Caputo lanza el "operativo surtidor" para evitar disparada de precios de la nafta y reducir impacto en IPC
El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió suspender la actualización prevista para abril del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2), en una medida que busca mitigar el impacto en el surtidor del incremento del petróleo crudo internacional.
Con la nueva determinación oficial, el Palacio de Hacienda busca evitar alimentar más aún la suba en las estaciones de servicio que desde el 27 de febrero ya escaló un 20% promedio, de acuerdo a distintas estimaciones privadas, a raíz de la crisis de oferta generada por la guerra en Medio Oriente.
Según datos de la consultora Economía & Energía (EyE), esta postergación no es gratuita para las arcas públicas, y solo en marzo la decisión de no aplicar la alícuota plena significó una pérdida de recaudación estimada en u$s147 millones, acumulando unos u$s429 millones en lo que va del primer trimestre del año.
La normativa vigente establece que estos tributos deben actualizarse trimestralmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el Decreto 116 del 26 de febrero de 2026 ya había determinado un aumento parcial para marzo, postergando el grueso del ajuste pendiente para abril.
El impacto de la guerra en los surtidores
El contexto internacional jugó un rol determinante en esta estrategia, explicaron desde la cartera económica. Debido a los conflictos bélicos globales, el precio de los combustibles registra alzas mucho mas pronunciadas en todo el mundo, pero la delicada situación social y el esfuerzo por contener la infación al menos por debajo del 3% mensual obligan a una transición ralentizada.
Esta presión externa se suma a un retraso estructural en los precios locales respecto a lo que ocurre con el Brent que en lo que va del mes ya aumentó más de un 45% desde los u$s72,50 del viernes 27, el día previo al primer ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, a los u$s106 en que cerró esta semana.
En ese aumento escalonado de la nafta y el gasoil, con aumentos diarios que pasaron en principio disimulados por tratarse de pequeños saltos mejores a los $100 por litro, permitieron evitar el maletar social más amplio, pero se hace imposible de disimilar al momento de cargar.
Desde las empresas se admite que es la mejor alternativa que tienen disponible para no retrasar en demasía los valores de los combustibles respecto al crudo que ingresa a la refinerías, pero a a vez alertando que esta escalada tendrá un efecto a la baja en el consumo tal como ya ocurrió en febrero, aún antes del cisne negro de la guerra.
En ese desafío resultó vital el rol de YPF en el mercado que apelando a la política e micropricing que adoptó a mediados de año, logra los saltos abruptos en las carteleras y en los títulos de los diarios que suele reflejar el clima social.
Un programa puesto a prueba
Los límites del programa económico se pusieron a prueba tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, eventos que empujaron el precio del barril de petróleo Brent por sobre los u$s 100. Esta volatilidad externa generó una presión inmediata en los costos de refinación local en la Argentina, sumando un nuevo foco de tensión sobre la dinámica de precios internos en un momento crítico de la macroeconomía.
La preocupación por el impacto de la energía en la inflación no es exclusiva del ámbito local, sino que se convirtió en una señal de alarma global. En las principales economías, el fortalecimiento del petróleo amenaza con retrasar las metas de desinflación de los bancos centrales, forzando un escenario de tasas altas por más tiempo y una salida de capitales de mercados emergentes, lo cual complica aún más el panorama financiero para la región.
En la Argentina, este incremento actúa como un arma de doble filo que condiciona las metas oficiales. Si bien el salto en la cotización del crudo mejora sensiblemente la rentabilidad de las exportaciones proyectadas desde Vaca Muerta, su contracara es un encarecimiento directo en el surtidor y en la importación de GNL necesaria para cubrir el pico de demanda durante el próximo invierno.
El peso de los combustibles en la estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es determinante, con una ponderación exacta del 3,8% dentro de la canasta. Bajo esta métrica, se estima que por cada 10% de aumento efectivo en el precio final de venta al público, la inflación general recibe una presión directa de 0,38 puntos porcentuales, sin contar los efectos de segunda ronda, de acuerdo a estimaciones de la consultora EcoGo.
La política de no intervención
La decisión de la Secretaría de Energía es no intervenir en la decisión de las empresas de aumentar o no sus combustibles, pero decidió apelar a las pocas herramientas que le quedan para incidir en dos componentes del precio de un litro de combustible como lo son el fiscal y los biocombutibles para el corte obligatorio.
De acuerdo con la proyección de EyE, en ese sentido el atraso impositivo es significativo. Para abril de 2026, el monto pendiente de actualización por ICL y CO2 se sitúa en $212,5 por litro para las naftas y $89,4 por litro para el gasoil. De haberse aplicado el esquema tributario completo, el salto en las estaciones de servicio habría sido drástico, alejando los precios de los objetivos de convergencia que se trazaron a principios de año.
Como complemento a la tregua fiscal, el Gobierno oficializó hoy un cambio en las especificaciones técnicas de los combustibles, permitiendo un mayor porcentaje de corte de bioetanol. Esta medida, negociada con las empresas del sector, tiene como objetivo sustituir una mayor porción de derivados del petróleo por biocombustibles de origen nacional. Al aumentar la participación de los renovables, se logra amortiguar el impacto del encarecimiento del crudo Brent en la estructura de costos de las refinadoras.
Esta convergencia hacia una mayor tasa de biocombustible representa un alivio económico. Al elevar el corte, el país reduce la dependencia de las importaciones de combustibles terminados en un momento de volatilidad cambiaria y geopolítica. Para las petroleras, esta modificación técnica permite absorber parte del incremento de costos internacionales sin trasladarlo íntegramente al precio final pagado por el consumidor en la manguera.
La volatilidad es la única certeza
El mercado observa con cautela la sostenibilidad de estas medidas. Si bien la suspensión del impuesto actúa como un "ancla" temporal para el IPC, el costo fiscal genera más presión al cumplimiento de las metas de equilibrio presupuestario, ya acosadas por la baja de recaudación interanual. No obstante, desde el entorno del ministro Caputo consideran que el beneficio de estabilizar las expectativas de inflación en el corto plazo compensa la pérdida transitoria de ingresos tributarios.
En cuanto a lo que prevé el mercado para las próximas semanas, los analistas coinciden en que la volatilidad seguirá siendo la norma. El precio del barril de petróleo continúa sensible a las noticias del frente externo, lo que mantiene en alerta a las empresas como YPF, Shell, Axion y Puma que dominan más de 95% del mercado. El consenso es que, si bien el Gobierno evita un incremento adicional en abril, la presión por una actualización de precios persistirá si el crudo no retrocede.
Las cámaras empresariales del sector bioenergético recibieron de manera positiva el incremento en los cupos de corte, viendo en ello una oportunidad para dinamizar la industria regional. Sin embargo, desconfían de la receptividad de las petroleras a la nueva medida luego de años de disputas y controversias en torno a un resistido incremento del corte obligatorio de nafta y gasoil.