El impuestazo al consumo en el exterior, que adelantó el Gobierno de Alberto Fernández durante el fin de semana, tiene varios efectos. Más allá intentar una reducción el déficit por turismo (actualmente en torno a los u$s5.000 millones) tiene su correlato en lo fiscal.

Calculan en las consultoras privadas que lo que generaría este nuevo tributo (por alcanza no sólo el uso de la tarjeta en el exterior sino además pasajes, paquetes, y proveedores de servicios del exterior como Netflix y Spotify) estaría en torno a los $100.000 millones. Sería algo menos del 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

OJF & Asociados estimó ese número en aproximadamente u$s120.000 millones, al igual que Econviews de Miguel Kiguel, pero desde CESUR creen que estaría en torno a los u$s95.000 millones. Estimaciones de la Jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Cafiero prevén un impacto más acotado, en línea con 0,2% del PBI. 

Sea como fuere, el hecho de que sea un impuesto nuevo que no se pueda tomar como adelanto de pago de otro tributo (tal como sucedió en la época de Cristina Kirchner) dejaría un para nada despreciable número.

Amilcar Collante de CESUR dice que el monto que se podría recaudar calzaría con gastos de la tarjeta alimentaria de dos millones de personas por $4.000 durante 12 meses.

"Un impuesto del 30% al turismos saliente parece tener un claro objetivo recaudatorio", señaló Kiguel, quien cree que el impacto en las arcas del Estado será mayor al 0,5% del PBI.

La cuestionada iniciativa oficial, más aún en un contexto donde el tipo de cambio claramente no está atrasado (y subió más de 400% durante la era de Mauricio Macri), generó rechazo en gran parte del público que ahora ve como se encarecerán sus vacaciones o consumos vía plataformas digitales del exterior.

Para la industria turística, además, podría ser un duro golpe. Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, señaló que el impuestazo del 30% al turismo emisivo podría producir el cierre de varias agencias con la obvia pérdida de puestos de trabajo. 

El sector se reunió este lunes con Matías Lammens, el ministro de Turismo y ex candidato a jefe de gobierno por el Frente de Todos, para empezar a dialogar acerca del alcance real de la medida.

Claro que no hubo novedades porque aún no está presentado el proyecto de ley en el Congreso. Elías enfatizó que intentarán que se contemple la situación que vive el sector, que -según dijo- viene muy castigado en los últimos años por la megadevaluación del peso que encarece los viajes al exterior. 

Lo cierto es que es poco probable que el oficialismo ceda ante los pedidos. La necesidad de "cuidar" los dólares y el afán de buscar un mayor alivio fiscal, vía aumentar los ingresos porque no hay baja del gasto, haría imposible cualquier contemplación.

Si bien no se conoce la letra fina del proyecto y todavía hay muchas preguntas con respecto a la instrumentación y alcance, el mercado del dólar paralelo ya acusó recibo. 

El dólar blue subió hasta $71,50 (más de 7% de alza) si bien supo estar en $77 durante el primer día tras conocerse la inciativa. En la City dicen que "recién" se está armando el mercado y se descuenta que irá hacia valores del dólar con el recargo del 30% (o sea en torno a los $82). 

Habrá que ver si un mercado informal con más negocios y preponderancia, y con una brecha mucho más grande producto de este manotazo a los viajeros, no termina dañando a la economía. Precisamente a aquella que el oficialismo, dice, busca auxiliar.