El "oro blanco" llega a Mendoza: el ambicioso plan para activar su primer proyecto de litio

Mendoza ha decidido romper con décadas de letargo en su política extractiva para subirse a la tendencia nacional y regional, con San Juan como locomotora cuyana. En un movimiento que marca un hito en la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, el Poder Ejecutivo provincial remitió hace unos días a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto "Don Luis y Otro". No es un trámite más: se trata del primer paso concreto para que la provincia, históricamente centrada en la vitivinicultura y el petróleo (en el Sur de su geografía), comience a jugar en la liga del litio.

El proyecto, que se localiza en la estratégfica zona de Salinas del Diamante, abarcando territorios de los departamentos de San Rafael y Malargüe (lugares conocidos por muchos por las plantaciones de frutas de carozo), representa el desembarco formal de capitales mixtos en la minería de primera categoría mendocina. Detrás de la iniciativa se encuentra una alianza de alto perfil técnico: la firma local El Jarillar en sociedad con la australiana Ampere Lithium. Para el mercado de capitales mineros, la presencia de una operadora de Australia —país líder en estándares mineros y tecnología de prospección— funciona como un sello de garantía sobre la viabilidad técnica y el cumplimiento de protocolos internacionales de un emprendimiento que abarca una superficie muy grande, de más de 234.000 hectáreas.

El proyecto tiene como finalidad primaria obtener información técnica precisa sobre el potencial de sales de litio y otros minerales estratégicos presentes en la zona de Salinas del Diamante. La etapa de exploración permitirá definir con mayor claridad las características del subsuelo, la calidad de las salmueras y la factibilidad de avanzar en futuros estudios de mayor detalle, siempre dentro del marco normativo.

Litio en Mendoza: la ingeniería legal frente a la Ley 7.722 y el blindaje ambiental

El principal desafío de Mendoza no ha sido geológico, sino político-normativo. El Gobierno es consciente de que cualquier avance minero debe caminar sobre el estrecho margen que permite la Ley 7.722. La normativa regula la actividad y prohíbe el uso de ciertas sustancias químicas. En este sentido, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, ha sido enfática al señalar que este proyecto de litio ha sido sometido a un "blindaje técnico" sin precedentes.

La DIA llega a la Legislatura con el respaldo de una constelación de organismos que busca desactivar cualquier foco de resistencia social o judicial, garantizando que el proceso de exploración sea compatible con el resguardo del recurso hídrico, el activo más sensible de la provincia. El esquema de control incluye:

• La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo
• El Departamento General de Irrigación
• Vialidad Provincial
• El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
• Auditorías cada dos años por parte de la Autoridad Ambiental Minera
• Inspecciones sin previo aviso y planes de monitoreo de biodiversidad

La apuesta mendocina por el litio no solo busca diversificar una matriz productiva que muestra signos de estancamiento (con las idas y vueltas de la vitivinicultura y el turismo), sino capturar parte del flujo de inversiones que hoy drena casi exclusivamente hacia el Triángulo del Litio en el Norte Grande argentino (Salta, Jujuy y Catamarca) o a la gran minería metalífera, con San Juan como ejemplo de lo que la actividad catapultó a una provincia que estaba en una encrucijada hace 20 años atrás.

Al habilitar la etapa exploratoria de "Don Luis y Otro", Mendoza envía una señal clara de que la provincia está abierta a la minería de vanguardia. El régimen de control impuesto por la Autoridad Ambiental Minera es, de hecho, uno de los más estrictos del país ya que incluye auditorías cada dos años, inspecciones sin previo aviso, planes de monitoreo de biodiversidad y la contratación obligatoria de seguros ambientales de caución, un requisito que el sector financiero lee como un mecanismo de mitigación de riesgo para el Estado.

Y un secreto a voces: para las empresas involucradas, el éxito en la Legislatura —paso necesario para la autorización plena— no solo abrirá las puertas a las perforaciones, sino que podría disparar una nueva ola de prospección en áreas salinas que hasta hoy habían sido ignoradas por el radar inversor.

Desde el punto de vista del negocio, la reactivación minera de Mendoza llega en un momento de "ventana de oportunidad" crítica. Con el precio del litio buscando un nuevo equilibrio tras su pico histórico, la eficiencia logística y la estabilidad jurídica se vuelven las variables determinantes para los inversores.

Los entusiastas de la industria minera saben que este es apenas un primer paso —necesario claro—, pero políticamente significativo por la decisión del Ejecutivo de seguir dando señales para el desarrollo minero.