Anunciaron 300 despidos y el pago del 50% de indemnizaciones y se profundiza la crisis en Granja Tres Arroyos

La crisis laboral en Concepción del Uruguay se profundiza, frente a la decisión de la empresa Granja Tres Arroyos de cesantear a unos 300 trabajadores y trabajadoras, recortando además las indemnizaciones. La firma enfrenta una crisis sin precedentes, con el cierre de su producción desde fines de mayo y la suspensión de unos 1.000 empleados, que son asistidos con bolsones de alimentos por el municipio y el gobierno de Entre Ríos.

El anuncio provocó la reacción de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), que expresaron su rechazo a los despidos y cuestionaron el accionar "artero e irresponsable de la empresa frente a la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras".

El derrumbe de Granja Tres Arroyos también tiene su efecto político, habida cuenta que el gobernador provincial, Rogelio Frigerio, es un aliado del presidente Javier Milei. En una población de unos 86.000 habitantes, desactivar una fábrica con unos 1.000 puestos de trabajo directos es un contundente golpe a la economía de la ciudad, que puede repercutir en las próximas elecciones.

Cómo la empresa recorta las indemnizaciones a la mitad

La firma notificó al personal bajo esta explicación: "En mi carácter de representante de Granja Tres Arroyos SA le notifico que esta empleadora ha resuelto extinguir el contrato de trabajo que la vincula con usted a partir del día de la fecha, en los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. La presente decisión obedece a una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de la actividad".

Dicho en otras palabras, los directivos de Granja Tres Arroyos culpan al gobierno por la situación financiera y económica que atraviesan, en un contexto donde, si bien hay señales de recesión, el consumo de productos de pollo viene creciendo en detrimento de la carne.

A la mala noticia de las cesantías hay que sumarle que la compañía se acoge al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que habilita indemnizaciones recortadas, es decir, que puede ofrecer un 50 por ciento de lo que le corresponde a cada trabajador y trabajadora por causas de fuerza mayor a los despedidos. La empresa se encuentra hoy un proceso de reestructuración, con suspensiones, reducción de actividad y dificultades financieras en sus fábricas de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, con los consecuentes conflictos laborales.

Los gremios exigen que se frenen los despidos masivos

En tanto, la Federación de Trabajadores de la Alimentación y el Sindicato de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) señalaron que "mientras realizamos denodadas gestiones ante la empresa y los gobiernos de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba para encontrar alternativas que permitan paliar la situación, sostener el proceso productivo y lograr la activación de las plantas, la empresa avanza con despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis". De las negociaciones también participan dirigentes de la FTIA junto a las organizaciones gremiales hermanas de UATRE (peones rurales), la Carne y Molineros.

Desde la FTIA afirmaron que "con la clara intención de dividir y debilitar a los representantes de los trabajadores, entre los despedidos se encuentran delegados de personal. Las y los compañeros de Granja Tres Arroyos vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar de los trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, exigieron "la preservación de las fuentes de trabajo y un accionar responsable de parte de la patronal y las Autoridades Nacionales. Las y los trabajadores no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la crisis, en un delicado contexto que requiere compromiso, diálogo, soluciones y no más despidos. Ni ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra concursal".