Paritaria de colectivos: la UTA rechazó la oferta salarial y crece la amenaza de paro
Puntos importantes
La paritaria de los choferes de colectivos vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras el fracaso de la última reunión y el enojo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la amenaza de un paro en los servicios de corta, media y larga distancia vuelve a estar latente, aunque todavía las instancias de discusión están vigentes y la organización gremial que encabeza Roberto Fernández es más proclive a las negociaciones que a las medidas de fuerza.
Por ahora, lo único cierto es que el encuentro entre la UTA y las cámaras empresariales no llegó a buen puerto, por lo que la secretaría de Trabajo convocó a un nuevo cónclave para el lunes a las 14 horas. Las fuentes gremiales consultadas por iProfesional no aventuraron una hora de ruta. Sin embargo, adelantaron que podrían anunciar el estado de alerta si no se sella un acuerdo.
Cuál fue la oferta salarial de las cámaras empresariales
Las patronales ofrecieron el pago de una suma no remunerativa de $60.000 por todo concepto durante noviembre y tres incrementos remunerativos acumulativos fraccionados de la siguiente forma:
- 1,7% en noviembre
- 1,6% en diciembre
- 1,5% en enero
Los porcentajes se calcularían sobre los salarios básicos y los viáticos vigentes en septiembre.
Desde la UTA consideraron que era una propuesta muy por debajo de las necesidades de los trabajadores y de los fondos que, según denunciaron, ya fueron contemplados en la estructura oficial de costos.
En el acta, además, dejaron asentado que no existe una posibilidad real de alcanzar un acuerdo en esas condiciones y cuestionaron que las empresas limiten sus propuestas a los recursos que el gobierno les autoriza o reconoce. Fernández subrayó: "No aceptaremos salarios que nos condenen a la pobreza. Que quede claro: no estamos pidiendo privilegios; estamos reclamando dignidad en nuestras remuneraciones y respeto por nuestro trabajo".
Contundente rechazo de la UTA: cuándo serán las elecciones en el gremio
Uno de los puntos centrales de la audiencia estuvo centrado en el reclamo sindical sobre los recursos que el propio Estado habría contemplado para la negociación. Al respecto, la UTA detalló que en la última estructura de costos para las líneas de jurisdicción nacional incorporó una partida denominada "Previsión Paritarias Oct 26-Ene 27", equivalente a $106.000 por trabajador desde octubre.
Sin embargo, las cámaras empresarias ofrecieron una suma no remunerativa de $60.000 y porcentajes de actualización que el sindicato consideró insuficientes, apuntando que "los empresarios ofrecen muy por debajo de tales sumas". También rechazó que las diferencias entre las empresas y las autoridades nacionales se conviertan en un obstáculo permanente para actualizar los ingresos, recordando que tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen los mayores costos derivados de los acuerdos salariales.
La UTA exigió que el gobierno cumpla su función de equilibrar las posiciones y garantice una negociación colectiva real, en lugar de "utilizar su intervención para limitar las recomposiciones". La paritaria del sector tiene varias aristas, porque no solo se trata de una discusión salarial, sino que intervienen el costo del boleto y los subsidios que otorga el Estado. El ingrediente extra es que las discusiones se dan en el marco de un gremio que está atomizado por las internas, con comisiones que no responden al mandato de Fernández con elecciones que fueron judicializadas y que se llevarán a cabo el 17 y 18 de diciembre.
La postura empresarial y qué le reclamó el gremio al Gobierno
En tanto, las cámaras CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA argumentaron que cualquier recomposición salarial debe encuadrarse en los recursos contemplados en la estructura de costos reconocida por las jurisdicciones. Agregaron que la Ciudad y la Provincia no incluyeron aumentos para octubre, noviembre y diciembre en sus estudios de costos, por lo que cualquier reconocimiento podría recién impactar en las cuentas empresarias el año próximo y percibirse, eventualmente, desde febrero de 2027. Por su parte, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) ratificó lo expresado en audiencias anteriores y reconoció que todavía no había avances que permitieran modificar su postura.
La UTA no solo cuestionó la postura de los empresarios, sino que criticó el rol del Estado en el conflicto. Expresó que "la función del Gobierno debe ser promover un equilibrio que permita alcanzar acuerdos justos, y no convertir al salario de los trabajadores en una variable de ajuste" y subrayó que se está "vaciando de contenido la negociación colectiva" y sometiendo a los choferes a una presión que calificó de extorsiva.
Advirtió que el aumento del costo de los alimentos, los alquileres, la vestimenta y la educación supera ampliamente la recomposición ofrecida, e insistió en que el reclamo no está dirigido contra los usuarios del transporte: "Estamos reclamando un salario que nos permita sostener dignamente a nuestras familias", destacó.