"Estamos en conversaciones con dos grandes grupos. Con uno de ellos logramos llegar a un acuerdo sobre una serie de importantes asuntos". La frase, perteneciente a Martín Guzmán, generó confusión y excesivas expectativas acerca de los avances concretos con los distintos grupos de bonistas.

El ministro de Economía, en un foro sobre mercados emergentes organizado por la agencia Bloomberg, dijo lo que cualquiera que haya mirado las distintas propuestas podría suponer: que el Bondholder Group -donde se destacan UBS, Greylock y Fintech asesorados por Mens Sana Advisors- es el más alineado con la oferta oficial.

La figura pública de este grupo es Hans Humes, el CEO de Greylock, que conoce muy bien a Alberto Fernández de cuando era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, ya que él no aceptó el canje del 2005 y se sumó al del 2010, tiene diálogo fluido con Sergio Massa. Es considerado como un muy buen lobbista que tiene amplia experiencia en reestructuraciones de deuda: lideró el comité en la cesación de pagos de Grecia.

Otro que estaba llamada a cerrar, por sus negocios en la Argentina es Fintech con el negociador David Martínez. Tiene injerencia en Telecom y la energética Genneia, donde es socio de Jorge Brito, del Banco Macro.

David Martínez, de Fintech, con Néstor Kirchner y Jorge Brito del Banco Macro.

Otros no tan amigos

Las diferencias, en términos de Valor Presente Neto, entre la última propuesta de este grupo y la de Guzmán es mínima y está en torno a los 3 o 4 dólares. De ahí que el ministro, al hablar de avances y retrocesos, puede dar virtualmente por cerrado un deal con este grupo de acreedores.

De todas formas, el entendimiento no significa que haya un acuerdo cerrado aún. Son dos cosas distintas. Pero por las diferencias, si hubiera un ultimátum este grupo aceptaría la propuesta. Lo que no dice Guzmán es que esos acreedores son los menos representativos en la batalla por la reestructuración.

Según cálculos del mercado, tienen entre el 5 y el 10 por ciento de la deuda en disputa. O sea, el partido se juega en otro lado y no con el Bondholder Group. Ahí entra la clave de toda la negociación, o sea los otros dos grupos que negocian en conjunto: el Exchange Bondholder Group -los grandes tenedores de los bonos del 2005 como Par y Discount- y el Ad Hoc Argentine Bondholder Group -donde se destaca BlackRock-.

Esos acreedores tienen alrededor del 30 por ciento de los bonos emitidos desde el 2016 -o sea los bonos Macri- y otro 30 por ciento de los Par y Discount del canje del 2005, sumando lo que ostentan los dos grupos juntos. Guzmán reconoce públicamente que la relación con este segundo grupo unido no es el mejor.

En una charla en el Council of the Americas incluso acusó a este grupo de no llegar preparados y de pretender cambiar condiciones legales. "Con el otro grupo, llamado Ad Hoc Group, ha habido mayores diferencias", se sinceró el ministro.

Además de las diferencias económicas, ya que el grupo unido de BlackRock y los fondos distressed en el Exchange Bondholder Group presentaron una oferta que vale casi 60 dólares versus el 50 ofrecido por Guzmán, hay cuestiones legales que entorpecen un acercamiento.

Tienen que ver con los términos de emisión de los bonos, o indenture. Los acreedores quieren que todo se rija por las condiciones legales del 2005, más favorables para los bonistas, mientras que el Gobierno pretende seguir con las condiciones de los bonos emitidos en 2016 que son más favorables para el país.

Pablo Quirno, mano derecha de Toto Caputo, dice que el gobierno se equivocó con intentar innovar con los acreedores.

Todavía se puede arreglar

Pablo Quirno, ex jefe de Gabinete de la secretaría de Finanzas bajo la era de Mauricio Macri, considerado el alter ego del "Messi de Cambiemos", Luis Toto Caputo, está de acuerdo con la posición de Guzmán de mantener las condiciones legales del 2016.

"Pero en el lío se metió el propio Gobierno por tratar de modificar el indenture de 2016 para poder hacer reasignación. El pedido de volver al Indenture 2005 es en respuesta a esa posición inicial del gobierno. Los CACs utilizados en los contratos de 2016 son los standard de la industria y ya consensuados en el mercado. Argentina quiso innovar con la reasignación y eso genera la respuesta de los fondos por el 2005", dijo Quirno a través de la red social Twitter. 

Miguel Kiguel, director de Econviews y ex sub Secretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, dijo que las diferencias entre este grupo de acreedores y el Gobierno no es insalvable. De hecho, resaltó que seguramente habrá que "pagar" por haber querido jugar con la reasignación de los bonos en los contratos del 2016.

Señaló que al final del día, las diferencias se salvan con dinero y si el Gobierno quiere mantener las condiciones de los bonos del 2016 tendrá que sumar algún condimento a la oferta. 

En el mercado creen que el arreglo por la deuda es factible, pero que ambos lados tienen que ceder. Kiguel es de los que cree que tanto el Gobierno como los acreedores tienen que estar más predispuestos a negociar para llegar a un acuerdo.