Pasan los años, pasan los gobiernos, pero el Impuesto a las Ganancias no deja de ser un motivo de discusión interna dentro del peronismo. Ya sea estando en el poder o en la oposición, este tributo ha enfrentado duramente a quienes creen que hay que buscar el alivio de la clase media, contra los que defienden el gravamen a la punta de la pirámide salarial y priorizar la ayuda a los más pobres.

Ni siquiera ahora, cuando aparece la consigna común de enfrentar a la gestión de Javier Milei, se logra disimular aquella vieja grieta interna. Con la reinstauración del impuesto -rebautizado como "a los Ingresos"-, propuesta dentro de la "ley ómnibus" con el explícito objetivo de ayudar a que las provincias tengan un mayor ingreso por coparticipación, otra vez se reabrieron las viejas heridas.

Prueba de ello, el ex ministro de economía, Martín Guzmán, aprovechó la situación para reivindicar Ganancias como un impuesto progresivo, y de paso criticó a su ex colega Sergio Massa, por haber buscado una ventaja electoral con la derogación del impuesto, una medida a la que, además, calificó como inflacionaria.

"Yo fui ministro y no lo apliqué. Lo que sí hice fue actualizar el mínimo no imponible, tratando de no deslegitimar un impuesto que está presente en cualquier sociedad moderna que funciona bien", dijo Guzmán, cobrándose así una vieja deuda política con Massa, quien siempre hizo de la eliminación del Impuesto a las Ganancias una de sus principales banderas para llegarle al electorado de clase media.

Justo en plena discusión política por la agenda reformista de Milei -que incluye una reforma fiscal de cuya suerte dependen las finanzas provinciales-, el peronismo vuelve a dejar en evidencia que Ganancias es un tema que provoca una fisura interna.

Más aun, el debate sobre Ganancias evidencia una diferencia sustancial de estrategia política: si el peronismo debe focalizarse en la reconciliación con los asalariados formales mediante una mejora en su capacidad de consumo, o si tiene que volver a sus orígenes y centrar sus esfuerzos en una redistribución de la renta que sostenga a las franjas más pobres, aun cuando eso le valga el enojo de la clase media.

El ex ministro Martín Guzmán aprovechó el debate por la reinstauración del impuesto a las Ganancias para criticar las decisiones de Sergio Massa

No es un debate trivial: hay dirigentes que creen que de ese tipo de definiciones dependerá la suerte del peronismo en los próximos comicios. Por lo pronto, la CGT dejó planteada su postura con total claridad en el paro nacional del pasado 24 de enero, en el que más que protestar contra Milei tuvo la intención de "marcarle la cancha" a los diputados peronistas vinculados con las gobernaciones provinciales.

La batalla de Cristina Kirchner y Hugo Moyano

No es, por cierto, la primera vez que se da este debate. Durante la gestión de Cristina Kirchner, se transformó en un clásico el tironeo público con Hugo Moyano, que levantaba la consigna "el salario no es ganancia".

En aquellos años, la recaudación por Ganancias se había transformado en el principal rubro de ingresos del "modelo K", y Cristina solía repetir en sus discursos que gracias a ese dinero se podía solventar la Asignación Universal por Hijo. Y, en alusión directa a Moyano, acusaba de falta de solidaridad a aquellos trabajadores de los sectores más dinámicos de la economía, que habían mejorado sus ingresos lo suficiente como para pasar el mínimo no imponible de Ganancias.

Moyano no solamente no se conmovió por ese argumento, sino que convocó a paros generales ya no en defensa del salario ni del empleo ni en protesta contra la inflación, sino con el exclusivo reclamo de bajar Ganancias. En aquel momento quedó en evidencia que la CGT -en particular en grandes gremios de sectores prósperos como camioneros, bancarios o petroleros- ya no representaba a los asalariados de niveles bajos sino a una emergente "clase media obrera", que empezaba a tener ingresos iguales o mayores que los profesionales.

