La lógica electoral en la pelea Milei vs provincias: el margen de ajuste se agota y los gobernadores van por una caja millonaria

En los años pares se ajusta y en los impares se gasta: la lógica política argentina se resiste a cambiar una de sus reglas de oro, y ese es el motivo de fondo que llevó a la pelea entre Javier Milei y los gobernadores provinciales por los recursos fiscales.

Así, el presidente acusa a los gobernadores de querer socavar su programa de estabilización, pero los gobernadores -que sí hicieron un fuerte ajuste el año pasado- tienen la mente puesta en el calendario electoral.

En esa disputa, las acusaciones mutuas pueden llevar a la confusión: Milei afirma que aumentó el envío de recursos desde la Casa Rosada y que los gobernadores, en su compulsión gastadora, no sólo reciben más pesos del reparto federal sino que están subiendo impuestos propios. En la vereda de enfrente, los gobernadores responden que han hecho un esfuerzo de ajuste y que han equilibrado sus propias cuentas, incluso cuando tienen que afrontar con recursos propios los rubros de extrema sensibilidad social, como salud, seguridad, educación.

¿Quién tiene razón en esa discusión? Todos y ninguno. La realidad es que las cuentas provinciales están mejor ahora que al momento de asumir Milei la presidencia, pero también es verdad que empiezan a mostrar un deterioro, en la medida que el gasto aumenta.

Así, después de haber ajustado un 16% el gasto durante el año pasado, las provincias empezaron a revertir el tono de la gestión, y en el primer trimestre ya se registraba un incremento de 24%, según estimaciones de la Fundación Mediterránea.

En casi todas las provincias, el rubro más importante de gasto es el de salarios del personal. Tras un fuerte recorte de 21% real en 2024, este año se está produciendo una recuperación, son una suba de 17% real en el primer trimestre.

Las provincias ajustaron, pero están revirtiendo

Varios gobernadores han contestado las acusaciones de Milei sobre su presunta "irresponsabilidad fiscal". Y tienen números para respaldar ese argumento: el año pasado, aunque el ingreso cayó un 13,3%, las erogaciones lo hicieron en mayor medida, un 16,1%. Así, el conjunto de las provincias terminó con un leve superávit -equivalente al 0,1% del PBI- después de haber registrado un déficit de 0,3% en el último año de la gestión peronista.

Para tener una referencia de lo que significan estas cifras, el mayor rojo fiscal de las provincias en la historia reciente se registró en 2015, con un 1% del PBI. En cambio, el máximo superávit fue en 2022, con un 0,3%.

Ese ajuste hecho el año pasado, sostienen los mandatarios provinciales, tiene más mérito si se considera que hubo una disminución en las transferencias del gobierno nacional. Puesto en números, hubo meses en que la variación cayó en torno de 25% -considerando coparticipación, leyes complementarias y compensaciones-.

Pero también las cifras muestran que Milei tiene razón en un punto: después del duro recorte del año pasado, en 2025 se registró una mayor asistencia. De hecho, en el acumulado a junio, hubo una mejora promedio del 3,5%. Según el cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), sólo la Ciudad de Buenos Aires está recibiendo menos transferencias que el año pasado, mientras que el resto tiene variaciones reales positivas, con Salta liderando la tabla -6,5% de aumento real.

Llamativamente, Buenos Aires es la segunda con mayor incremento de transferencias, con 6,5%, pese a la pelea pública entre Milei y el gobernador Axel Kicillof -a quien el presidente le sugirió en febrero pasado que renunciara a su cargo para poder establecer una intervención desde el gobierno nacional.

Dependencia de la Casa Rosada

Claro que las situaciones pueden variar mucho entre las provincias. Algunas cuentan con recursos propios mientras otras dependen casi enteramente de los envíos que les hace la Casa Rosada.

Incluso entre las que cuentan con economías regionales robustas, puede haber factores no fiscales que interfieran. Por caso, el retraso en el tipo de cambio socavó la rentabilidad de emprendimientos, sobre todo en el norte del país. Y en otros casos, como las de predominio agropecuario, impactaron negativamente factores climáticos y la caída de precios internacionales.

