RefiPampa afronta concurso por $80.000 millones y compromete el desarrollo de la red Vöy
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La empresa refinadora de hidrocarburos RefiPampa atraviesa una de las fases más críticas desde su fundación, y lo que comenzó hace menos de un año como un intento por reordenar compromisos de corto plazo se transformó en un proceso concursal de enorme magnitud. En ese lapso de apenas nueve meses, el pasivo verificado se multiplicó casi 15 veces.
En julio, el juez Carlos Bonino, a cargo del concurso preventivo de acreedores en la provincia de La Pampa, verificó una deuda superior a los $80.000 millones, repartida entre 110 acreedores reconocidos judicialmente. El número contrasta con el escenario registrado cuando la compañía solicitó la protección judicial con el objetivo inicial de renegociar cheques por $5.500 millones.
El trámite ante el Juzgado en lo Civil, Laboral, Comercial y Minería N° 3 de La Pampa se inició formalmente tras una resolución del directorio de la firma y el posterior informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En aquel momento, la conducción de su presidente, César Castillo- argumentó que la apertura del concurso preventivo resultaba imprescindible para garantizar la continuidad operativa del complejo refinador y resguardar las fuentes de trabajo de sus más de 70 empleados directos.
La empresa, perteneciente al holding Kalpa Group, opera instalaciones en territorio pampeano y cuenta con una planta de logística y acopio de combustibles en Junín, provincia de Buenos Aires, equipada con infraestructura dedicada a la carga y despacho mediante camiones cisterna.
Sin embargo, el deterioro financiero se profundizó con velocidad, exacerbado por restricciones crediticias y acciones judiciales promovidas por diversos organismos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictó embargos sobre la totalidad de las cuentas bancarias de la sociedad, mientras que la calificadora de riesgo Moody's Local Argentina recortó la nota crediticia de la refinería a la categoría D.ar (default) en moneda local.
La agencia justificó la rebaja al constatar el incumplimiento en el pago de capital e intereses de Obligaciones Negociables, remarcando que el nivel de endeudamiento había alcanzado 5,1 veces su EBITDA, cifra que superaba holgadamente los límites prudenciales del mercado. En ese contexto, la liquidez se redujo a unos $107 millones para afrontar exigencias financieras de corto plazo que sobrepasaban los $35.000 millones.
Acreencias estatales y riesgo en el sistema financiero
El desglose actual de los créditos verificados expone un fuerte impacto sobre el sector público nacional y provincial. ARCA encabeza las acreencias de organismos oficiales con un reclamo fiscal que supera los $22.000 millones. Por su parte, el Banco de la Nación Argentina registra acreencias por más de $8.550 millones, mientras que la Dirección General de Rentas de la Provincia de La Pampa acumula deudas por más de $4.510 millones.
El escenario financiero compromete de manera directa a entes públicos provinciales. Pampetrol SAPEM, la petrolera estatal pampeana que retiene el 20% del paquete accionario de la refinería, figura en la nómina de acreedores con $3.330 millones verificados.
A esta suma se agrega el Ente Provincial del Río Colorado, con una acreencia registrada de $93 millones. Dentro del sector privado, el mayor acreedor individual es la petrolera Phoenix Global Resources, con una acreencia que asciende a $14.000 millones. La diversidad de actores e instituciones involucradas evidencia un grado de afectación que trasciende la esfera privada e impacta sobre fondos públicos provincial y nacional.
La iliquidez de la compañía se refleja en los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los cheques rechazados de la firma alcanzan un monto cercano a los $12.000 millones, fundamentados íntegramente en la causal "Sin Fondos".
En forma paralela, la deuda consolidada en el sistema bancario supera los $29.500 millones, calificada en su totalidad dentro de los parámetros de riesgo alto e irrecuperable. Ante este cuadro de cesación de pagos, diversos acreedores han manifestado su disconformidad al comprobar que, durante el período de gestación del colapso, el último balance semestral de la sociedad registró la distribución de ganancias entre sus accionistas.
Caída operativa y el repliegue de la red Vöy
En el plano de la actividad productiva y comercial, el desbalance operativo resulta contundente. Durante los primeros meses de la crisis, la planta pampeana procesó un promedio de 1.150 m³ diarios de petróleo crudo, cifra distante de la capacidad nominal proyectada en 1.600 m³ diarios.
Esta merma en el procesamiento se acentuó hacia la segunda mitad del período debido a las dificultades para asegurar el abastecimiento de materia prima. Posteriormente, la facturación global registró un desplome superior al 50% interanual, al descender desde casi $196 millones en el ejercicio previo a ingresos por apenas $93,5 millones en la etapa reciente.
Este retroceso afectó de lleno al proyecto de integración vertical que la compañía impulsaba mediante la marca "Voy con Energía". La iniciativa, concebida para competir en el segmento minorista de combustibles y consolidar una red de estaciones de servicio abanderadas con presencia nacional, atraviesa hoy un proceso de desarticulación, retiro de marca y cambio de bandera en distintos puntos del país.
El expediente judicial prosigue su tramitación bajo las disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras. Mientras la sindicatura y el juzgado interviniente avanzan en la categorización de acreedores y en la verificación de los activos remanentes, el mercado energético observa el desenlace de un proceso crucial que determinará la factibilidad real de cobro para el entramado de proveedores privados y para las arcas estatales afectadas.
