Disputa de alta tensión: dos mineras se pelean por los derechos del transporte eléctrico en San Juan
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La realización de una audiencia pública convocada este miércoles por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) expuso las inesperadas diferencias entre dos de las principales compañías mineras que operan en la provincia de San Juan y cuyos proyectos forman parte de la revoluciòn de la minería de cobre.
Este mecanismo institucional, diseñado para que empresas, ciudadanos y el Estado debatan una de las grandes obras civiles que requiere la industria, se convirtió en el escenario de una puja por el acceso a la infraestructura eléctrica de alta tensión. La definición de este debate marcará un precedente en cuanto a cómo se asignarán los recursos energéticos en la el paìs ante la demanda de infraestructura de los mega proyectos.
El nudo del conflicto radica en quién y cómo podrá utilizar la capacidad de transporte de energía en una región clave para la minería de cobre. Por un lado, se encuentra el Proyecto de Interconexión Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT), una megaobra diseñada para vincular el Distrito Vicuña con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La iniciativa contempla una red propia capaz de soportar consumos que escalarán desde los 260 MW iniciales hasta un pico de 700 MW, abarcando la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo.
Desde la perspectiva de Vicuña, los fundamentos de la obra responde a un emprendimiento financiado enteramente con capitales privados, sin requerir aportes estatales ni trasladar costos a los usuarios residenciales. La empresa argumenta que la prioridad de acceso solicitada al regulador se limita de forma exclusiva a la capacidad adicional que generarán las nuevas instalaciones y sostiene que, una vez finalizada, la infraestructura se integrará al patrimonio nacional, lo que propiciará el cierre del anillo energético con La Rioja y robustecerá el suministro en el departamento Iglesia.
El tendido de 500kv eje de la disputa
Con una mirada disidente, Andes Corporación Minera, titular del yacimiento Los Azules, formalizó su rechazo categórico durante la jornada del encuentro regulatorio. La firma objeta los términos de la Resolución 79/2026, la cual asegura concede beneficios de transporte a Vicuña sobre el corredor troncal de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo.
La compañía advierte que esta medida lesiona de manera directa sus posibilidades de conexión para el futuro desarrollo de su propia mina, a pesar de poseer estudios presentados ante Transener y la habilitación como agente del Mercado Eléctrico Mayorista.
El cuestionamiento técnico de Los Azules apunta a la falta de rigurosidad en los cálculos que respaldan la normativa vigente. Representantes de la firma señalaron en la audiencia que otorgar un porcentaje tan elevado de la capacidad disponible por un plazo de 25 años, bajo supuestos simplificados y no auditados, representa una transferencia de un activo público a manos de un único actor privado. A su entender, el criterio aplicado por Cammesa carece de la transparencia metodológica necesaria para una planificación regional sostenible y equitativa.
La impugnación legal formulada por la firma opositora también expone supuestas inconsistencias en la cadena de aprobaciones administrativas del ente regulador. El equipo jurídico de Los Azules alegó en sus ponencias la existencia de fallas en los informes técnicos y dictámenes del ENRE, al considerar que se omitieron análisis independientes y se utilizaron estándares desiguales para evaluar los tramos de la red.
Por este motivo, la operadora solicitó la revocación parcial de la medida para evitar que el conflicto derive en una inminente instancia judicial.
Un modelo de gestión de la infraestructura
Frente a estas críticas, los desarrolladores de Vicuña defienden la legitimidad de sus gestiones, iniciadas en 2023 en coordinación con los organismos competentes y operadores del sistema. La compañía enfatiza que el proceso cumplió con la totalidad de los requisitos técnicos, ambientales y regulatorios exigidos por la Ley 24.065. Asimismo, destacan que el encuentro de hoy representa la culminación democrática de un diseño institucional que precisamente busca dar participación a todas las partes interesadas antes de una aprobación final.
El debate de fondo excede la mera competencia corporativa y plantea interrogantes sobre el modelo de gestión de los recursos estratégicos en el país. Mientras Vicuña pondera su rol como inversor y dinamizador de una red que beneficiará a la provincia, Los Azules aboga por un esquema multiusuario y proporcional. La propuesta de esta última se basa en asignar la capacidad de transporte en función de la demanda real verificable, con revisiones periódicas que liberen la potencia no utilizada por los concesionarios.
La resolución de esta controversia mantiene en vilo al gobierno de San Juan y a las cámaras empresariales, debido al impacto directo sobre los plazos de ejecución de las obras mineras en la región. Las autoridades regulatorias enfrentan el desafío de emitir un dictamen que garantice la seguridad jurídica indispensable para las inversiones privadas, sin desatender los reclamos de equidad en el acceso a las redes de transmisión del Estado, las cuales deben servir de base para el desarrollo de múltiples proyectos.
El tramo comprendido entre Chaparro y Josemaría, que opera bajo la modalidad de Uso Particular tras su respectiva validación a comienzos de año, aguarda la habilitación final para iniciar operaciones. Sin embargo, el destino de la infraestructura troncal de 500 kV permanece supeditado a la evaluación que realice el ENRE sobre las posturas manifestadas hoy por las partes. El resultado determinará si se consolida el esquema propuesto por el desarrollador principal o si se reconfiguran las condiciones de participación.
Los directivos de Los Azules ratificaron que la intención de la firma no consiste en trabar el avance de otros emprendimientos metalíferos, sino asegurar condiciones de competencia justas y previsibles. La defensa del acceso abierto a las redes de transporte se presenta, según sus declaraciones, como un reclamo institucional orientado a resguardar la sustentabilidad y el crecimiento armónico de todos los proyectos productivos sanjuaninos, evitando monopolios sobre la infraestructura clave.