El Plan del Gobierno para que en 2027 los usuarios paguen el 88% del costo de la energía
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Puntos importantes
El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 busca eliminar subsidios energéticos, fijando que los usuarios cubran el 88% del costo real de la energía para ese año.
Las tarifas subieron 867% desde 2023, ahora pesan 14.6% del salario promedio, y los beneficios para sectores vulnerables se están erosionando.
El transporte público es la carga mayor, con asimetrías regionales. El servicio de agua es el único ya autosostenible.
El proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 consolida el sendero de retiro de la asistencia estatal sobre los servicios públicos y fija como meta fiscal central que la demanda residencial y comercial cubra, en promedio, más del 88% del costo real de abastecimiento de la energía en la Argentina.
La hoja de ruta presupuestaria enviada al Congreso proyecta un nuevo recorte sobre las partidas destinadas a sostener el costo del sistema eléctrico y del gas natural, reduciendo las transferencias corrientes desde un estimado del 0,64% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 hacia un 0,53% del PIB en 2027.
El informe técnico elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) confirma que, tras el impacto de las pautas de ajuste aplicadas durante 2026, la brecha entre la tarifa plena y el costo técnico se redujo a sus mínimos históricos, dejando el escenario listo para el tramo final del sinceramiento.
El sendero energético y la brecha con costos reales
El esquema planteado por el Poder Ejecutivo busca acelerar la eliminación de los subsidios implícitos a la oferta y a la demanda, forzando a que las facturas finales reflejen la evolución del costo monómico de la energía y del precio del gas en punto de ingreso al sistema de transporte (PIST).
De acuerdo con el reporte del IIEP, hacia septiembre de 2026 los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya alcanzaron una cobertura promedio de costos (CPP) del 58% en energía eléctrica y del 57% en gas natural, sumando a los segmentos N1, N2 y N3.
Para lograr la meta propuesta del 88% de cobertura en 2027, la administración nacional apuesta a una estrategia combinada. Por un lado, contempla la continuidad de los reajustes mensuales indexados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de costos mayoristas. Por el otro, confía en la estabilidad del tipo de cambio oficial y en el sostenimiento de un sendero de apreciación cambiaria que evite un salto nominal desmedido en los insumos dolarizados de generación y producción.
En la proyección del presupuesto, el Ejecutivo prevé recortar los giros a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y a Integración Energética Argentina (ENARSA), transfiriendo de manera directa a los cuadros tarifarios residenciales e industriales el costo marginal de despacho.
No obstante, el reporte del observatorio advierte sobre el riesgo latente de este esquema: en los primeros nueve meses de 2026, los subsidios nominales debieron reforzarse a raíz de la volatilidad internacional del crudo y del gas licuado, acumulando una suba real del 2% al 18 de septiembre, donde las partidas destinadas a la energía eléctrica crecieron 88% en términos nominales (43% en términos reales) para compensar los costos del parque térmico.
La meta del 88% para 2027 exigirá neutralizar cualquier desvío en los precios internacionales de los combustibles importados para evitar un impacto de caja en el Tesoro Nacional.
La canasta del AMBA trepa a $268.405
A la par de las proyecciones para el año próximo, el informe del IIEP revela la radiografía actual de las tarifas en el AMBA. Durante el mes de septiembre de 2026, la c para un hogar representativo sin subsidios registró un valor total de $268.405, lo que representa una contracción del 7,3% con respecto a los $289.544 anotados en agosto.
Esta caída mensual no respondió a una rebaja en los esquemas tarifarios, sino a un factor netamente estacional: la drástica reducción en la demanda de gas natural y electricidad producida por el fin de las bajas temperaturas invernales.
En el caso del gas natural, pese a que la tarifa fija subió un 1,9% y el componente variable aumentó un 1%, el menor consumo derivó en un descenso del 19,9% en el costo final de la factura promedio de un usuario N1, situándose en $49.370 al mes. Un comportamiento similar se registró en el servicio eléctrico, donde la menor demanda redujo el monto final un 18,8% mensual hasta los $49.770, contrarrestando la suba de 1,7% en el cargo fijo.
Sin embargo, el comportamiento acumulado en los primeros nueve meses de 2026 y la dinámica interanual muestran una tendencia marcadamente alcista. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, la canasta total de servicios públicos experimentó un salto del 867%, superando ampliamente al nivel general de precios (IPC), que registró un avance del 254% en el mismo período.
En la medición interanual, el costo global para un hogar subió un 55% frente a una inflación estimada del 33%, lo que implica que las tarifas crecieron 22 puntos porcentuales por encima del índice general de precios, acumulando en 2026 un alza del 46,3%.
El peso de los servicios sobre el salario
El reordenamiento de los precios relativos tuvo un impacto directo sobre los ingresos familiares. La canasta de servicios públicos del AMBA absorbe actualmente el 14,6% de un salario promedio registrado (RIPTE), un indicador que contrasta fuertemente con el panorama observado a fines de 2023, cuando las tarifas representaban menos del 5% del salario promedio.
A la par de este incremento en el peso sobre el ingreso, el informe del IIEP destaca el deterioro relativo de los mecanismos de cobertura social. Tras la aplicación de la Resolución 40/2026, que congeló los topes máximos de consumo subsidiado en los valores vigentes a mitad de año, los beneficios destinados a los sectores vulnerables comenzaron a erosionarse.
Al no actualizarse las bonificaciones al mismo ritmo que la tarifa plena, la tasa efectiva de descuento que reciben los usuarios N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) cae de manera sostenida a medida que se autorizan nuevos ajustes tarifarios.
Dentro de la estructura de la canasta del AMBA, el servicio de transporte público se afianzó como el componente con mayor incidencia en el bolsillo de las familias, alcanzando un valor mensual de $126.689 y representando el 47% del gasto total en servicios. A diferencia de los suministros energéticos, el gasto en transporte no depende de la estacionalidad climática y mostró un incremento del 2,4% mensual en septiembre de 2026.
El transporte explicó 30 de los 55 puntos porcentuales de la suba interanual acumulada por la canasta de servicios públicos, con un alza en pasajes del 70% frente a la misma fecha del año anterior. Esta disparidad responde a la política de ajuste sobre los subsidios automotores, donde la cobertura media del costo en el AMBA alcanza apenas el 35%, obligando al Estado a destinar compensaciones por el 65% restante.
La brecha federal del colectivo
El informe del IIEP expone las marcadas asimetrías territoriales que persisten en la Argentina en materia de transporte. Mientras el costo técnico real para operar un colectivo en la CABA y el conurbano bonaerense asciende a $2.096 por viaje, el pasaje medio abonado por los usuarios porteños se ubica en $888, generando una brecha del 136% entre el valor real y la tarifa de mostrador.
En contraste, la tarifa media en las principales provincias del interior se sitúa en $1.750, registrándose picos como el de San Carlos de Bariloche, donde el boleto mínimo alcanza los $2.333. La reducción acumulada del 27% real en los subsidios nacionales al transporte durante 2026 profundizó estas diferencias regionales.
Por último, el servicio de agua potable y saneamiento prestado por AySA se mantiene como el único rubro que alcanzó la meta de neutralidad fiscal. Con una cobertura tarifaria del 100%, los usuarios financian la totalidad de los costos operativos de la concesión sin recibir transferencias del Tesoro Nacional.
En septiembre de 2026, la factura promedio para un hogar residencial de coeficiente zonal medio se ubicó en $42.576 al mes, mostrando una leve baja del 0,9% respecto de agosto por el calendario de 30 días, aunque acumula una suba del 538% desde diciembre de 2023.
