El Gobierno intervino el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), con el objetivo de revisar las tarifas de esos servicios públicos.

Dos decretos publicados el 17 de marzo en el Boletín Oficial designaron también como interventores a Federico José Basualdo Richards, en el ENRE, y al Federico Bernal, en el Enargas.

Basualdo Richards ya estuvo en el directorio del ENRE a partir de 2013, con la llegada de Axel Kicillof al Ministerio de Economía de Cristina Kirchner y el desembarco de La Cámpora en puestos claves.

Bernal no tuvo cargos ni es conocido en el sector energético pero también viene del riñón cristinista, a través del Instituto Patria.

Tendrán que acordar políticas con dos funcionarios albertistas como Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y Sergio Lanziani, secretario de Energía, lo que puede resultar difícil.

Los decretos se dictaron en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Esa norma fue la que habilitó al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir administrativamente los entes reguladores de servicios públicos por el término de un año, recordó Nicolás Eliaschev, del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani.

La Ley de Emergencia facultó al Poder Ejecutivo, además, a mantener fijas las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario.

Para la revisión tarifaria, la ley dio un plazo máximo de hasta 180 días a partir de diciembre pasado, y estableció que la misma debe tender a una reducción de la carga de los precios de la energía real sobre los hogares, comercios e industrias para 2020.

La norma determina los criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva, puntualizó Eliaschev.

Los decretos disponen la intervención del ENRE y el Enargas hasta el 31 de diciembre próximo.

Los interventores deberán realizar una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica de las tarifas vigentes en transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.

Y, luego deberán encarar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente o de una revisión de carácter extraordinario que alcance no sólo el futuro, sino todo lo actuado y sucedido en el pasado, para volver a determinar una tarifa para esos servicios públicos.

En caso de detectar alguna anomalía en las subas de tarifas de la administración de Mauricio Macri, deberán informar al Poder Ejecutivo, así como toda circunstancia que considere relevante, aportándose la totalidad de la información de base y/o documentos respectivos correspondientes, proponiendo las acciones y medidas que en cada caso estimen adoptar.

Por otra parte, los interventores también deberán iniciar un procedimiento de revisión de los concursos públicos de antecedentes que se sustanciaron con el objeto de cubrir el directorio de ambos entes, en un plazo de 180 días.

En caso de que resuelvan su anulación o si hubiese concluido el plazo de mandato de alguno de ellos, deberán iniciar el proceso de selección de quienes los reemplazarán.

En ese sentido, los decretos disponen la suspensión de las funciones de los actuales miembros del Directorio del Enargas y del ENRE en sus cargos, sin goce de sueldo, por el plazo en el que los entes se encuentren intervenidos.