A primera vista, la cifra que originó el conflicto entre la gobernación de Chubut y el presidente Javier Milei luce bastante pequeña como para justificar semejante escalada de tensión política: los $13.500 millones equivalen a u$s16 millones al tipo de cambio oficial, y apenas a u$s13 millones al paralelo. Pero, además, es un número pequeño incluso en relación a la recaudación chubutense.

En enero pasado, solamente por recursos propios -es decir, sin tomar en cuenta la coparticipación-, la provincia patagónica ingresó a su caja fiscal $51.000 millones. Solamente por concepto de regalías de los recursos hidrocarburíferos entró más del doble de la célebre cuota que provocó la discordia.

¿Cómo se explica entonces el ruido político? Ocurre que esa deuda que fue descontada de la coparticipación es apenas la punta del iceberg en una pelea mucho más grande: quién paga la cuenta fiscal de $2 billones de pesos que iban a ingresar por la Ley ómnibus y que ahora ya no están disponibles.

Para colmo, los economistas que siguen los números de la recaudación de AFIP ya están previendo un desplome en el ingreso nacional, por causa de la ya inocultable recesión. En las primeras tres semanas de febrero, se había registrado una caída de 18% en los rubros más directamente vinculados a la actividad comercial -el IVA, por ejemplo-, respecto de lo ingresado en enero.

Y, para empeorar el panorama, el deterioro del clima político hace que la derogación del decreto de necesidad y urgencia se perciba como algo factible. Desde el punto de vista de los recursos, esto supondría que el impuesto PAIS tendría una fuerte reducción, tanto en la alícuota -que volvería a 7,5%- como en la cantidad de rubros a los que se aplica.

El impuesto PAIS, que hace un año apenas representaba un 1,5% de la "torta" impositiva total, en enero saltó a un 6%.

Por efecto de la recesión, los economistas están previendo una caída de 18% en la recaudación de febrero para los rubros ligados al comercio

Caputo no quiere resignar recursos

Este panorama deja en claro que si hay algo que el ministro Toto Caputo no quiere hacer es resignar más recursos fiscales, luego de haber prometido públicamente que el superávit registrado en enero sería la tónica de todo el año y no la excepción.

De hecho, la credibilidad que genere su vocación fiscalista es considerada un factor fundamental para que se mantenga la estabilidad cambiaria. La caída del dólar paralelo, aún luego del fracaso de la Ley ómnibus, estuvo ligada a la promesa del ministro de que tendría fuentes de financiación alternativas.

"Pensaron ‘vas a venir con el caballo cansado’; y yo ya tenía los números, tenía un plan B y veía que estábamos yendo a un déficit cero aun sin la ley", dijo el ministro, que acusó a las gobernaciones provinciales de haber hecho "una mala evaluación de su poder de negociación" por haber pensado que el recorte del déficit por 1,4 punto del PBI dependía de la ley.

Pero no resulta tan fácil compensar con nuevos recursos a lo que originalmente se había previsto que sería aportado por el impuesto a las Ganancias, una moratoria y blanqueo, el adelanto de Bienes Personales y la suba de retenciones.

Caputo está haciendo una combinación de "licuadora" -donde el rubro más afectado fue el de jubilaciones, donde el gasto se desplomó un 32%- y de nuevas fuentes de ingreso. Por caso, aumentará gradualmente la alícuota en el impuesto de los combustibles, de forma tal que para mayo la nafta se habrá encarecido en términos reales un 17%.

La judicialización del ajuste

Y, en lo que constituyó el tema que desató el conflicto político con las provincias, se recortó la mayor parte de las transferencias discrecionales, que en 2023 significaron en total unos $2 billones.

¿Qué tan importantes son esas transferencias discrecionales en las cuentas de las provincias? Para algunas representan un monto relativamente menor, pero otras directamente entrarían en crisis sin esos recursos.

