Aumento la prestación por desempleo para peones rurales: a cuánto se fue la máxima

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) aprobó una actualización del 5 por ciento del beneficio ordinario de la Prestación por Desempleo, correspondiente al sistema instituido por la Ley 25.191. La medida, que beneficia a los trabajadores y trabajadoras de la actividad, se formalizó mediante la Resolución 102/2026, publicada ayer en el Boletín Oficial y se debe aplicar desde el 1 de este mes.

Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) tomaron nota de la decisión del organismo que se viene aplicando casi en forma automática, al tiempo que dejaron entrever en la necesidad de "sincerar" las reuniones con las patronales para discutir no solo una actualización salarial acorde con la inflación, sino también los controles para evitar la precarización laboral en el sector.

Valores de mínima y de máxima: desde cuándo se paga la suba

Los nuevos importes mínimos y máximos de la prestación quedan establecidos de la siguiente forma:

• $210.000 como monto mínimo.
• $420.000 como monto máximo,

El artículo 2 de la Resolución 102/2026 dispone expresamente que los nuevos valores se aplican a partir del 1 de noviembre.

Además, el artículo 1 deroga la Resolución 76/2026, que había establecido los valores anteriores.

Asimismo, se aclara que la actualización se concentra en los montos de la prestación por desempleo rural, en tanto que no introduce cambios en los requisitos de acceso, la duración del beneficio ni el procedimiento para solicitarlo y tampoco se modifica la contribución destinada al financiamiento del sistema.

En sus considerandos recuerda que el artículo 14 de la Ley 25.191 fija una contribución mensual a cargo del empleador rural del 1,5% del total de la remuneración abonada a cada trabajador, con destino al RENATRE. La norma dispone que las erogaciones necesarias para afrontar el aumento se atenderán con los recursos previstos en el artículo 13 de esa ley.

El gremio apunta a la formalización laboral

Por otra parte, en un encuentro realizado en la Bolsa de Cereales, impulsado por la UATRE, donde participaron la Sociedad Rural, CIARA-CEC y la Fundación Capital, que impulsó la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el gremio planteó que la formalización laboral es el mecanismo fiscal indispensable para sostener el equilibrio macroeconómico y abrir mercados internacionales, proponiendo atar la reducción de las retenciones a la registración del empleo rural.

El secretario General del sindicato, José Voytenco, destacó la urgencia de abandonar posturas aisladas sobre la problemática y buscar una salida integral elaborada de forma conjunta entre todas las partes, señalando que "la formalización laboral, la trazabilidad y la sustentabilidad exigen que todos los actores estemos sentados en la misma mesa"

Advirtió sobre el impacto de regulaciones de escala global, entre ellas el Reglamento Europeo de No Deforestación (EUDR), que condicionan el ingreso de granos y derivados a la acreditación rigurosa de normas ambientales y de derechos laborales. Afirmó que "no hay sostenibilidad sin trabajo digno. Cuidar a los trabajadores y registrarlos no es un costo, es el motor que da sostenibilidad fiscal al sector y nos abre las puertas del mundo".

Redrado analiza la situación de la actividad

Además de Voytenco, asistieron el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el titular de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA – CEC), Gustavo Idígoras; la máxima autoridad de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra; y el economista Martín Redrado, presidente de la Fundación Capital.

Redrado contrastó el estancamiento de la producción argentina desde 2007 frente al avance de competidores regionales como Brasil, Uruguay y Paraguay, atribuyendo la problemática a un esquema distorsionado de incentivos. Respaldó esta mirada con evidencia histórica: entre 2008 y 2025 los derechos de exportación cayeron un 67 por ciento al tiempo que el trabajo no registrado se incrementó de forma continua, a diferencia del ciclo 2001-2008, donde rigieron retenciones y simultáneamente se logró un marcado descenso de la informalidad laboral.

Sostuvo que el plan impulsado por el sindicato plantea un circuito virtuoso: la disminución de las alícuotas aduaneras y la estabilidad macroeconómica deben traducirse en ganancias que las empresas vuelquen en tecnología y regularización de sus trabajadores. Al blanquear al personal, se robustece la recaudación de la seguridad social y tributaria, protegiendo las cuentas públicas. Así, la dignificación laboral deja de considerarse un costo para transformarse en la base fiscal que hace viable la desgravación tributaria en el tiempo.