Una jueza de Río Grande ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas
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La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que opera al norte de las Islas Malvinas. La medida alcanza a dos empresas internacionales: Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La orden judicial prohíbe iniciar o continuar obras en la zona del archipiélago. La suspensión abarca perforaciones exploratorias, instalaciones submarinas y el arranque de la extracción comercial de petróleo, tres pilares fundamentales del proyecto valuado en cientos de millones de dólares.
La jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a la medida cautelar presentada por un ex combatiente de la guerra de Malvinas. La acción judicial se enmarca en las denuncias que activó el Gobierno de Javier Milei contra las empresas que operan en territorio en disputa.
"Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras", precisa el fallo. También se busca impedir actos financieros destinados a posibilitar su ejecución.
La decisión judicial exige comunicar la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores. Además, requiere a las empresas demandadas que individualicen a las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento.
Qué alcance tiene la medida cautelar contra Sea Lion
La magistrada aclaró que la determinación "reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas". Tampoco resuelve la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal.
La orden busca paralizar la operatoria financiera del proyecto: prohíbe a las empresas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital y préstamos entre sociedades vinculadas.
También veda constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto Sea Lion. La medida apunta directamente a cortar el flujo de fondos que sostiene las operaciones.
El fallo obliga a las compañías a entregar información detallada sobre la estructura del proyecto. La exigencia apunta a transparentar toda la operatoria que sostiene Sea Lion.
Las empresas deben detallar cómo es la estructura societaria usada para el proyecto. Este punto busca identificar todas las compañías vinculadas, tanto directas como indirectas.
También tienen que precisar las entidades financieras y fondos que financiaron el emprendimiento. La orden incluye revelar los desembolsos hechos, los comprometidos y los que están pendientes.
Otro dato clave: las aseguradoras y reaseguradoras relacionadas con Sea Lion. El tribunal quiere conocer toda la red de protección financiera montada para el proyecto.
Las demandadas deben entregar los estudios ambientales, análisis de riesgo y modelizaciones de derrames. Los planes de contingencia ante posibles accidentes también forman parte del pedido judicial.
Por último, se exige especificar las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas. Cualquier ampliación planeada o incorporación de nuevos pozos vinculada con el emprendimiento debe ser informada.
Qué le pidió la jueza a organismos argentinos
La magistrada le solicitó a la Cancillería que informe en un plazo de 10 días sobre las habilitaciones de las empresas. El requerimiento es preciso: determinar si cuentan con permiso de autoridad competente argentina.
El pedido abarca actividades de exploración, explotación o cualquier otra operación hidrocarburífera en las Islas Malvinas. También alcanza a los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina.
La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, bajo la órbita de la Subsecretaría de Ambiente de Jefatura de Gabinete, también recibió una orden. Debe indicar si existe en sus registros algún aviso del proyecto presentado.
El organismo ambiental tendrá que informar si se inició algún procedimiento de análisis de impacto ambiental respecto de Sea Lion y sus posibles ampliaciones, un requisito obligatorio en territorio argentino para proyectos de esta magnitud.
Además, deberá comunicar si se dictó declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente. En caso negativo, tiene que notificar al Juzgado el eventual inicio de tal procedimiento si ocurriere con posterioridad.
La medida judicial llega en un momento clave para Sea Lion. El proyecto está en fase avanzada de preparación y esta suspensión complica los plazos previstos por las compañías internacionales.
