50 gremios denunciarán judicialmente a Caputo por retención de fondos de obras sociales

La puja entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) salió (por ahora) de las calles y se trasladará a los tribunales, con una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Unas 50 organizaciones gremiales afirmaron que hay unos $288.000 millones en un plazo fijo en el Banco Nación, que corresponden al Fondo Solidario de Redistribución (FSR, que paga los reintegros a las obras sociales) y, por otro lado, unos $400.000 millones de una deuda que tenía OSDE con el sistema de obras sociales y que el Gobierno, en lugar de transferirlos, depositó en fondos FIMA (fondos de inversión).

En un encuentro realizado en la sede del Sindicato Obreros de Maestranza (SOM), el secretario general del gremio de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, encabezó esta iniciativa, que es respaldada por dos "pesos pesados" como la obra social de empleados de Comercio, liderada por Armando Cavalieri, y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Capital Federal, cuyo titular es Roberto Bonetti, organización que a nivel nacional está intervenida por la Casa Rosada.

Barrionuevo arma un frente sindical con Cavalieri y Maturano para denunciar a Caputo

La decisión de Barrionuevo acompañada por Cavalieri es apoyada por su espacio, donde además de los obreros de Maestranza también están los gremios de Carga y Descarga, Guardavidas, Estaciones de Servicio, Tabaco y Perfumistas, entre otros, a los que se suman La Fraternidad (conductores de locomotora), cuyo secretario general es Omar Maturano, quien, como el gastronómico, insisten en que la CGT convoque a un paro general de 24 o 36 horas.

En la última reunión de la "mesa ampliada", la central obrera adelantó la realización de un cese de actividades de entre 4 y 6 horas para fines de noviembre o para la primera semana de diciembre, acompañado por asambleas informativas en los lugares de trabajo.

La interna cegetista volvió a florecer no sólo en torno a las medidas de fuerza, sino ante las demandas al Gobierno. En el mencionado encuentro se hizo referencia a la crítica situación que atraviesan las obras sociales, haciendo mención a las reuniones que un grupo de dirigentes mantuvieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, y que, hasta el momento, no dieron resultados.

El duro diagnóstico de la CGT sobre la crisis de las obras sociales

Barrionuevo comparó la actual situación con la crisis de los años noventa, advirtiendo que los fondos que los sindicatos destinan hoy a cubrir baches sanitarios restan recursos fundamentales para sostener escuelas, campings, vacaciones y otras prestaciones sociales.

Uno de los ejes centrales de la demanda sindical se concentra en el Fondo Solidario de Redistribución, que nutre de aportes de trabajadores y empleadores para compensar gastos médicos. Según un informe de la CGT, cerca del 90% de los recursos de este fondo se destinan actualmente a prestaciones de discapacidad, lo que demanda un costo mensual estimado en $160.000 millones.

Asimismo, apuntó sobre el fuerte desajuste entre los ingresos y los costos operativos de la atención médica. Más de 11 millones de beneficiarios (equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales) no generan los recursos suficientes para solventar el Programa Médico Obligatorio (PMO). El problema se profundiza con la caída del poder adquisitivo de los salarios, estimado en un 30%, y el encarecimiento de los medicamentos, cuya accesibilidad se redujo en un promedio del 40%.

A este escenario se debe agregar que los aportes de los monotributistas se ubican un 78% por debajo del costo estimado del PMO, mientras que en el caso de los jubilados adheridos se registra una transferencia de unos $53.000 millones por persona frente a una recaudación cercana a $159.000 millones. A esto se le deben sumar los valores de facturación de ciertos hospitales públicos y la falta de autorización previa en prácticas programadas completan un cuadro crítico.

Cuándo se presentará la demanda judicial contra el ministro de Economía

La redacción de la denuncia contra Caputo se presentará en el transcurso de esta semana, según revelaron fuentes gremiales a iProfesional. Los abogados están terminando de definir puntos clave de la demanda, donde además de la devolución de los fondos, reclamarán que el Gobierno actualice el valor del nomenclador por el cual paga los medicamentos, congelado desde hace unos tres años.

Los $288.000 millones que adeuda hoy el Estado al sistema de obras sociales surgen de una partida adicional de casi $148.000 millones que el entonces ministro de Economía Sergio Massa, a pedido de la CGT, incorporó en 2023 en el Presupuesto Nacional, destinada al financiamiento de prestaciones críticas y de discapacidad. Ese dinero llegó parcialmente a las obras sociales, pero la cifra creció porque está depositado en un plazo fijo en el Banco Nación.

La otra suma que se exige es de $400.000 millones, generada por un acuerdo de pago que firmó la prepaga OSDE tras una denuncia en su contra. En 2017, Swiss Medical denunció que OSDE no había ingresado al Fondo Solidario de Redistribución los aportes correspondientes a sus afiliados voluntarios. En septiembre pasado se llegó a un acuerdo por el que se aceptó el ofrecimiento de pago de OSDE, que actualmente representa los $400.000 millones reclamados.

Voceros gremiales sostienen que "en la Argentina se financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, más un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose" y avisaron que "esto es una olla a presión que puede estallar en cualquier momento".

Frente a este análisis, indicaron que "es necesario una urgente reestructuración del modelo de financiamiento y delimitar las responsabilidades del Estado para garantizar la sostenibilidad de la asistencia médica".