Mineras esperan la luz verde para la Ley de Glaciares en el Senado: anticipan inversiones por u$s30.000 millones

Tras 15 años de señalamientos como una normativa antiminera, la Ley de Glaciares vuelve al Congreso de la Nación para que se trate una serie de modificaciones propuestas por el gobierno de Javier Milei. La Cámara de Senadores será el primer escenario de debate, donde desde el oficialismo confían en tener los votos suficientes para que avance a Diputados con media sanción.

La normativa regula las actividades que se pueden hacer en las zonas de glaciares y el ambiente periglacial. Pero, según señalan técnicos y desde las empresas mineras, este segundo objetivo tenía pocas definiciones y representaba un riesgo para los proyectos.

La crítica era que al ser una definición compleja la del ambiente periglacial, podía haber lugar a judicializaciones posteriores. Con ese argumento, algunas inversiones quedaron a la espera de mayor claridad, algo que busca subsanar el Gobierno, ya que las empresas no querían hundir capital si luego podrían llegar a declararse algunas zonas como protegidas.

Según cálculos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), hay cerca de u$s30.000 millones que dependen de que las operadoras confíen en que el marco normativo no generaba mayor incertidumbre. La mayoría de estos capitales estan vinculados a proyectos de cobre, que son los que se encuentran en las zonas cordilleranas, territorio donde hay más glaciares identificados.

Algunas de estas inversiones son El Pachón, el yacimiento de cobre más grande del país, donde hay una geoforma que según técnicos no tiene aporte hídrico, pero se incluyó en el primer inventario.

Los ejes de la modificación de Ley de Glaciares

En el proyecto presentado por la Nación hay dos ejes principales que podrían sufrir modificaciones. El primero tiene que ver con agregar en el destino de la ley que se buscará la protección de glaciares y el ambiente periglacial como fuente estratégica del recurso hídrico.

Con esto, se modifica la forma en la que se identifican las geoformas o zonas de importancia que busca proteger la ley. Es que si bien hay geoformas que son fáciles de identificar y que sin duda se encuentran protegidas, otras no son indudablemente orígen de cursos de agua.

Esto sucede sobre todo con el ambiente periglacial, donde se encuentran tanto glaciares de escombro, que son formaciones con más de un 80% de roca pero que pueden contener o no agua. También están las zonas de suelo congelado, llamado también permafrost, que si bien tiene temperaturas bajo cero no contiene agua, y los glaciares fósiles, que ya no se comportan como los glaciares tradicionales y en general no tienen hielo en su interior.

Con este cambio de criterio se fortalece la idea de que la ley debe proteger las geoformas no por sí misma, sino por su impacto en las cuencas hídricas. Es que en las provincias cordilleranas, buena parte del agua que se utiliza tanto para uso humano, industrial o agrícola depende de las nevadas en Cordillera de los Andes, que luego se derriten y llegan a los valles a través de ríos. En este ciclo, los glaciares tienen un aporte, pero no son la única fuente hídrica.

El rol de las provincias en la discusión

Con las inversiones en juego, las provincias mineras que tienen proyectos a la espera de la ley es donde más apoyo cosechó la modificación. Así, Catamarca, Salta y San Juan sumarán votos, tanto del bloque libertario y sus aliados, como de legisladores que hoy son opositores. Este es el caso del ex gobernador de San Juan Sergio Uñac y la salteña Flavia Royón. 

Del otro lado, las provincias que responden a gobiernos peronistas que no tienen expectativas mineras serían las principales opositores. Aparecen Buenos Aires, Formosa y La Pampa, esta última será clave, ya que la provincia reclama desde hace años por las decisiones de sus vecinas cordilleranas, diciendo que las decisiones en el oeste afectan sus cuencas hídricas.

Precisamente, otro punto que se busca cambiar en la ley es el rol de las provincias. En el texto original estaba previsto que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) se iba a encargar de hacer un inventario de glaciares.

Las geoformas y zonas congeladas que quedaran dentro del mismo son las que están sujetas a la protección de la ley, mientras que las provincias y las áreas de Medio Ambiente iban a funcionar como ejecutores de la misma.

En el nuevo texto las provincias se encargarán de participar más activamente en el inventario de la ley de glaciares, pudiendo proponer que se sumen o retiren algunas geoformas o zonas.

Esto ya venía sucediendo, aunque sin el marco legal actual. San Juan, que tiene la mayor cantidad de proyectos de cobre del país y todos en área cordillerana, solicitó en dos ocasiones al IANIGLA que retiraran del inventario goeformas que están calificadas como glaciares de escombro porque estas no tenían un aporte hídrico significativo.

Un inventario de geoformas inconcluso

Para esto las autoridades provinciales terminaron dos fases de investigación que según la ley debía hacer el instituto nacional, pero que todavía no logran terminar en todas las casi 15.000 geoformas incluidas dentro del inventario.

Es que según la ley, se debe hacer un inventario de primer nivel, que puede lograrse con imágenes satelitales, pero luego de esto, para la segunda fase, los técnicos deben hacer visitas a las zonas, para acreditar que efectivamente es un glaciar o una zona congelada y su clasificación.

El tercer nivel requiere de estudios continuos, muestreos y análisis tanto físicos como químicos por al menos un año. Con este se determina lo que pide la ley: que tenga un aporte hídrico de importancia para la cuenca donde se encuentra.

El problema hasta ahora es que el Estado Nacional nunca aportó los fondos suficientes para avanzar con los estudios de segunda fase en su totalidad o para iniciar los de tercera fase. Desde el sector minero se denunció en reiteradas ocasiones que era imposible hacer el inventario con todos los datos requeridos si se buscaba cubrir todo el territorio nacional. Con este argumento aseguraban que la ley no tenía como objetivo proteger los glaciares, sino impedir la minería.