Los festejos del gobierno por el superávit fiscal obtenido en enero trajeron su inexorable lado B: el equilibrio no se logró por una mejora en la recaudación, ni tampoco por un recorte de gastos en rubros superfluos, sino que el ajuste recayó masivamente sobre los jubilados.

De acuerdo con los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto estatal en jubilaciones se contrajo un 32,5% real interanual. Pero acaso impacte más esta otra cifra: el monto de jubilaciones, como porcentaje del gasto público total, es ahora un 36%, que sigue siendo el rubro más grande, pero está muy lejos del 47% que representaban las jubilaciones hace apenas un año.

Este tipo de datos trajeron a primer plano la cuestión de si el equilibrio fiscal que busca el gobierno es sostenible desde el punto de vista social y político. Fue el tema que se debatió durante todo el fin de semana, en una polémica que, además estuvo incentivada por la publicación de los datos de la pobreza.

Lo cierto es que una jubilación mínima -hoy en $105.000 de básica más un bono complementario de $55.000- no llega a cubrir la línea de pobreza que marca el Indec -que en enero fue de $193.147 para un adulto-.

Pero la situación se hace más grave si se considera que las canastas calculadas para el consumo típico de los jubilados -que suelen tener ponderaciones diferentes a la promedio del Indec, por ejemplo al incluir mayor gasto en atención médica- vienen sufriendo una inflación acelerada.

Las últimas estimaciones, a diciembre, como la que realiza el Centro de Educación de servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), indican que una pareja de jubilados necesitó hasta fin de año $294.000 para su subsistencia. Y esta cifra no tiene todavía el impacto del IPC de 20,6% que se registró en enero.

Es en ese marco que se habla sobre casi seis millones de jubilados y pensionados cobrando haberes que los dejan debajo de la línea de pobreza.

Javier Milei ratificó que habrá un ahorro de 0,4% del PBI por el gasto jubilatorio durante este año

Jubilación y la guerra de relatos

Y es ahí donde empieza la "pelea de relatos": ¿con cuál receta están peor los jubilados, con la que propone el gobierno o con la de la oposición?

Javier Milei ya dio su respuesta: si se mantuviera la fórmula creada durante la gestión de Alberto Fernández, la licuación de las jubilaciones por la vía inflacionaria le permitiría al fisco un ahorro de dos puntos del PBI, pero el gobierno se contentará con tener "solamente" un 0,4%.

Es decir, Milei está admitiendo tácitamente que sí habrá una continuidad en la licuación inflacionaria de las jubilaciones, pero que habrá una política de bonos compensatorios, de manera de atenuar la caída del poder adquisitivo.

Sin ir más lejos, en marzo corresponde una nueva actualización, y toda la atención política está puesta en la actitud que tomará el gobierno respecto del bono. Por la información que se filtró desde el gobierno, la jubilación básica tendría, por el trimestre de cálculo, una mejora del 30%.

Entre el efecto de pérdida que ya de por sí genera la fórmula -que no ajusta por inflación sino por la recaudación de la Anses y el coeficiente de variación salarial- más la pérdida adicional generada por el desfasaje entre el momento del cálculo para el ajuste y el momento efectivo del cobro, los jubilados quedan condenados a percibir la mitad de la inflación acumulada en los tres meses hasta marzo.

Esto implica que, si el gobierno quisiera que los haberes se pusieran a tono con el costo de vida de hoy -y compensar una inflación de 75% trimestral acumulada-, entonces la mínima tendría que rondar los $280.000. Dicho en otras palabras, como la básica quedaría en aproximadamente $137.000, entonces el bono complementario a cobrar tendría que ubicarse en torno de los $140.000.

Naturalmente, nadie cree que, en un momento de "motosierra y licuadora", el gobierno esté dispuesto a pagar un bono de ese porte, que tendría un costo fiscal superior a $400.000 millones mensuales. Pero la cifra marca la gran distancia que existe entre el $55.000 que rige hasta ahora y lo que sería necesario para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los últimos meses.

Si finalmente el gobierno se definiera por la opción que en el ambiente político se considera probable -es decir, que el bono tenga un mismo porcentaje de incremento que la jubilación básica- entonces la compensación extra llegaría a $72.000. Y la suma total dejaría en los bolsillos de los jubilados de la mínima unos $209.000, apenas encima de la línea de pobreza para una persona, aunque con grandes probabilidades de que con la variación inflacionaria de marzo ya quede nuevamente por debajo.

Lo cierto es que hay estudios que estiman que las jubilaciones están ahora en su menor valor en lo que va del siglo. Un reporte de la Fundación Idesa -dirigida por el economista Jorge Colina, socio del recién renunciado director de Anses, Osvaldo Giordano- estiman que, si se las expresa en pesos de diciembre pasado, las jubilaciones de enero equivaldrían a $88.094 y las de febrero serían menores a $83.000.

