REVISIÓN DE NORMATIVA

El paso clave que dio el Gobierno para destrabar obras energéticas estratégicas

Se actualiza una normativa ambiental de 27 años sin revisión. Reduce costos y agiliza proyectos de transporte eléctrico sin descuidar normas sanitarias
Por L.I.
ENERGÍA - 22 de Diciembre, 2025

El Gobierno Nacional dio un paso clave en la modernización del sector energético al aprobar una actualización integral de los parámetros ambientales para las instalaciones de transporte eléctrico de 132 kV. La decisión implica renovar un marco regulatorio que se mantenía congelado desde hace casi tres décadas y que, por su obsolescencia, se había transformado en un obstáculo para el desarrollo de infraestructura en la Argentina.

La nueva normativa se fundamenta en la adopción de estándares internacionales dictados por organismos de máxima referencia global, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Estos parámetros se basan en la mejor evidencia científica disponible sobre la exposición a Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja (CEMFEB).

Hasta esta actualización, la Argentina se regía por criterios que, en muchos casos, "sobrecumplían" las exigencias internacionales sin una base científica que lo justificara. Este exceso regulatorio no se traducía en mayor seguridad para la población, sino en restricciones operativas, demoras administrativas y, fundamentalmente, en un incremento de los costos de obra que dificultaba la expansión de la red.

Un nuevo esquema técnico

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el nuevo esquema ordena los criterios técnicos y elimina exigencias que carecían de sustento actual. De este modo, se quitan de medio obstáculos que frenaban obras estratégicas de infraestructura, brindando reglas claras y técnicamente consistentes para los operadores del sector.

La resolución es un trabajo articulado entre diversas áreas del Estado y actores del mercado. En el proceso intervinieron el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Ambiente, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

Asimismo, se dio lugar a las principales cámaras del sector eléctrico, quienes coincidieron en la urgencia de contar con una aplicación homogénea de criterios en todo el territorio nacional. Esta mirada conjunta garantiza que la normativa no solo sea moderna, sino también operativa y de cumplimiento efectivo.

Un punto central de la medida es que la actualización de parámetros no supone una reducción en el nivel de protección ambiental o sanitaria. Por el contrario, la Secretaría de Energía destaca que el sistema se fortalece al incorporar metodologías de medición reconocidas mundialmente y un enfoque regulatorio alineado con las obligaciones ambientales vigentes.

Una medida para destrabar proyectos

En cuanto a su implementación, la resolución establece un esquema de transición ordenada, por la cual las instalaciones existentes mantendrán su condición regulatoria actual, mientras que para los nuevos proyectos los parámetros actualizados serán de cumplimiento obligatorio para todas las obras y ampliaciones que se inicien a partir de ahora.

Con esta reforma, la Argentina busca cerrar la brecha de infraestructura eléctrica, promoviendo un desarrollo sostenible que sea, al mismo tiempo, eficiente y seguro bajo los estándares más exigentes del siglo XXI.

La medida se enmarca en el proceso que el gobierno espera encarar el 2026 con la licitación de obras clave para el tendido de alta tensión con lo cual procura destrabar los cuellos de botella para permitir nuevos proyectos de generación y a la vez ofrecer mejor seguridad de abastecimiento al sistema.

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