El paro de la CGT del 24 de enero tuvo un mensaje para los gobernadores peronistas: no se aceptaría una vuelta del impuesto a las Ganancias

El promedio nacional marca un 9% de las transferencias discrecionales como ingreso de las provincias, pero hay casos notoriamente elevados, como el de Buenos Aires, que depende en un 14% de ese dinero extra-coparticipación.

La mayor provincia del país, con un 38% de la población, solamente percibe un 22% en el reparto de la coparticipación, con lo cual los gobiernos tienden a compensar esa "discriminación" con una mayor cuota de transferencias discrecionales. Claro que ese porcentaje puede variar drásticamente dependiendo de la sintonía política entre el gobernador y el Presidente, como está quedando en evidencia por el nuevo conflicto en torno al fondo de fortalecimiento fiscal creado en 2020 tras una huelga policial.

Curiosamente, Chubut está entre las que menos depende de esa ayuda: solo representa un 5% del total de su ingreso fiscal, y el monto de transferencias per capita, con $355.000 anuales, es el quinto más bajo del ranking nacional.

Lo cierto es que los recortes de transferencias discrecionales amenaza con terminar en una gran pulseada judicial, como las de cajas previsionales, el fondo para el transporte y el fondo de incentivo docente -que está en una zona gris, porque no fue prorrogado, pero sí está previsto en el presupuesto del año pasado, que sigue vigente-.

La pulseada por Ganancias

Pero la gran batalla de fondo en este conflicto de Milei con las provincias es el impuesto a las Ganancias. El presidente quiere que los gobernadores acepten la reinstauración del impuesto, algo que aportaría medio punto del PBI y bajaría la tensión por los recortes de recursos del gobierno nacional.

Un 58% de lo que ingresa por ese impuesto va directamente a las cajas provinciales, por el sistema de coparticipación. Pero al calor de la campaña electoral, en septiembre pasado prácticamente se derogó para los asalariados, a instancias del entonces candidato Sergio Massa.

La promesa era que se compensaría esa pérdida con la coparticipación del impuesto al cheque. Pero Milei se negó de plano: se trata de un impuesto muy criticado por las empresas, por su efecto distorsivo, y encima lleva 22 años de vigencia "provisoria". Coparticiparlo con las provincias implicaría la admisión tácita de que nunca será derogado.

Irónicamente, el gobernador Ignacio Torres, siendo senador, fue de los que se opuso con más firmeza a la derogación de Ganancias, mientras Milei votó a favor

Los gobernadores, entonces plantearon la coparticipación del impuesto PAIS, lo cual también fue rechazado con el argumento de que ese tributo está llamado a desaparecer porque su existencia se justifica por el cepo cambiario.

Y luego se planteó la coparticipación del impuesto a los combustibles que Caputo acaba de aumentar. También la respuesta fue negativa.

¿Por qué los gobernadores no quieren votar la reinstauración de Ganancias? En su mayoría -es decir, en el caso de los peronistas, porque habían apoyado su eliminación, y temen al enojo de sus votantes. Pero, acaso más importante, porque no quieren irritar a la CGT, que tiene como una de sus banderas la resistencia contra ese gravamen, bajo la consigna "el salario no es ganancia". De hecho, en el paro del 24 de enero, ese fue su tema principal en los discursos.

En la vereda de enfrente, Milei tiene sus motivos para rechazar esas propuestas. Primero por un tema fiscal: si comparte esa plata con las provincias, es menos ingreso para el Tesoro nacional. Pero, sobre todo, porque siente que si les da ese dinero, a los gobernadores les sabrá salido casi gratis el haber votado la eliminación de ganancias y haberle boicoteado la ley ómnibus.

En definitiva, lo que está ocurriendo es una pelea de resistencia. Y Milei cree que los gobernadores, agobiados por la falta de recursos, serán los que se rindan.

Irónicamente, uno de los gobernadores que más férreamente se opuso a la eliminación dew ganancias había sido Ignacio Torres, que como senador por Chubut votó en contra, y vaticinó que se generaría una crisis fiscal para las provincias. Milei, desde su banca de diputado, votó a favor de la derogación.