Es inminente la definición de un nuevo bono compensatorio para la jubilación de marzo, que apenas tendría un ajuste de 30%

Revisando la fórmula indexatoria

¿Estarían mejor los jubilados si Toto Caputo no hubiese retirado el capítulo fiscal de la ley ómnibus y éste se hubiese aprobado en el Congreso? Es una respuesta difícil de responder, porque implica la enojosa cuestión sobre cuál es el punto de partida desde el cual se aplicaría la fórmula de indexación por inflación.

Lo que habia propuesto el gobierno era sustituir la fórmula de Alberto Fernández por una que contemple totalmente el IPC acumulado en el trimestre anterior. Es, de hecho, la fórmula que la gestión macrista había querido impulsar en diciembre de 2017, durante la conflictiva sesión que generó las protestas violentas en la plaza del Congreso. Finalmente, la fórmula de consenso con el peronismo dialoguista dejó la fórmula en un 70% de inflación y un 30% de coeficiente salarial.

Nadie cuestionó, en realidad, que la fórmula que se propuso en la ley ómnibus defiende mejor a las jubilaciones que la fórmula actual -que tiene un carácter pro-cíclico, de manera que en un momento de crisis exacerba la pérdida-. Pero la oposición denunció una "picardía política" de Caputo: al establecer que desde abril se empezaría a aplicar el IPC como referencia de ajuste, el monto jubilatorio quedaría "congelado" en uno de sus puntos más bajos, sin dejarle la chance de que pudiera recuperar el 20,6% de inflación registrado en enero, que se "saltearía" en el cambio de fórmula.

Es un punto que no solamente criticó el kirchnerismo y la izquierda, sino hasta aliados del gobierno que comparten la visión ortodoxa de la economía. Por caso, el ministro Ricardo López Murphy, actualmente inserto en el bloque Hacemos Coalición Federal junto a figuras como Miguel Pichetto, anunció que presentaría un proyecto para que se reflotara la fórmula indexatoria de Caputo pero con una salvedad: que en la primera aplicación del ajuste por inflación se tomara como referencia retroactiva el mes de enero.

Según López Murphy, eso no solamente permitiría una recuperación de las jubilaciones, sino que además estaría en línea con los fallos de la Corte Suprema de Justicia en materia previsional, algo que sobre lo cual hoy el gobierno de Milei está expuesto.

El favor de la oposición a Toto Caputo

Lo cierto es que la caída del capítulo fiscal de la ley ómnibus ya le había venido bien a Caputo: después de todo, la vigencia de la fórmula indexatoria que heredó de la gestión anterior implica un mayor recorte del gasto jubilatorio que la nueva que se había planteado -y que probablemente será relanzada por Milei al inaugurar las sesiones legislativas en el Congreso-.

Para ponerlo en números, una proyección de la consultora LCG indica que, con la fórmula actual, las jubilaciones implicarían este año un gasto de 4,8% del PBI, mientras que con la fórmula que había propuesto la ley ómnibus, ese gasto ascendería a 6%.

Tras su revés con la ley ómnibus, Milei quiere reimpulsar su proyecto de reforma jubilatoria en el Congreso

Esa tendencia decreciente ha dejado en claro cómo la licuación de las jubilaciones ha sido una constante a la hora de los ajustes, más allá de las diferencias ideológicas de los gobiernos: cuando Alberto Fernández asumió, el gasto jubilatorio representaba más de 7% del PBI.

Irónicamente, el haber dado marcha atrás en esa pretensión le permitió a Caputo compensar la pérdida de otros recursos tributarios, como las retenciones a la exportación o el blanqueo de capitales.

Pero, como hasta los propios economistas ortodoxos están previendo, se trata de una estrategia de doble filo. Carlos Rodríguez, que coordinó el equipo de asesores de Milei durante la campaña electoral, fue particularmente duro: "Así cualquier baja la inflación, con una recesión de la Madonna", comentó, y destacó sobre la imposibilidad de sostener una política donde los jubilados son la variable del ajuste.

Este tipo de quejas es lo que pone en duda si el resultado fiscal de enero será repetible en los próximos meses. Y, particularmente, cómo se negociará en el Congreso para reformar la fórmula de indexación sin que eso ponga en riesgo el objetivo del equilibrio fiscal.

Por otra parte, la fórmula es apenas la punta del iceberg del problema jubilatorio, donde persisten inequidades entre quienes hicieron todos los aportes en forma y los que ingresaron por moratorias. Además, como en todo el mundo, el sistema argentino tiene un problema más grande que el déficit fiscal: hay una relación demográfica y una informalidad que hace que cada vez sean menos los aportantes al sistema por cada jubilado.