Fallo decisivo para empresas: la Corte Suprema le puso freno a la voracidad fiscal de provincias

Un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca un antes y un después en el federalismo fiscal argentino. En una serie de decisiones de alto impacto, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de normas provinciales que aplicaban cargas tributarias más gravosas a empresas radicadas fuera de sus territorios, al considerar que ese esquema equivale, en los hechos, a la creación de "aduanas interiores".

El fallo no sólo beneficia a las empresas involucradas, sino que también sienta un precedente clave para el diseño tributario en todo el país, al reafirmar que las provincias no pueden discriminar fiscalmente en función del origen geográfico de la producción.

Un límite claro a la presión fiscal provincial

Las tres sentencias -firmadas por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- resolvieron demandas presentadas contra las provincias de Salta y Santa Fe. En ambos casos, se cuestionaron mecanismos impositivos que penalizaban a empresas por no tener su planta industrial radicada en esas jurisdicciones.

La Corte fue contundente: ese tipo de esquemas rompe con el principio de unidad económica nacional y vulnera la Constitución. En particular, señaló que las provincias no pueden establecer ventajas fiscales para sus industrias locales en detrimento de competidores de otras provincias.

En otras palabras, el fallo pone un freno a prácticas que, bajo el argumento de fomentar el desarrollo local, terminaban generando barreras internas al comercio.

El antecedente clave: el caso Bayer

La decisión se apoya en una línea jurisprudencial iniciada en 2017 con el caso "Bayer S.A.". Allí, la Corte ya había advertido que aplicar alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los Ingresos Brutos según el lugar de producción constituía una discriminación inconstitucional.

Ese precedente abrió la puerta a una ola de reclamos empresariales que ahora encuentran respaldo en estas nuevas resoluciones.

Salta: exenciones condicionadas y multas millonarias

Uno de los focos del conflicto fue el Código Fiscal de Salta, que condicionaba ciertos beneficios impositivos a que las empresas tuvieran su planta industrial dentro de la provincia.

Dos casos resultaron paradigmáticos:

• Panificadora Veneziana S.A., con sede en Córdoba, aplicó una exención que consideraba válida, pero la Dirección General de Rentas le exigió el pago de una alícuota del 3,6% más una multa del 60%.
• Comercial Rossi S.A., también cordobesa, enfrentó un reclamo idéntico tras aplicar el mismo criterio.

En ambos expedientes, la Corte ya había intervenido con medidas cautelares para frenar embargos y ejecuciones fiscales, anticipando el criterio que ahora consolidó en la sentencia definitiva.

Salta intentó defender su normativa alegando que buscaba promover el empleo y la industria local. Sin embargo, el Tribunal rechazó ese argumento: el desarrollo económico no puede lograrse mediante discriminación fiscal.

Santa Fe: alícuotas diferenciales bajo la lupa

El caso santafesino también fue contundente. La empresa Rieles y Cosas S.A., radicada en Buenos Aires, debía pagar una alícuota del 4,5% en Ingresos Brutos, frente al 3,5% que abonaban las industrias locales.

La provincia sostuvo que no existía un perjuicio significativo y comparó la medida con otras regulaciones como peajes o normas sanitarias. Pero la Corte descartó ese planteo: la diferencia de alícuotas implicaba una barrera directa al comercio interprovincial.

Los tres pilares constitucionales vulnerados

El fallo identifica una triple violación constitucional en estas prácticas:

• Principio de igualdad (art. 16): se establece un trato desigual ante una misma actividad económica.
• Cláusula comercial (arts. 75 inc. 13 y 126): las provincias no pueden interferir en el comercio interjurisdiccional, que es competencia del Congreso.
• Prohibición de aduanas interiores (arts. 9 a 12): se impide cualquier barrera interna al tránsito de bienes dentro del país.

Para la Corte, las normas impugnadas generaban un efecto equivalente a una aduana interna, algo expresamente prohibido por la Constitución desde sus orígenes.

Impacto económico y mensaje al sistema tributario

El alcance del fallo trasciende los casos concretos. En un contexto de fuerte presión fiscal y competencia entre provincias por atraer inversiones, la Corte fija un límite claro: no todo vale en materia tributaria.

Las provincias deberán revisar sus esquemas impositivos para evitar distorsiones que afecten la libre circulación de bienes. Esto podría impactar especialmente en el diseño del impuesto sobre los Ingresos Brutos, uno de los tributos más cuestionados por su efecto cascada y su heterogeneidad entre jurisdicciones.

La decisión refuerza una idea central: Argentina es un único mercado económico, más allá de su organización federal. Las provincias conservan autonomía fiscal, pero esa autonomía no puede traducirse en barreras internas.

Con este fallo, la Corte Suprema no sólo resuelve conflictos puntuales, sino que también envía una señal institucional fuerte: el federalismo no puede convertirse en fragmentación económica.