El megaproyecto petrolero en Malvinas rechazado por Milei generará exportaciones por u$s1.600 M al año

El megaproyecto petrolero Sea Lion tiene estimaciones del consorcio integrado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration que indican que, una vez que el yacimiento entre en fase de producción comercial en la Cuenca Malvinas Norte, estará en condiciones de volcar al mercado global un caudal de exportaciones brutas cercano a los u$s1.600 millones al año.

Se trata del proyecto que está en la mira del Gobierno de Javier Milei. De hecho, este lunes el Ejecutivo confirmó que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La acción se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por Argentina en esa zona en disputa.

La demanda se radicará en la Cámara Federal porteña. Estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

Las empresas alcanzadas por la denuncia son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Todas operan en proyectos petroleros en aguas próximas al archipiélago.

El texto oficial sostiene que tres de las firmas -Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.- habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion, lo que implicaría una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

La acusación no se limitará a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluirá a "todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados" que hayan participado de los hechos bajo investigación.

Cómo es el proyecto en Malvinas que quedó en la mira del Gobierno

Más allá de los reclamos de soberanía realizados por el Gobierno de Javier Milei y la invalidez jurídica de las licencias otorgadas por el gobierno colonial isleño, el proyecto cobra dimensión en los mercados financieros internacionales debido a la magnitud de los recursos hidrocarburíferos certificados y a la proyección de divisas que la cuenca podría generar una vez operando comercialmente.

Esta etapa contempla la puesta en marcha de un esquema de extracción offshore conectado a un buque de producción, almacenamiento y descarga, diseñado para alcanzar un nivel de extracción continuo de 55.000 barriles de crudo por día.

Traducido a un régimen anualizado se trataría de unos 20 millones de barriles exportables, y tomando como referencia un valor del barril de Brent en torno a los u$s80, el complejo extractivo está en condiciones de generar ingresos brutos por exportaciones directas cercanos a los u$s1.600 millones al año.

Pero como en toda estimación comercial de recursos petroleros, al valor bruto del mercado se le deben aplicar eventuales descuentos por calidad del crudo y por el costo logístico, lo que va variando de acuerdo a la demanda global.

Ingresos millonarios a corto plazo para petroleras en infracción

Sin embargo, los números preliminares de Navitas Petroleum son un punto de partida para un posible crecimiento de escala dado que los estudios geológicos más recientes elevaron el total de recursos recuperables en el bloque a más de 900 millones de barriles de petróleo.

En función de estas dimensiones, el operador formalizó la compra de una segunda unidad de producción flotante con el propósito de acelerar las etapas subsiguientes e integrar el desarrollo de yacimientos satélites en la misma cuenca.

Este esquema ampliado prevé escalar la extracción conjunta hasta los 180.000 barriles diarios para el final de la década, lo que elevaría exponencialmente el volumen exportable y situaría la facturación bruta proyectada por encima de los u$s5.000 millones anuales durante los momentos de pico productivo.

En términos de acumulación a largo plazo, el potencial de generación de divisas a lo largo de los 30 años de vida útil previstos para la concesión se calcula en una banda que va desde los u$s40.000 millones hasta superar los u$s100.000 millones en valor bruto de venta de hidrocarburos, dependiendo de los cambios del precio internacional del barril. 

Este monumental flujo financiero transformaría la estructura fiscal de la administración de ocupación británica en las islas, que proyecta capturar entre u$s4.800 millones y u$s 8.800 millones únicamente en concepto de regalías e impuesto a las ganancias, asegurándose un ingreso fiscal directo promedio superior a los u$s 140 millones por año.

La aceleración de los plazos operativos, que ubican la primera extracción de crudo comercial hacia el primer semestre de 2028, consolida a Sea Lion como una de las fronteras petroleras sin desarrollar de mayor envergadura en el Atlántico Sur.

La táctica de la asfixia por Malvinas del Gobierno de Milei

Para encaminar semejante nivel de facturación, el diseño del financiamiento exige una rigurosa planificación de costos. El consorcio diseñado por Navitas establece que el costo de desarrollo por barril se ubicará en torno a los u$s12, mientras que el costo de extracción mantendrá un piso cercano a los u$s10 a u$s15 por unidad.

Esta estructura de costos competitiva le permite a Sea Lion ofrecer una tasa interna de retorno (TIR) atractiva para los fondos internacionales, asegurando la viabilidad comercial del proyecto aun frente a hipotéticos escenarios de volatilidad con un barril cotizando por debajo de los u$s60.

Para apalancar los cerca de u$s1.800 a u$s2.000 millones necesarios antes del "primer petróleo" previsto para 2028, el consorcio recurre a una combinación de crédito bancario estructurado, emisión de deuda corporativa en la Bolsa de Tel Aviv y la eventual búsqueda de un tercer socio estratégico que ingrese con participación minoritaria para repartir el compromiso de inversión. 

No obstante, la proyección en divisas enfrenta la incertidumbre por el impacto de las recientes sanciones del gobierno argentino. El esquema de la Ley 26.659 establece inhabilitaciones administrativas y penales severas a toda compañía, entidad bancaria o proveedora de servicios marítimos que participe directa o indirectamente en la exploración y explotación petrolera en la plataforma continental argentina sin contar con la habilitación formal de las autoridades nacionales.

Este cerco legal -que el Gobierno argentino reforzó al extender la responsabilidad hacia la cadena de contratistas, empresas de logística y estructuradores financieros— representa un obstáculo directo para la ejecución del plan de negocios.

La amenaza de quedar excluido de la operación en yacimientos clave de la Argentina continental, como Vaca Muerta o el desarrollo offshore, incrementa la prima de riesgo para los bancos internacionales e induce a los grandes proveedores de dragado, buques sísmicos y torres de perforación a evaluar si el margen económico de Sea Lion compensa la inhabilitación para ingresar al mercado energético argentino.

Quiénes son las empresas detrás del proyecto

Sea Lion es operado por Navitas Petroleum, una compañía israelí que posee el 65% de participación en el proyecto. La firma cotiza en la Bolsa de Tel Aviv. Navitas ingresó al proyecto en 2022 después de adquirir esa participación mayoritaria de Harbour Energy. Con esa operación también asumió el control operativo del área.

El 35% restante pertenece a Rockhopper Exploration, una petrolera británica enfocada en exploración y producción. La compañía cotiza en el mercado AIM de Londres y participa del proyecto desde las primeras etapas de exploración. Mantiene activos vinculados principalmente con las islas, además de algunos intereses menores en Italia.

Las grandes petroleras globales evitaron involucrarse en Sea Lion por el riesgo político que implica operar en una zona de disputa de soberanía. Esto permitió que compañías medianas, con menor exposición internacional, tomaran el control del proyecto.

Harbour Energy, que originalmente controlaba el proyecto, decidió desprenderse de Sea Lion. La compañía británica posteriormente reforzó su presencia en Argentina. En 2024, Harbour Energy compró los activos de la alemana Wintershall Dea en el país. Con esa adquisición pasó a integrar proyectos de explotación offshore frente a las costas de Tierra del Fuego.

Hoy opera junto con TotalEnergies y Pan American Energy (PAE) en áreas que sí están bajo jurisdicción argentina indiscutida, la más significativa es la operación offshore en la Cuenca Austral, de deonde se aporta algo más del 18 por ciento del total del gas natural que consume el país.