Es por ello que, en la tabla que indica qué porcentaje del ingreso provincial proviene desde el gobierno nacional se ven cifras muy disímiles. La Ciudad de Buenos Aires es la que menos depende de fondos federales: sólo un 10% de su ingreso, según informa la Oficina de Presupuesto del Congreso.

También se destaca por la alta generación propia la provincia de Neuquén, gracias a las regalías petroleras por el boom de Vaca Muerta. La ayuda nacional apenas explica un 15% de su recaudación. En menor medida, ocurre el mismo fenómeno en Chubut y Santa Cruz, que el año pasado necesitaron respectivamente un 34% y un 39% de la asistencia federal.

En el otro extremo, las que cuentan con menor generación de recursos propios y, por lo tanto, más dependen de la Nación son La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, cuya dependencia se ubica por encima del 80%.

La batalla fiscal de Buenos Aires

El promedio nacional está en 45%, y una de las cinco que se ubican por debajo de esa marca es Buenos Aires, la de mayor población y producción económica, cuyas arcas dependen en un 39% del gobierno central.

Históricamente, Buenos Aires ha denunciado un trato fiscal discriminatorio, porque con un 38% de la población y el mayor aporte al PBI nacional, solamente percibe un 22% en el reparto de la coparticipación. Es por eso que los gobiernos tienden a compensar esa "discriminación" con una mayor cuota de transferencias discrecionales.

Claro que ese porcentaje puede variar drásticamente dependiendo de la sintonía política entre el gobernador y el presidente. En 2024, en el marco del ajuste general, el ministro Toto Caputo llevó a un nivel mínimo las transferencias no automáticas, y Buenos Aires que históricamente recibió un 20% de lo repartido por Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fue una de las que más sintió ese recorte.

No por casualidad, el manejo de los ATN está en el centro de la pulseada entre Milei y los gobernadores. Este fondo se compone por el 1% de la masa coparticipable neta, más el 1% de lo recaudado por Bienes Personales. Su creación tiene el objetivo de atender situaciones de emergencia o de desequilibrio financiero imprevisto. Por caso, fue echando mano a estos fondos que el ex ministro Sergio Massa ayudó a que varias provincias con problema de caja pudieran pagar sueldos y aguinaldos en 2023.

Lo que está en juego es una gran caja. Si la reforma se produce tal como lo proponen los gobernadores, habrá un impacto sustancial en las finanzas provinciales. Por ejemplo, Buenos Aires pasaría a recibir en este segundo semestre unos $70.971 millones, contra un promedio de $3.636 millones recibidos semestralmente desde que Milei asumió la presidencia.

Una caja millonaria en disputa

En el total nacional, se pasaría de $65.000 millones por semestre a $334.000 millones distribuidos a las provincias, sin necesidad del visto bueno de Toto Caputo.

La discusión radica en quién maneja ese fondo y cómo se atribuyen las transferencias. Hubo años en que se repartió la totalidad de lo recaudado -por ejemplo, durante la pandemia- pero en otros momentos casi no se transfirieron recursos. El promedio de lo que se transfirió en los últimos años es de 26%. Pero el año pasado se marcó un mínimo de 7% repartido sobre lo devengado.

Aunque este año ya empezó a revertirse la tendencia y se repartió un 20% del ingreso devengado, igualmente los gobernadores sienten que el potencial de la ayuda de ese fondo les resolvería muchos problemas. Hablando en plata, lo que ingresa al ATN es un 0,12% del PBI, que al día de hoy significarían u$s630 millones.

Además, las provincias quieren compensar la parálisis de la inversión en la obra pública mediante la transferencia automática de lo que se recauda por el impuesto a los combustibles -aproximadamente un 2,3% del total de los ingresos fiscales-.

Más allá de la pulseada política, los técnicos tienden a ser favorables a una reforma, sobre todo por las injusticias que conlleva el manejo discrecional del ATN.

Así lo argumenta el Programa de Asistencia al Poder Legislativo -de Fundación Mediterránea-: "Por un lado, porque la tradición es que se sub ejecute, quedando una porción importante de los recursos en las arcas nacionales. Por el otro, por los incentivos perversos que genera la discrecionalidad, estimulado comportamientos oportunistas y la utilización de fondos públicos para inducir o premiar apoyos políticos. Finalmente, porque resulto poco efectivo para afrontar casos de emergencia tal como lo establece la letra de la ley".