El Gobierno recalcula y evita males mayores ante diferencias de empresas mineras por una obra eléctrica

El Gobierno nacional decidió convocar, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a una audiencia pública para analizar la solicitud de acceso a la capacidad de transporte y ampliación de la red eléctrica en San Juan. Esta medida ocurre luego de los reclamos y quejas presentados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), municipios y otras compañías del sector a la decisión original de otorgar al proyecto Vicuña una prioridad de uso del 90% sobre la capacidad remanente de una línea estratégica de 500 kV.

La decisión oficial, plasmada en la Resolución 165/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, busca encauzar un conflicto que escaló rápidamente hacia el plano institucional y político. El organismo nacional determinó que, antes de otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP), resulta indispensable abrir una instancia de participación ciudadana y técnica para analizar la obra que cubrirá una parte de la demanda de la minería de cobre. 

De este modo, la administración central intenta calmar el malestar en la provincia de San Juan, donde se argumentó que la infraestructura en disputa fue financiada históricamente por los propios usuarios locales y no debía quedar bajo control discrecional de un único actor privado. La medida inicial  despertó acusaciones de "expropiación regulatoria" y falta de federalismo, una situación que excedia a Vicuña, el mayor proyecto de cobre que tiene en carpeta la Argentina.

El eje de la disputa radicó en el corredor Nueva San Juan–Rodeo, una pieza fundamental para el desarrollo minero y de energías renovables en el norte sanjuanino. Mientras que la resolución original parecía bloquear el acceso a otros proyectos productivos por un plazo de 25 años, la nueva convocatoria administrativa reestablece los mecanismos de transparencia previstos en la Ley 24.065.

El Gobierno nacional busca así evitar un escenario de judicialización que podría haber frenado las inversiones previstas bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), considerando que el proyecto Vicuña —que integra a Josemaría y Filo del Sol— representa una inversión inicial de u$s7.100 millones en su primera etapa, y que escala hasta los u$s18.000 millone a lo largo de todo su desarrollo de construcción.

Claridad sobre la postura de Vicuña

Lo que publicó orginalmente el ENRE no le daba a Vicuña control sobre la infraestructura eléctrica de San Juan ni exclusividad sobre el sistema de transporte, explicaron desde la empresa. Se trata de la publicación de una solicitud de acceso a capacidad de transporte y de ampliación de la red, que es el procedimiento normal que debe seguir cualquier proyecto que necesita conectarse al sistema eléctrico. La compañía sostiene que el proceso cumple con los estándares técnicos y legales requeridos para garantizar el suministro de un emprendimiento de esta magnitud.

En el sistema eléctrico argentino rige el principio de acceso abierto. Esto significa que cualquier proyecto que requiera energía puede solicitar conexión y, si la capacidad existente no alcanza, proponer ampliaciones de la red. En este caso, Vicuña planteó obras de ampliación que serían financiadas por el propio proyecto para poder abastecer su demanda futura, lo cual se alinea con la normativa vigente sobre el transporte de energía eléctrica en alta tensión.

La normativa prevé que, cuando una empresa financia una ampliación específica del sistema, pueda tener prioridad de uso sobre la capacidad adicional que genera esa obra. Pero esa prioridad se limita únicamente a esa ampliación puntual: no implica exclusividad sobre la red ni impide que otros proyectos presenten sus propias solicitudes o propongan nuevas ampliaciones. Es un derecho que se asigna a quien asume el riesgo de inversión para repotenciar o construir nuevos tramos de línea.

El expediente fue analizado por los organismos técnicos del sistema —Transener, CAMMESA y las transportistas y distribuidoras del área— y las conclusiones que se publicaron indican que la solicitud es técnicamente viable dentro del procedimiento regulatorio vigente. Los estudios de flujo de carga y estabilidad eléctrica avalaron la factibilidad de integrar la nueva demanda sin comprometer la integridad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Ahora el proceso sigue su curso dentro del ENRE, que prevé instancias formales para observaciones y análisis técnico de todos los actores interesados. La convocatoria a la audiencia pública permitirá que las autoridades de San Juan, las empresas competidoras como Los Azules o Hualilan, y los municipios de Jáchal e Iglesia, expongan sus argumentos técnicos y legales antes de que se dicte una resolución definitiva sobre la prioridad de uso y el acceso solicitado.

Infraestructura estratégica y beneficios regionales

Las obras eléctricas asociadas al proyecto Vicuña implican una ampliación estructural del sistema eléctrico del norte de San Juan, incorporando infraestructura en 500 kV, el nivel de mayor capacidad del sistema argentino. Este salto tecnológico permitirá aumentar significativamente la capacidad de transporte de energía hacia esa zona de la provincia, eliminando cuellos de botella técnicos que actualmente limitan el crecimiento de la región.

Esta infraestructura no es solo para el proyecto sino que una vez construida y habilitada se integrará al Sistema Argentino de Interconexión y quedará como parte permanente de la red eléctrica nacional. Esto significa que la inversión privada se traduce en un bien público disponible para el desarrollo futuro de la provincia y de nuevos proyectos productivos, industriales o energéticos que hoy no cuentan con potencia suficiente para operar.

Además, las obras fortalecen la confiabilidad del sistema eléctrico regional, mejorando los márgenes de seguridad y estabilidad del suministro. Al robustecer la red de alta tensión, se reducen las restricciones existentes y se minimiza el riesgo de fallas masivas, beneficiando tanto a los grandes consumidores industriales como a los usuarios residenciales del área de influencia de las estaciones transformadoras Rodeo y Nueva San Juan.

La ampliación también crea nodos eléctricos de alta capacidad en el norte de San Juan, lo que abre mejores condiciones para el desarrollo de energías renovables. La provincia posee uno de los mejores niveles de radiación solar del mundo, y contar con puntos de inyección de 500 kV es una condición necesaria para que nuevos parques fotovoltaicos puedan volcar su generación al sistema nacional de manera eficiente.

Finalmente, se trata de una inversión significativa en infraestructura estratégica que genera empleo durante su construcción y contribuye a crear una plataforma energética de largo plazo. El desarrollo de la minería del cobre requiere una base eléctrica sólida, y este proyecto de ampliación funciona como el cimiento necesario para transformar el perfil económico de la región,