El Gobierno licita una megaobra por u$s1.000 millones para evitar cortes de luz en el AMBA

El Gobierno nacional anunció la licitación pública nacional e internacional para la ejecución de "AMBA I", una megaobra estratégica de infraestructura eléctrica proyectada para superar los u$s1.000 millones de dólares en inversiones asociadas.

El proyecto busca resolver de forma definitiva las restricciones estructurales del sistema de transporte de energía en el Área Metropolitana de Buenos Aires y poner fin a los recurrentes cortes de luz en el conglomerado urbano que concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica total del país.

La convocatoria fue anticipada este martes por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía bajo un esquema de construcción, operación y mantenimiento a cargo del sector privado mediante una concesión de transporte.

La iniciativa constituye el primer hito del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, una hoja de ruta de largo alcance que contempla desembolsos por más de u$s6.600 millones y la suma de 5.610 kilómetros de redes de alta tensión en distintos puntos del territorio nacional.

Una obra clave luego de años de desinversion

El diagnóstico elaborado por las autoridades expone años de severa desinversión en el parque eléctrico. Durante la última década, la demanda de los usuarios residenciales en el AMBA registró un incremento del 20%, mientras que la red de transporte de alta tensión creció apenas un 8%.

Este descalce prolongado provocó cuellos de botella permanentes y saturó la infraestructura existente, dejando a la red expuesta a fallas en cadena y colapsos sistemáticos durante los periodos de mayor exigencia climática.

Para revertir esta vulnerabilidad, el trazado de AMBA I prevé la instalación de 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en niveles de 500 kV, 220 kV y 132 kV, una obra largamente anunciada y cuyo diseño original excede largamente a la actual gestión de gobierno. 

El núcleo del sistema estará localizado en la nueva Estación Transformadora Plomer (500/220/132 kV), que se complementará con la incorporación de equipos de compensación reactiva de última tecnología (STATCOM) y un abanico de obras de interconexión con las redes de las empresas distribuidoras del área metropolitana.

Una vez finalizada, la ampliación incorporará alrededor de 2.000 MW de capacidad de transporte adicional al nodo del Gran Buenos Aires. Este volumen no solo otorgará margen de maniobra para atender el crecimiento del consumo residencial y comercial, sino que otorgará estabilidad a todo el entramado productivo de la región al elevar sensiblemente los estándares de seguridad energética en la zona más poblada del país.

Cómo se estructurará el financiamiento de la obra

El modelo de negocios diseñado por el Poder Ejecutivo introduce un renovado marco regulatorio fundado en el capital privado genuino, sin recurrir al gasto público ni comprometer las arcas del Estado.

Para mitigar riesgos y asegurar el atractivo financiero ante inversores internacionales, el proyecto dispone del respaldo de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente en proceso de estructuración final.

En paralelo, el pliego licitatorio habilita a la firma que resulte adjudicataria a solicitar la inclusión de la obra dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta herramienta proporciona previsibilidad normativa, ventajas impositivas y certezas cambiarias, condiciones consideradas indispensables para el desarrollo de proyectos de infraestructura intensivos en capital y de ejecución plurianual.

El cronograma licitatorio establece que la presentación y apertura del Sobre N° 1, relativo a la calificación técnica y a la solvencia financiera de las empresas oferentes, se llevará a cabo durante la primera quincena de diciembre de 2026.

Tras la evaluación de las credenciales presentadas, el Ministerio de Economía prevé abrir el Sobre N° 2 con las propuestas económicas y concretar la adjudicación formal a comienzos de 2027, momento en que se suscribirá el contrato de concesión respectivo.

Cuatro años de obras que movilizará a la industria

Los trabajos técnicos se estructuraron en dos fases sucesivas con un plazo máximo de ejecución fijado en 52 meses, lo que refleja el por qué del costo superior a los u$s1.000 millones que permitirá dotar de seguridad de abastecimiento al AMBA pero que también dará equilibrio a todo el sistema nacional. 

La magnitud de las tareas demandará una masiva contratación de mano de obra especializada, dinamizando rubros clave como la construcción, la ingeniería civil, las telecomunicaciones y la industria metalmecánica proveedora de insumos eléctricos pesados.

Ayer, la Secretaría de Energía reordenó los esquemas financieros destinados a la infraestructura del sistema de transmisión eléctrica, lo que permitirá disponer de un capital inicial de u$s110 millones para las obras de construcción del preyecto de tendido eléctrico denominado AMBA I, clave para mejroar la capacidad del sistema.

Lo hizo a través de la Resolución 201/2026 publicada en el Boletín Oficial, por la cual dispuso la liberación de los recursos acumulados en la denominada "Cuenta de Exportaciones", una caja administrada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), sobre la que las generadoras eléctricas reclaman por un recorte que golpea sus ingresos.

El fondo, alimentado por las ventas de energía eléctrica a países vecinos, acumula un saldo cercano a los u$s110 millones que ahora se redirigirán para funcionar como un anticipo financiero en el proceso licitatorio del Proyecto AMBA I tal lo dspuesto por el área conducida por María Tettamanti.

Un proyecto largamente demorado durante varios gobiernos

Pese a la urgencia que demanda el sistema, el llamado a licitación para la ejecución de AMBA I acumula repetidas demoras y constantes modificaciones en su hoja de ruta. Tras la decisión adoptada en 2024 de descartar el financiamiento preferencial otorgado por bancos chinos -mecanismo que se había negociado durante la administración previa-, las autoridades intentaron encuadrar el desarrollo bajo el régimen de "concesión de obra pública". 

Bajo este esquema, la empresa privada adjudicataria debe asumir la totalidad del costo inicial, estimado en torno a los u$s1.000 millones, para recién comenzar a percibir la remuneración de su inversión una vez que las instalaciones entren en operación comercial.

Las condiciones fijadas para el esquema privado abrieron un extenso debate técnico sobre la viabilidad del repago. Ante la objeción del sector bancario para financiar un proyecto que no genera ingresos durante su etapa de construcción, la cartera de Energía evaluó la posibilidad de instrumentar un "estampillado previo".

Este mecanismo buscaba incorporar un recargo temporal en las boletas del servicio para que los usuarios comenzaran a pagar la obra por adelantado. Sin embargo, la alternativa fue desestimada al constatarse que vulneraba los principios normativos vigentes en la regulación de los servicios públicos.