente habla con desconocimiento de la ley que rige sobre el salario mínimo, vital y móvil", dicen desde la CGT

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que se desregularán las obras sociales de los sindicatos. De esta manera, los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes desde el inicio de su contratación.

"Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social que elijan desde el inicio de la contratación", sostuvo en su conferencia de prensa en Casa Rosada.

Así, confirmó que el Gobierno reglamentará el decreto que establece la libertad de elección de obras sociales desde el comienzo de una relación laboral.

La medida, que de alguna manera se había incluido en el mega DNU y la Ley ómnibus, liberalizará de forma absoluta el sistema de salud y abre la competencia con la medicina prepaga. Y tendrá un impacto directo en las cajas de los sindicatos.

Es que, una vez publicado el decreto, se eliminaría la intermediación de las obras sociales y el trabajador podría derivar los aportes directamente a las empresas de medicina prepaga. Firmas que, ante esta posibilidad, se verían beneficiadas.

Otra norma que dejará de tener validez es una que obliga a los trabajadores que "inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la Obra Social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio".

Este y otros decretos que se publiquen en los próximos días, fueron tratados en la "mesa técnica" que dispuso el Gobierno y que está encabezada por Federico Sturzenegger y Santiago Caputo.

En rigor, lo que hará el Gobierno es publicar la reglamentación de una parte del mega DNU que el presidente firmó en diciembre.

Dentro de los artículos que se habían incluido en el decreto, ya se habilitaba a que los trabajadores puedan elegir prepagas sin que los fondos pasen por las obras sociales y sin un tiempo mínimo de permanencia.

De implementarse esta medida, cada afiliado podrá decidir a qué empresa van la totalidad de sus aportes, sin pasar por una obra social. Hasta el momento, los usuarios de las prepagas derivan sus aportes a una obra social sindical, que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. Esa intermediación no existirá más.

Tal como analizaron desde el CEPA, esta medida "desfinancia a las obras sociales y le quita el carácter solidario al sistema". 

Hasta el momento, las obras sociales sindicales son las únicas habilitadas para retener los aportes sociales destinados a la cobertura médica de los trabajadores bajo relación de dependencia: es del 3% del aporte de los trabajadores y el 5% de las empresas, con los cuales se financian las obras sociales.

A partir de la entrada en vigencia del decreto, las empresas privadas de la salud podrán captar a los afiliados de las obras sociales porque están autorizados a recibir los aportes obligatorios de los trabajadores registrados, o sea, en relación de dependencia. 

De fondo, existe una puja millonaria por 138 mil millones de pesos

Loa CGT, en estado de alerta

En una primera etapa de relevamiento para ver lo que está aconteciendo, la Superintendencia de Servicios de Salud analizó cerca de 47.000 millones de pesos en gastos corrientes durante el último año.

La mayor parte de ese dinero proviene de los movimientos del Fondo Solidario de Redistribución, que se nutre del aporte de los trabajadores en relación de dependencia, en un 3%, y de sus empleadores hacia las obras sociales, en un 6%.

Dentro de este fondo solidario existe otro ítem que es el Sistema Único de Reintegro que se encarga de las agencias de salud que deben cumplir con el programa médico obligatorio (PMO) y con tratamientos complejos para sus afiliados. Este Sistema Único de Reintegro distribuyó, a un centenar de obras sociales y asociaciones, la cifra de 30.450.000 pesos durante todo el 2023.

Para Jorge Sola, que proviene del Sindicato del Seguro, los trabajadores tienen que tener en claro cómo funciona el Sistema Solidario de Salud.

"Los aportes provienen del salario de los trabajadores, un total de un 9%. Un 6% por parte del empleador, que va directo a las obras sociales, y otro 3% que pone el trabajador. Con eso se dan las prestaciones de salud a todos los trabajadores en relación de dependencia. El 3% va a un fondo de redistribución, que es lo que erróneamente llaman la caja de las obras sociales, o lo que el gobierno le tiene que dar a las obras sociales. Decir esto, es un grave error".

"No es que el Gobierno le tiene que dar a las obras sociales, son fondos de los trabajadores que el gobierno administra, que se redistribuyen para casos de enfermedades de altísimo costo. Pero no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores, administran dinero ajeno. Y respecto a los controles de la Superintendencia de Servicios de Salud, aclaró que el poder político de turno, a través de la superintendencia, hace un control exhaustivo acerca de cómo se administran los fondos de las obras sociales, que tienen un límite para gastos de administración que no debe superar el 7%", indicó.

De fondo, existe una puja millonaria por 138 mil millones de pesos

La realidad, explicó Sola, "…las obras sociales no son la caja de los sindicatos. En este momento, todas las obras sociales sindicales para dar prestaciones de salud y poder cubrir los gastos están siendo subsidiadas por los aportes de los gremios. El sindicalismo está tratando de paliar el déficit operativo que tienen todas las obras sociales".

Mientras en la CGT están haciendo estas declaraciones, al mismo tiempo sacan cuentas y saben que el gobierno de Javier Milei debería girarles 138 mil millones de pesos, que son los que contemplaba el presupuesto 2023 para el Fondo Solidario de Redistribución y que el presidente prorrogó para el 2024.

Sector sindical más moderado dentro de la CGT

No obstante, hay dirigentes más moderados dentro de la CGT que pusieron en duda que haya un inminente segundo paro general y no descartan activar alguna negociación con el oficialismo.

Es el caso de José Luis Lingeri, el histórico líder de Obras Sanitarias e integrante del grupo de los "independientes", el influyente trío de dirigentes cegetistas que completan Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN).

"No está hoy en los planes. Sí habrá paros sectoriales, como el del miércoles de los maquinistas de trenes. Pero otro para general por ahora no, las paritarias están funcionando", dijo Lingeri en una entrevista radial.

Mientras tanto, otros sectores de la CGT ya hablan de un nuevo paro y viene juntando voluntades, como el camionero y miembro del triunvirato, Pablo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y hasta el integrante más moderado de la conducción tripartita, Héctor Daer.