Ley de Glaciares: el proyecto promete destrabar inversiones por u$s40.000 millones

El Congreso de la Nación retoma esta semana el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca precisar el alcance de la protección ambiental en las zonas de alta montaña, y será uno de los temas de la segunda etapa de sesiones extraordinarias.

En el centro del debate legislativo se encuentra la intención de redefinir el "ambiente periglacial" para que las restricciones de actividad se apliquen específicamente a aquellas geoformas que cumplen una función hídrica relevante. Esta distinción es vista por la administración central como un paso necesario para fomentar el desarrollo productivo sin descuidar el patrimonio natural de la Argentina.

A pesar de la renovado oposición de los grupos ambientalistas a la modificación del proyecto sancionado en 2010, el proyecto que envió el Gobierno nacional con el resplado de las provincias productoras cuenta con Dictamen de Comisión y está incluida en el temario de las sesiones extraordinarias, con el foco puesto en el Senado para su aprobación.

Es que la industria se encuentra ante la posibilidad de vivir una nueva ola de mega inversiones de la mano de los proyectos metalíferos más grandes que haya podido desarrollar el país en su historia minera, en particular los vinculados a productos de mayor demanda global.

Cobre, oro, litio, tierras raras, uranio y otros metales vinculados a la demanda de la transición energética y el salto de las nuevas tecnologías abren la expectativa de un nuevo ciclo de desarrollo, con fuerte interés de los principales jugadores internacionales.

Inversiones, empleo y recursos

Desde el sector privado, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó la postura de la industria para llevar "certezas y tranquilidad" ante los temores que despiertan las aclaraciones técnicas en la normativa. La entidad reafirmó su compromiso con la preservación del ambiente y subrayó que la minería moderna opera bajo estándares de sustentabilidad que permiten la convivencia con los recursos hídricos.

Según la Cámara, la actividad genera actualmente más de 100.000 puestos de trabajo y tiene el potencial de duplicar esa cifra en los próximos años, lo que sólo puede llegar de la mano de inversiones y el desarrollo de los proyectos en carpeta.

Uno de los puntos centrales que las empresas buscan desmitificar es el consumo de agua. La CAEM precisó que la minería representa apenas el 1% del uso total del recurso en las regiones donde opera, mientras que el 93% se destina a la agricultura.

"Entre el 70% y el 90% del agua que se usa en los procesos se mantiene dentro de circuitos cerrados, donde se recircula una y otra vez", detallaron desde la institución, destacando la eficiencia de los yacimientos metalíferos del país.

La industria también enfatizó que la actividad no se desarrolla en un vacío legal, sino bajo un "exigente esquema de control técnico y normativo". Todo proyecto minero debe presentar informes de impacto ambiental —regidos por la Ley 24.585— que son auditados cada dos años por autoridades provinciales, universidades y organismos técnicos.

Minería sin afectar el recurso hídrico

Este marco, la acgividad minera se complementa con protocolos internacionales de sostenibilidad como HMS/TSM e ISO, que añaden capas de supervisión adicional para garantizar la transparencia en los procesos. Hoy existe en la Argentina y en el mundo una minería moderna de altos estándares de seguridad para el personal y el medio ambiente, aseguran.

Para las empresas, la experiencia de países con larga tradición minera, como Canadá o Suecia, demuestra que es posible combinar la ingeniería de vanguardia con el resguardo de las reservas hídricas cordilleranas. La planificación estratégica permite operar en zonas complejas sin afectar el suministro de agua para otras actividades o comunidades, y las nuevas tecnologías de monitoreo permanente son la mayor garantía de seguridad ambiental.

La propuesta de reforma legislativa apunta a evitar que crioformas sin valor hídrico estratégico funcionen como barreras para la inversión. El sector empresarial argumenta que las interpretaciones actuales, en ocasiones ambiguas, generan restricciones innecesarias que no se traducen en una mejora real de la protección ambiental.

"Proteger el ambiente requiere leyes claras", sostuvieron, señalando que la precisión técnica es la clave para dar previsibilidad a las inversiones de largo plazo en la Argentina. En un escenario global marcado por el cambio climático y el estrés hídrico, las mineras aseguran que el compromiso con la eficiencia es innegociable.

La postura de la cámara empresaria es que el desarrollo de recursos naturales debe ser transparente y responsable, asegurando que cada proyecto sea evaluado por su interacción integral con el entorno. La intención es que la nueva normativa despeje el camino para proyectos que hoy se encuentran en etapa de prospección o espera.

Mientras el Gobierno busca acelerar el tratamiento para dinamizar la economía, la industria minera espera que el resultado final sea un marco regulatorio que proteja el agua estratégica pero que también habilite el potencial productivo de la cordillera, garantice empleo y desarrollo futuro.