El Gobierno aprobó el proyecto minero Carbonatos Profundos por más de u$s519 millones en San Juan
El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero "Carbonatos Profundos (DCP)", impulsado por Minas Argentinas SA Sucursal Dedicada RIGI I – Nuevo Gualcamayo (MASA-SD), que prevé una inversión total superior a los u$s519 millones en la provincia de San Juan. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 6/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Con esta medida, la compañía podrá acceder a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios establecidos por la ley 27.742. El proyecto se enmarca en la estrategia oficial orientada a atraer grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y a promover el desarrollo de sectores considerados estratégicos para la economía argentina, entre ellos la minería.
Minería en San Juan: características generales del proyecto Carbonatos Profundos
Según lo detallado en la resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el proyecto Carbonatos Profundos se inscribe dentro del sector Minería y corresponde al subsector de minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería, con exclusión de potasio y litio. El emprendimiento contempla actividades de exploración en las concesiones Gualcamayo 1 y 2, la evaluación de la factibilidad técnica y económica del yacimiento de oro y plata denominado "Carbonatos Profundos", y la posterior construcción y operación de una planta de tratamiento.
La iniciativa se desarrollará en el área de influencia del proyecto Nuevo Gualcamayo, uno de los principales yacimientos auríferos de la provincia de San Juan. De acuerdo con la documentación presentada ante la autoridad de aplicación, el plan apunta a extender la vida útil del complejo minero mediante la exploración de nuevos cuerpos mineralizados ubicados en profundidad.
El alcance del proyecto incluye tareas de perforación, estudios geológicos y metalúrgicos, análisis de reservas y recursos, y el diseño de infraestructura necesaria para el procesamiento del mineral. Estas etapas se encuentran alineadas con los requisitos establecidos por el RIGI para proyectos de gran escala.
Inversión comprometida y cronograma de desembolsos
El plan de inversiones presentado por MASA-SD prevé un monto total en activos computables de u$s519.647.635, cifra que supera ampliamente el umbral mínimo exigido por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Este volumen de inversión permite al proyecto encuadrar dentro de los beneficios previstos por la normativa vigente.
En los primeros dos años desde la adhesión formal al RIGI, la empresa deberá ejecutar inversiones por u$s90,6 millones, lo que representa más del 40% del compromiso mínimo requerido por el régimen. Según el cronograma informado, los desembolsos alcanzarán los u$s46,7 millones durante el primer año y los u$s43,8 millones en el segundo.
El plazo máximo para cumplir con la inversión mínima total fue establecido para el 31 de diciembre de 2028. La fecha de adhesión al régimen y de adquisición de derechos quedó fijada en el 27 de noviembre de 2025, momento a partir del cual la empresa comenzó a computar los beneficios previstos por la ley 27.742.
Participación de proveedores nacionales y contenido local
Uno de los aspectos centrales del proyecto Carbonatos Profundos es el nivel de participación de proveedores locales previsto durante las etapas de construcción y operación. De acuerdo con el plan de desarrollo presentado por la empresa, el 69% del monto destinado a bienes, obras y servicios corresponderá a proveedores nacionales.
Este porcentaje se ubica muy por encima del mínimo del 20% exigido por la normativa del RIGI, que establece criterios de integración local con el objetivo de promover el desarrollo de cadenas de valor internas y el fortalecimiento del entramado productivo nacional.
La utilización de proveedores locales incluye servicios de ingeniería, obras civiles, transporte, mantenimiento, suministros industriales y otras prestaciones vinculadas a la actividad minera. La resolución destaca que este componente fue considerado de manera favorable en el proceso de evaluación del proyecto.
Evaluación técnica y aval del Comité RIGI
La factibilidad técnica del proyecto fue analizada por la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía, con la intervención de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras. Según consta en la resolución, ambos organismos concluyeron que la iniciativa cumple con los requisitos técnicos, económicos y operativos establecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
Tras esta evaluación, la propuesta fue elevada al Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que avaló la adhesión del proyecto Carbonatos Profundos en su reunión del 23 de diciembre de 2025. Este comité tiene a su cargo el análisis integral de las iniciativas que solicitan ingresar al régimen, considerando aspectos productivos, financieros, fiscales y de impacto económico.
El dictamen favorable del Comité RIGI constituyó un paso clave para la aprobación final por parte del Ministerio de Economía, que formalizó la adhesión mediante la Resolución 6/2026.
Análisis cambiario y rol del Banco Central
En el marco del proceso de evaluación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) analizó el impacto del proyecto en materia cambiaria. Según lo informado, la autoridad monetaria determinó que la iniciativa no presenta observaciones, al considerar que no genera distorsiones en el mercado cambiario local.
Este análisis habilita a la empresa a acceder a los incentivos cambiarios previstos por el RIGI, que incluyen condiciones específicas para el ingreso y egreso de divisas vinculadas a la inversión y a las exportaciones derivadas del proyecto.
La intervención del BCRA es uno de los requisitos establecidos por la normativa para proyectos de gran envergadura, con el objetivo de evaluar su impacto potencial sobre el sistema financiero y el mercado de cambios.
Beneficios fiscales y aduaneros previstos por la ley 27.742
La adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones otorga a MASA-SD una serie de beneficios fiscales y aduaneros. Entre ellos, se autorizó a la empresa a importar mercaderías bajo el régimen de franquicia aduanera, lo que permite reducir costos asociados a la adquisición de equipamiento e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto.
Asimismo, la resolución instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a otorgar una Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) especial para el proyecto, tal como lo establece la normativa del RIGI para emprendimientos de estas características.
En materia tributaria, el régimen prevé estabilidad fiscal por un plazo determinado, así como un esquema de incentivos diseñado para brindar previsibilidad a largo plazo a las inversiones de gran escala.
Arbitraje internacional y marco jurídico
Otro de los puntos incluidos en la resolución es la aceptación de la opción presentada por la empresa para resolver eventuales disputas mediante arbitraje internacional. En este sentido, se contempla la posibilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de acuerdo con lo previsto por la ley 27.742.
Este mecanismo forma parte del marco jurídico del RIGI y apunta a brindar garantías adicionales a los inversores, en línea con estándares internacionales aplicables a proyectos de gran envergadura.
Fiscalización y control del proyecto minero
La Secretaría de Minería del Ministerio de Economía será la autoridad encargada de la fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por MASA-SD en el marco del RIGI. Entre sus funciones se encuentra el seguimiento del cronograma de inversiones, el cumplimiento de los compromisos de contenido local y la verificación de las condiciones técnicas y operativas del proyecto.
El proyecto Carbonatos Profundos se suma así al conjunto de iniciativas aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, en un contexto en el que el Gobierno busca promover inversiones de gran escala, incrementar las exportaciones y fortalecer el desarrollo del sector minero en distintas regiones del país, con especial impacto en la provincia de San Juan.