Avanza ley de plataformas bonaerense: críticas y rechazo de Cámara de Remises
Encuentro del ministro de Trabajo bonaerense con sindicalistas. Empresarios afirmaron que faltan representantes para que debatan el proyecto
En una muestra del avance de la provincia de Buenos Aires en la regulación del trabajo en plataformas digitales, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y el diputado nacional Hugo Antonio Moyano (h) encabezaron una reunión con representantes de las organizaciones sindicales del transporte de pasajeros, taxis y remises, quienes destacaron que se obligue a Uber, DiDi y Cabify a cumplir con el convenio colectivo 773/2019, contar con bases físicas y registros profesionales.
La intención del encuentro, realizado en la Casa de la provincia, fue analizar el proyecto de ley que el Ejecutivo bonaerense impulsa para regular la actividad y coordinar acciones con la iniciativa que se debate en el Congreso. Del encuentro participaron el secretario general de la Federación Nacional de Peones de Taxis, Miguel Soto; el titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra; y el referente de la Federación Argentina de Remises (FAREM), Alejandro Poli.
Correa y los gremios acuerdan ampliar protección laboral
Correa destacó la importancia de articular el trabajo entre la Provincia y la Nación para garantizar derechos a un sector históricamente precarizado. "Con Hugo Moyano compartimos el compromiso de ampliar la protección laboral de quienes trabajan mediante plataformas digitales, tanto desde la provincia como desde el Congreso nacional, con proyectos de ley en ambas jurisdicciones", afirmó el titular de la cartera laboral, quien estuvo acompañado por las asesoras Lilia Alonso y Cecilia Soiza.
Los gremialistas respaldaron los alcances de la ley y señalaron que traerá beneficios para el sector. Expresaron que "es importante que le den un marco regulatorio a las aplicaciones por rama de actividad" y apuntaron que empresas como Uber, DiDi y Cabify deberán cumplir con la ley de transporte de personas, lo que implica:
- Tener el auto habilitado
- Contar con el registro profesional obligatorio
- Disponer de una base física donde los trabajadores puedan desayunar, higienizarse y tener paradas de descanso
Subrayaron que "a partir de la ley se deberán aplicar los convenios colectivos de trabajo que corresponden. Por ejemplo, las aplicaciones como Uber, DiDi o Cabify tienen que cumplir con el convenio 773/2019" y advirtieron que la ley permitirá que cada organización gremial tenga incidencia sobre la aplicación que hoy les dirige el trabajo.
Al respecto, Soto explicó que "por primera vez habrá un lugar para las apps que va a estar declarado, va a haber un registro, vamos a saber qué función cumplen y cuál va a ser el convenio colectivo que reglamente y registre esa aplicación". Indicó que "la iniciativa busca garantizar que los trabajadores de plataformas cuenten con las mismas protecciones que los taxistas y remiseros tradicionales, cerrando las diferencias que dejó a miles de trabajadores sin cobertura social ni derechos laborales".
Cámara empresarial cuestiona ausencia de actores clave
En tanto, el presidente de la Cámara de Remises y Agencias de la República Argentina (CRARA), Gino Marín, cuestionó la convocatoria realizada por el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires a representantes de los sindicatos de taxis y remises, para analizar el mencionado proyecto. Consideró llamativa la convocatoria y puso en duda la representatividad de ambas organizaciones para debatir sobre una actividad que, según sostuvo, históricamente tuvo enfrentamientos con los sectores vinculados al transporte mediante aplicaciones digitales.
Manifestó que el ámbito territorial de representación del sindicato de conductores representado por Ibarra se circunscribe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el de Poli corresponde a Quilmes, al tiempo que cuestionó que no se haya convocado a CRARA, entidad que asegura contar con representación empresarial en el sector, a través de su participación en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y en el secretariado de la Confederación Federal PyME Argentina.
También expresó su malestar por la ausencia de organizaciones sindicales que, según indicó, representan a trabajadores comprendidos en los convenios colectivos de la actividad, como el Sindicato de Motoqueros (ASIM) y el Sindicato de Choferes Particulares, aclarando que estas entidades tienen participación en espacios internacionales vinculados al trabajo en plataformas y forman parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
Para Marín, resulta especialmente preocupante que no se haya incluido en las consultas a los trabajadores de delivery, a quienes consideró actores fundamentales dentro de la actividad que se pretende regular, criticó el accionar de la cartera laboral y advirtió sobre la falta de medidas para contener el cierre de empresas y la pérdida de puestos laborales.
El titular de la cámara empresarial relató que "a esto se debe sumar la elaboración de un proyecto de ley de gran relevancia sin la participación de quienes, desde su perspectiva, conocen de primera mano la realidad del sector" y avisó que este procedimiento termina afectando la gestión del gobernador Axel Kicillof, de quien aseguró "sigue con preocupación la situación laboral de los bonaerenses y busca alternativas para encontrar soluciones".
La conducción de CRARA reclamó que se revea la metodología de consulta y se convoque a las organizaciones empresariales y sindicales directamente vinculadas con la actividad, en tanto que Marín cerró diciendo que, si el proyecto avanza sin escuchar a los verdaderos representantes del sector, existe el riesgo de que la futura ley termine convirtiéndose en una norma de difícil aplicación. "Sin la participación de los verdaderos representantes del sector, será imposible lograr su aplicación efectiva", declaró.