Aquella pelea interna llamó la atención de Massa, quien en las legislativas de 2013, cuando se escindió del kirchnerismo, jugó abiertamente la carta de la eliminación de Ganancias en su campaña electoral. Fue la peor derrota de Cristina en las urnas, y el tema tributario fue tan protagónico en la campaña que, a regañadientes, aceptó modificar el mínimo no imponible luego de las PASO, pero no logró mejorar su performance en la elección "de verdad".

Hugo Moyano y Cristina Kirchner tuvieron una tensa relación, con el Impuesto a las Ganancias como principal discrepancia

Entre la clase media y el "salario universal"

La pelea se reeditó cuando el peronismo volvió al gobierno con Alberto Fernández. Desde la cámara de Diputados, Massa volvió a hacer una campaña personal contra Ganancias, proponiendo proyectos para actualizar el "piso" del impuesto, en contra de la opinión del resto del Frente de Todos. Guzmán se resistía por su celo fiscalista, mientras que el kirchnerismo duro consideraba -con el antecedente histórico de 2013- que un alivio en Ganancias no le reportaría beneficios políticos.

El diferendo por este tema se exacerbó cuando Massa llegó al ministerio y empezó a perfilarse como candidato. La prédica del alivio en Ganancias se contraponía con la notoria licuación del gasto jubilatorio y, sobre todo, con el tope a la asistencia social por el plan Potenciar Trabajo.

Quien asumió la principal voz de crítica fue Juan Grabois, que más tarde se opondría a Massa en la interna peronista. Eran días en los que se repetía la postal de los "acampes" piqueteros en la avenida 9 de Julio y que las organizaciones sociales reclamaban un "salario universal".

Grabois se puso al frente de ese reclamo, también apoyado por Cristina Kirchner, que consistía en priorizar la asistencia a la franja social más pauperizada. Bajo ese criterio, los planes sociales y los bonos de ayuda extraordinaria deberían ser sustituidos por un ingreso fijo para todo el universo de informales -calculado en unos siete millones de personas- que tuvieran un monto equivalente al de una canasta de indigencia (a pesos de hoy, serían $240.000 para un grupo familiar).

Naturalmente, ese esfuerzo fiscal echaría por tierra con cualquier intento de aliviar Ganancias de la cuarta categoría, cuyo ingreso equivalía a un punto del PBI. En ese momento, el ingreso de la AFIP caía a una tasa interanual de 8%.

"Massa no busca expresar a la sociedad ninguneada en sus derechos sino darle tranquilidad al 1 por ciento privilegiado y seguridad a los mercados", decía entonces Grabois, en una curiosa coincidencia con la visión del ex ministro Guzmán.

Pero Massa, lejos de esa postura, y con el apoyo de la cúpula sindical, pisó el acelerador: en ese momento, los asalariados alcanzados por Ganancias eran cerca de un millón de personas, lo cual el entonces ministro consideraba un logro, dado que en la gestión de Mauricio Macri se había llevado ese número a 2,4 millones de aportantes.

La CGT dejó en claro su posición: focalizar su lucha en la defensa del salario de clase media antes que priorizar la redistribución con impuestos progresivos

La disyuntiva peronista

Con la votación del Congreso en septiembre se eximió del pago a una masa de 800.000 trabajadores ubicados en el vértice de la pirámide salarial. Ironías de la política argentina, aquella propuesta tuvo el apoyo del entonces diputado Javier Milei, también de los gobernadores provinciales, y también de los diputados kirchneristas.

Cuatro meses después, los diputados ligados a los gobernadores se ven en la encrucijada de que, sin el billón de pesos que se recauda por Ganancias y que se coparticipa, pueden enfrentarse a una explosión de la situación social en las provincias que tienen dificultades para pagar los salarios públicos.

Lo cierto es que la gran masa de informales, cuentapropistas, trabajadores con contratos precarios y semi-desempleados que votaron a Milei no están entre quienes se quejan por la reinstauración de Ganancias. La CGT asumió desde hace tiempo que ya no podía asumir la representación de esos trabajadores empobrecidos.

Y el peronismo, otra vez, se ve dividido por el viejo debate: ¿apoyar el regreso de un impuesto progresivo que grava a "la crema" de los asalariados? ¿O pedir por su eliminación, con los argumentos opuestos a los que planteaba Cristina hace diez años?