Oficializan ajustes en tarifas de gas y luz: en febrero debuta el nuevo esquema de subsidios y la tarifa plana
La Secretaría de Energía de la Nación confirmó los nuevos valores que regirán para los servicios de electricidad y gas natural a partir del 1 de febrero. Con el foco puesto en la reducción del déficit y la normalización del sistema energético en la Argentina, los ajustes responden a una actualización técnica que busca equilibrar los costos de producción y distribución frente a la inflación.
Los nuevos cuadros tarifarios se desprenden de más de 30 resoluciones de los entes nacionales de regulación del gas y la electricidad, en los que se disponen los aumentos que entrarán en vigencia a partir del primer día de febrero en los sistemas de transporte y distribución.
En lo que respecta a la electricidad, el incremento promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se fijó en un 3,59% para los usuarios de Edenor y Edesur. Esta suba, oficializada mediante las resoluciones 45 y 46 del ENRE, impactará de manera diversa en el interior del país, ya que en el resto de las jurisdicciones el ajuste final queda supeditado a las disposiciones de los entes reguladores provinciales.
Por su parte, el gas natural registra un salto más pronunciado con un aumento promedio del 16,86% a nivel nacional. La medida, aprobada por el ENARGAS a través de la Resolución 48/2026 para distribuidoras como Metrogas, se fundamenta en la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU).
Entre en vigencia la tarifa plana en gas
La implementación del PAU, coloquialmente denominado "tarifa plana", busca terminar con la histórica volatilidad de las facturas de gas en la Argentina. A través del DNU 26/2026, el Gobierno nacional estableció un mecanismo de "precio flat" que prorratea el costo del fluido en doce cuotas mensuales idénticas, eliminando los picos de facturación que solían afectar más fuerte el presupuesto familiar durante los meses de invierno.
Al anualizar el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), se traslada el impacto de los meses de mayor costo hacia los de menor demanda —como febrero—, otorgando una previsibilidad financiera que permite a los usuarios planificar sus gastos sin enfrentar shocks estacionales por el uso de calefacción. Este mecanismo permite que el costo del gas sea idéntico durante todo el año.
Otra de las causas estructurales de este ajuste es la integración de la cuota mensual correspondiente a la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT). Este proceso, que proyecta el horizonte de inversiones y costos para el periodo 2026-2030, establece un sendero de previsibilidad para las empresas del sector, permitiendo que la tarifa refleje la operatividad real del servicio tras años de retrasos normativos.
Asimismo, las boletas de febrero incluyen la actualización mensual por fórmula indexatoria, compuesta por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este esquema de ajuste automático tiene como objetivo central evitar que las tarifas pierdan valor real frente a la evolución de los precios generales de la economía, garantizando así la sustentabilidad financiera de la red eléctrica y gasífera.
Tambien debuta el nuevo esquema de subsidios
Otro factor determinante en la configuración de los nuevos montos es la entrada en vigencia del Subsidio Energético Focalizado (SEF). Este nuevo régimen reemplaza al anterior esquema de segmentación y pone el foco en los hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales.
El nuevo sistema de subsidio focalizado marca un cambio de paradigma en la política asistencial de la Argentina, al desplazar el antiguo criterio de segmentación por ingresos hacia una canasta básica energética personalizada, lo que permitirá sostener la caída del aporte del Tesoro a consumo residencial.
Bajo este esquema, el Estado ya no subsidia el consumo de forma generalizada según el nivel de ingresos con la segmentación N1, N2 y N3, sino que cubre únicamente a aquellos grupos sociales en situación de vulnerabilidad económica que recibirán una cobertura por un bloque de su consumo, y el resto pagará tarifa plena del costo del servicio.
Cualquier excedente sobre ese límite de consumo base deberá ser abonado a tarifa plena, lo que funciona como un incentivo económico directo para fomentar la eficiencia energética y reducir el derroche en los sectores que, aun siendo beneficiarios, superen los umbrales de uso responsable establecidos por la Secretaría de Energía.