Cuenta regresiva para la reforma laboral: 4 puntos calientes que pueden afectar a empleados estatales

El gobierno de Javier Milei apunta a aprobar el proyecto de reforma laboral en el Senado durante la segunda semana de febrero y si bien el texto no alcanza explícitamente a los empleados públicos hay por lo menos cuatro puntos que pueden afectar indirectamente a algunos de ellos, lo que ya empieza a generar tensión con la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE).

El sindicato que encabeza Rodolfo Aguiar considera que la reforma "sí afecta alsector público", aunque el Gobierno afirme lo contrario. El argumento es que hay organismos donde rige total o parcialmente la Ley Contrato de Trabajo (LCT) que modifica el proyecto de Milei, entre los que mencionan a PAMI, ANSES, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas, hospitales públicos como el Garrahan y empresas estatales como Nucleoeléctrica Argentina.

Por estas horas, el clima en el sector público presenta rarezas. El Gobierno otorgó un aumento del del 2% para los trabajadores alcanzados por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) más una suma fija de $50.000 correspondiente a diciembre. La Unión del Personal Civil (UPCN) lo avaló pero ATE dejó asentado su rechazo y, a su vez, organiza este martes una reunión para definir medidas contra el proyecto de "modernización laboral".

La conducción de ATE convocó al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas para discutir sobre el tema, según adelantó su secretario general, Rodolfo Aguiar, a la Agencia Noticias Argentinas. "Este proyecto se tiene que caer completo y para que eso suceda tenemos que salir a las callesantes de su tratamiento en el Senado", advirtió el dirigente.

La reforma laboral: ¿cuáles son los puntos que pueden alcanzar a empleados estatales?

El eje central de este conflicto en ciernes pasa entonces por cuáles son los puntos de la iniciativa sobre "modernización laboral" que podrían alcanzar eventualmente a empleados de algunas áreas del sector público aunque sea de forma indirecta, como temen en este sindicato, uno de los más grandes dentro del Estado.

Allí se destacan cuatro temas, de los cuales el que más suspicacias genera entre los estatales es la limitación del derecho a huelga en los "servicios esenciales" y "actividades de importancia trascendental", porque consideran que afectará a empleados públicos de sector de la salud, la educación o el transporte.

En los organismos de salud, producción de energía, telecomunicaciones y control aeronáutico, considerados servicios críticos, cualquier huelga deberá garantizar que el 75% del servicio funcione con normalidad. Asimismo, se deberá garantizar el 50% de la prestación mínima cuando se trate de servicios estratégicos, donde se incluye educación, transporte, logística, servicios bancarios y actividad judicial.

El segundo punto que miran con atención los sindicatos de empleados estatales es el fin de los descuentos por aportes sindicales de forma automática. Se trata de un tema que irrita a casi todas las conducciones gremiales porque implica un golpe a uno de sus principales mecanismos de financiamiento.

Si la ley se aprueba, el empleador será agente de retención de los aportes sindicales del sueldo del afiliado siempre que haya consentimiento explícito del empleado, en tanto que no estará obligado a descontar y girar al sindicato la "cuota solidaria" obligatoria por convenio colectivo. El Estado podría adoptar este cambio en empresas públicas donde haya empleados enmarcados en la LCT.

Los otros dos temaque inquietan a ATE: salarios y convenio colectivo

El tercer punto más susceptible para los empleados públicos, en el marco de la discusión que plantean los gremios del sector, está en la figura del "salario dinámico" que incorpora el proyecto enviado por Milei y ya dictaminado en comisión por el Senado en diciembre. Ese concepto habilita que existan aumentos salariales atados a productividad, metas y objetivos.

La sospecha que corre en ATE, que viene de rechazar el aumento otorgado por la administración de Milei por considerarlo insuficiente, es que elGobierno podría usar ese artículo para aplanar salarios en áreas del Estado, según supo este medio de fuentes sindicales.

Algo similar ocurre con el fin de la "ultraactividad" de los convenios colectivos detrabajo (CCT) que fija el proyecto. Esto implica que el CCT cae mientras no haya acuerdo para renovarlo y quedan en pie las "cláusulas normativas", es decir, las condiciones legales mínimas (salarios, vacaciones, licencias, etc.) pero no los beneficios adicionales contenidos en el convenio.

En ese aspecto, temen que si el convenio de la administración pública nacional cae por falta de acuerdo los estatales queden solo con el piso legal que establece la Ley Marco de Empleo Público (25.164) que no contempla, por ejemplo, el adicional por puntualidad.

La negativa delGobierno: reforma enfocada en el sector privado, con tres objetivoscentrales

Si bien esos puntos del proyecto de "modernización laboral" pueden alcanzar eventualmente a los empleados de empresas públicas o sectores específicos regidos por la LCT, en el Gobierno aseguran que el proyecto no afectará a los trabajadores estatales.

Uno de los que más remarcó ese punto cuando el Gobierno empezó a avanzar con la presentación del proyecto en el Congreso fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien criticó el rechazo que ya anticipaba ATE y afirmó que la iniciativa "no alcanza a los empleados estatales" porque "en principio es solo para el sector privado".

En es sentido, los objetivos centrales que el gobierno de Milei siempre señaló para el proyecto de "modernización laboral" son terminar con la llamada "industria del juicio", aumentar el empleo registrado y que vuelvan a negociarse los convenios colectivos de trabajo que no hayan tenido cambio alguno en 30 años o más, que los hay.

No obstante, el debate sobre la reforma laboral que plantea Javier Milei se recalienta a medida que se acerca su fecha de tratamiento en el Senado y abre interrogantes porque toca numerosos aspectos de la vida laboral en general. En el caso de los empleados públicos, ATE sostiene que varios se verán alcanzados aunque el Gobierno hoy lo niegue y por ello plantea un rechazo total.