Denuncian a exinterventor del Enargas por flexibilizar calidad del gas que provoca intoxicaciones por monóxido de carbono

Casi al mismo tiempo en que el Ministerio de Salud confirmara un marcado aumento en los casos de intoxicación por monóxido de carbono en lo que va del año, una denuncia ante la Justicia Federal alertó que la causa de esos hechos sería la flexibilización de los estándares de calidad del gas natural que fue aprobada en 2024 por el exinterventor del Enargas, Carlos Casares.

Al ampliar los términos y alcances de la denuncia contra las autoridades de TGS y el Enargas que había impulsado a principios de abril, el abogado Martín Caputto advirtió que "la información oficial demuestra que el incremento de casos de intoxicación por monóxido de carbono no constituye una hipótesis abstracta, ni una especulación periodística, sino un fenómeno sanitario concreto reconocido por el propio Estado Nacional".

"Ante esa situación", agregó, "corresponde que la Justicia Federal investigue si dicho incremento guarda relación con decisiones regulatorias adoptadas por funcionarios públicos que, en razón de sus cargos, tenían el deber jurídico específico de proteger la seguridad del sistema y la salud pública".

En el escrito ampliatorio presentado en la causa que está en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardo, el abogado denunciante destacó que "la modificación regulatoria que aprobó en 2024 la intervención del Enargas conducida por Carlos Casares redujo los estándares técnicos de calidad históricamente vinculados a la seguridad operacional y a la combustión segura en artefactos domiciliarios".

Consideró que hubo una "flexibilización deliberada de estándares técnicos y regulatorios vinculados a la seguridad pública, privilegiando intereses económicos y operativos de empresas del sector por sobre la protección de la vida, salud e integridad física de la población usuaria".

Apuntó, además, que "el criterio rector de la reforma no estuvo centrado exclusivamente en parámetros de seguridad pública, sino también —y especialmente— en objetivos de aprovechamiento económico y operativo del recurso gasífero, lo que aparece, prima facie, en abierta contradicción con los criterios históricos de seguridad que rigieron la regulación del servicio público de gas natural".

Según Caputto, lo que se debe investigar "es la eventual utilización del aparato regulatorio estatal para flexibilizar estándares de seguridad pública en beneficio de intereses económicos vinculados a la explotación y comercialización del gas no convencional, aun cuando existían advertencias sobre riesgos potenciales para la salud de la población".

Resolución en la mira

La resolución del Enargas que quedó en la mira aprobó la inyección en las redes de transporte y distribución del gas sin tratamiento de Vaca Muerta que tiene más calorías que las permitidas por las normas de seguridad que estuvieron vigentes hasta 2024.

Técnicos del sector explicaron que el gas de la cuenca neuquina tiene un poder calorífico mayor del que admiten los artefactos domésticos y los equipamientos industriales que están fabricados y calibrados para funcionar con una capacidad de oxígeno relativa a cierta cantidad de calorías. Cuando reciben un gas con un poder calorífico mayor, la llama habitual de color azul pasa a ser de color amarillo porque el oxígeno resulta insuficiente y en la combustión despide monóxido de carbono.

En la consulta pública que realizó el Enargas antes de aprobar la polémica medida, las principales empresas del sector advirtieron que la flexibilización de los niveles de calidad del gas natural podía generar alteraciones en los procesos de combustión de artefactos domiciliarios y aumentar el riesgo de generación de monóxido.

Tras recordar que "el monóxido de carbono constituye un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro, cuya inhalación puede provocar daños neurológicos severos, intoxicaciones graves e incluso la muerte", la denuncia señaló que "cualquier modificación normativa vinculada a la calidad del gas natural transportado y distribuido en el país exige un análisis particularmente riguroso desde la perspectiva de la seguridad pública y del principio precautorio".

La presentación consignó que "de los documentos analizados surge que las modificaciones introducidas por el Enargas habrían priorizado la necesidad de adaptar el sistema a las características del gas proveniente de Vaca Muerta y a la expansión del aprovechamiento comercial del recurso, aun cuando existían advertencias técnicas respecto de sus posibles consecuencias sobre la seguridad de la combustión en instalaciones domiciliarias".

Más casos de intoxicación registrados

Según los últimos datos epidemiológicos oficiales, entre enero de 2025 y abril de 2026 se notificaron 2.281 casos de intoxicación por monóxido de carbono. De ese total, el 42% (948) correspondió a la región Centro y el 29% (660) a la región Sur. En menor proporción, las regiones Cuyo, NOA y NEA concentraron el 19% (426), 10% (236) y menos del 1% (11) de los casos, respectivamente.

Los números del Boletín Epidemiológico Nacional muestran que, en lo que va de 2026, ya se llevan acumulados 263 casos confirmados de intoxicación por monóxido de carbono con 9 personas fallecidas. Las regiones Centro y Cuyo —principalmente Buenos Aires, CABA, Mendoza y Entre Ríos— superaron entre 4 y 8 veces el valor esperado para este período del año.

La denuncia de Caputto remarcó que "existen elementos objetivos suficientes para justificar una investigación penal exhaustiva tendiente a determinar las siguientes cuestiones:

• Si las modificaciones regulatorias introducidas en 2024 redujeron estándares de seguridad vinculados a la combustión segura del gas natural
• Si dichas modificaciones fueron impulsadas pese a advertencias técnicas previas y si existieron informes internos, objeciones técnicas o advertencias de especialistas que hubieran sido desatendidas
• Si los equipos técnicos del Enargas que históricamente intervinieron en la evaluación de calidad del gas fueron apartados, reemplazados o vieron limitada su participación técnica en el proceso de aprobación de la flexibilización regulatoria cuestionada, así como las razones, antecedentes y actos administrativos que eventualmente dispusieron tales modificaciones en la estructura de intervención técnica

Sobre la base de los hechos planteados, la presentación judicial destacó que "corresponde investigar la eventual configuración de conductas compatibles con figuras culposas vinculadas a estragos o puesta en peligro de la salud pública, especialmente al acreditarse que las autoridades intervinientes conocían los riesgos asociados a la modificación de los parámetros de calidad del gas natural y, pese a ello, aprobaron su implementación sin validaciones suficientes o desatendiendo advertencias técnicas relevantes".