Mientras que Martín Guzmán busca convencer (sin demasiado éxito, claro está) a los fondos de inversión y acelera la negociación con el FMI, apareció un nuevo mazazo para la Argentina en los tribunales de Nueva York. La jueza que tomó un pedido de un grupo de acreedores contra el país por haber dejado de pagar los cupones atados al PBI luego de manipular el Indec le otorgó el visto bueno en la demanda. Loretta Preska, la reemplazante del mítico (y difunto) Thomas Griesa, determinó que la Argentina cambió la forma de calcular el crecimiento precisamente para "ahorrarse" el pago de los cupones. Es un claro revés para el país en medio de una batería de juicios que, a pesar de la "reestructuración exitosa" de la deuda -como definió Guzmán-, continúan en los tribunales internacionales. 

Ahora, la magistrada ordenó que se comience un proceso de "discovery" antes del 16 de abril. Esto es, un procedimiento por el cual los acreedores podrían acceder a información y detectar activos embargables de la Argentina a fin de cobrar las sentencias que los benefician. Otras fuentes indican que no necesariamente se abre el proceso a la búsqueda de activos para ser tomados como forma de pago. "El discovery es para buscar evidencia para el caso, no sólo para ver cómo cobrar", adviertió a iProfesional un banquero desde Manhattan. El fallo de Preska, de 38 páginas, evidenciaría que sí hubo una modificación para no pagar.

Las intenciones de Guzmán de convencer a los inversores en su viaje no sirvieron de nada.

Partido perdido antes de empezar a jugarlo

"Lo que dice Preska es que la Argentina no puede privar a los acreedores de recibir pagos de intereses cambiando la manera de calcular su PBI. Coincide con el argumento de Aurelius Capital y otros en concluir que Argentina, viendo que no podía pagar intereses, con mala fe, causó la falta de disponibilidad de datos para evitar el pago", explicó Sebastián Maril, de Research For Traders.

La historia de los cupones PBI es conocida. Surgieron en el canje del 2005 por sugerencia del tándem Roberto Lavagna-Guillermo Nielsen que los incluyeron como "incentivo" para que los acreedores acepten el canje de ese momento. La idea era que si el país crece, ese beneficio sea compartido con los bonistas vía un pago "extra" con los cupones.

Sin embargo, lo que fue un buen negocio a la salida del canje del 2005 por el crecimiento económico, terminó por no serlo. El país no nada paga por el "crecimiento" excedente desde el 2012. Según Research for Traders, desde la fecha de emisión, los valores vinculados al PBI han pagado intereses por un total de u$s11.500 millones.

"Desde entonces, descontentos los inversores, han venido con las manos vacías una y otra vez debido al anémico crecimiento económico de Argentina y debido a la presunta alteración de los indicadores económicos del país", explica Maril.

A principios de 2014, Argentina anunció que utilizaría un nuevo año base para calcular el PIB real. Aurelius Capital Master de Mark Brodsky afirmó que en 2014, cuando vencía el pago por el crecimiento del 2013 (siempre se paga año vencido), el país incumplió con ese compromiso.

En Nueva York se determinó que la manipulación del Indec que hizo Cristina fue a propósito.

Más juicios pendientes contra la Argentina

Los acreedores afirmaron que la Argentina intentó cambiar unilateralmente los términos explícitos del acuerdo y que el soberano no tiene el poder para hacerlo. Por el contrario, cualquier cambio a los términos del contrato requiere un voto de mayoría absoluta de los tenedores de los cupones.

Aurelius Capital Master y ACP Master son dos tenedores de estos instrumentos que a principios del año pasado habían renovado su batalla mediante la presentación de dos denuncias en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

"Después de no poder convencer al juez a fines de 2019 de que Argentina había calculado erróneamente su crecimiento del PBI para el año 2013 y, en consecuencia, evitó pagar u$s1.3 mil millones en pagos de intereses a los tenedores de los warrants, Aurelius presentó dos demandas por un total combinado de u$s252 millones en daños", detalla Maril.

Desde las presentaciones de Aurelius y ACP, 12 fondos adicionales también presentaron demandas similares en Nueva York y Londres por un adicionalu$s1.100 millones en daños.

Lo cierto es que la batalla por cobrar empieza ahora. Lo que hizo Preska es desestimar el pedido de Argentina de rechazar el caso. Ahora, con el venia a los acreedores, éstos pueden solicitar el pago de los cupones que el país decidió no abonar por manipular las estadísticas públicas. "Todo esto se sigue con el discovery, falta para un fallo final", adviertió una fuente que conoce el caso desde Nueva York. 

Recuerda Maril que el fallo de Preska es tan solo el primero de unos cuantos pendientes en las cortes internacionales contra Argentina. Hay fallos pendientes por u$s9.300 millones, principalmente por la fallida expropiación a YPF, lo que se perdió en el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI), los cupones PBI, el remanente del default 2001 y la Corte Comercial de Naciones Unidas. A pesar de ya haber pagado u$s17.500 millones desde el 2000, los litigios (y los futuros pagos que condenarán a muchas generaciones) sigue.