Los 4 objetivos políticos de Milei para la última semana de febrero
Luego de la aprobación, con cambios en diputados de la Ley de Modernización Laboral el oficialismo buscara cumplir cuatro objetivos inmediatos en el Congreso de la Nación en la última semana de febrero: aprobar ley de modernización laboral y la baja de la edad de imputabilidad de los menores, ser el primer país del Mercosur en ratificar legislativamente el acuerdo con la UE y la aprobación de la Ley de Glaciares.
Esto permitiría que el Presidente de la Nación Javier Milei incluya estos logros en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo pero todavía hay dudas si se podrán lograr cumplir todos esos objetivos por parte del oficialismo.
El viernes pasado el Gobierno de Milei se anotó una gran victoria legislativa, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a Ley de Modernización Laboral en la madrugada del viernes. Con un total de 135 votos afirmativos, contra 115 negativos logró que el proyecto de ley pase para ser tratado nuevamente en el Senado.
De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, de una fuente muy cercana a la Casa Rosada, estaría previsto que vuelva a ser tratada en senadores el jueves o viernes próximo cuando podría convertirse formalmente en ley.
Tras haber asegurado que el proyecto de ley siguiera en pie, el oficialismo esperaría otro resultado positivo en el senado porque hace dos semanas la votación fue de 42 votos a favor contra 30 negativos, cuando todavía estaban incluidos los recortes en los pagos para los trabajadores que pidieran una licencia médica.
Luego de las unánimes críticas a los cambios que pensaban aplicarse en el régimen de licencias médicas laborales negociados en conjunto por la senadora Patricia Bulrrich y el ministro del Interior Diego Santilli ya que no tuvo que ver en esto el ministro de Desrregulacion y Transformación Federico Sturzenegger el Gobierno accedió a eliminar el artículo 44 y el 208 del proyecto de ley.
De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional los integrantes de la mesa política del Gobierno decidieron priorizar que se aprobara el paquete de modificaciones en general, aunque esto implicara desistir de negociar por mantener el articulado.
En particular desde el Gonierno dan a entender que la meta era iniciar el nuevo año legislativo con las reformas tratadas durante el período de sesiones extraordinarias aprobadas.
Con la eliminación del polémico artículo 44 del texto se dejó sin efecto la modificación propuesta para el régimen de licencias por enfermedad. Con esta decisión, quedó restaurado el esquema tradicional que garantiza el pago íntegro del salario durante el período de licencia por enfermedad y de acuerdo con el artículo 208 del texto original, la iniciativa suprimida contemplaba una reducción salarial según el origen de la afección.
En tanto que en el caso de enfermedades o accidentes por conductas voluntarias de riesgo, estaba previsto que el trabajador recibiera solo el 50% de su sueldo habitual, mientras que si se tratara de una situación ajena a la voluntad del empleado, el pago alcanzaría el 75%. Acorde con esto, se proponían límites temporales de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran, junto a una cláusula que exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro. Por otro lado, la propuesta protegía estos pagos ante eventuales suspensiones laborales, de modo que las decisiones patronales por motivos económicos o disciplinarios no iban a alterar el cobro de los porcentajes estipulados. Al quedar fuera del paquete general, ninguno de estos recortes ni restricciones será aplicado.
A pesar de esto, los senadores aún tendrían la posibilidad de mantener el texto original o aceptar las modificaciones realizadas en la Cámara Baja y para el Gobierno sería una prioridad cerrar el período de sesiones legislativas con la aprobación de Ley de Modernización Laboral, la reforma en el Régimen Penal Juvenil, la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la aprobación de la Ley de Glaciares.
Este proyecto forma parte de una negociación con las provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, que venían reclamando por esa iniciativa para potenciar los emprendimientos mineros, especialmente las exportaciones de cobre con la promesa de inversiones por unos 25.000 millones de dólares para los próximos años.
La ley actual define a los glaciares como bienes de carácter público y extiende la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos y como se prohíbe expresamente actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración у explotación minera e hidrocarburífera у la instalación de industrias,muchas provincias plantean que interfiere con la explotación de sus recursos naturales.
Según el Gobierno, el nuevo proyecto ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias у fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.
Esto implica que cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el Inventario Nacional de Glaciares, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de Glaciares, pero si una provincia determina que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y se eliminará del Inventario, lo que habilitará la explotación productiva en el lugar.
Por último, desde el Gobierno confían en que los gobernadores volverán a garantizar la ratificación del acuerdo con la Unión Europea porque, al igual que con el tratado Mercosur-UE, tendrán como prioridad abrir nuevos mercados para sus economías regionales y atraer inversiones para desarrollar proyectos productivos que generen empleo y el acuerdo con la UE obtuvo el respaldo de cerca de la mitad del bloque Unión por la Patria, donde se destacaron los intereses provinciales.