El Gobierno, finalmente, logró el objetivo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de acumular reservas internacionales netas por unos u$s5.500 millones para el 2022, pero al costo de haber pisado el pago de importaciones por al menos u$s8.000 millones a lo largo del año pasado y haber anticipado cobros por otros u$s2.000 millones. La cifra constituye un verdadero desafío para el 2023.

Los números surgen de comparar los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en base a los reportes de la Aduana con la información del Banco Central sobre la cantidad efectiva de operaciones pagadas durante el período. En el primer caso es un devengado, y en el segundo es base caja.

Si se suman los dólares vendidos para el pago de importaciones de bienes y fletes de los primeros 11 meses reportados en el Balance Cambiario del Banco Central la cifra obtenida es de $69.739 millones.

A ello se lo puede contrastar con los $76.493 millones de operaciones de importación informadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Así, se puede determinar que entre enero y noviembre el Gobierno obligó a los importadores a postergar pagos por u$s6.754 millones. Eso indicaría que para diciembre se hayan sumado otros u$s1.000 millones de pagos postergados, que fue el promedio mensual a lo largo del 2022.

Deuda por importaciones: un agujero de unos u$s10.000 millones

Las empresas argentinas van a tener que enfrentar el pago de esa deuda, que se fue conformando con un horizonte de vencimientos de seis meses durante 2022, sobre todo a partir de junio. En otros términos, gran parte de ello vencerá en el primer cuatrimestre. Además de ello, el ministro de Economía, Sergio Massa, ya viene anunciando que en 2023 proyecta que las importaciones crezcan 7% y que entonces solo va a vender dólares hasta ese tope.

Por otro lado, analistas privados estiman que a lo largo del año pasado se acumularon cobros anticipados de dólares por unos u$s2.000 millones más que en 2023 no van a estar. Así se llegaría a un agujero de unos u$s10.000 millones.

Los efectos que pudieron haber tenido los mecanismos que inventó en 2022 el Gobierno para frenar los pagos de dólares al exterior, ya comienzan a hacer nulos, porque se están armando la rueda. Desde enero, probablemente un importador tenga que volver a operar a plazos de 180 días, pero el BCRA le va a tener que vender los dólares para pagar las importaciones pactadas seis meses antes.

En otras palabras: todo indica que en 2023 el Gobierno no va a poder financiarse obligando a los importadores a que financien sus compras por seis meses.

El ministro de Economía, Sergio Massa, ya vienen anunciando que en 2023 proyecta que las importaciones crezcan 7%

La contradicción está en que en una economía en la que las importaciones vienen creciendo a un ritmo del 34% en los primeros 11 meses, la cantidad de dólares vendidos para pagar esas operaciones subió 8%. El año pasado se vendieron entre enero y noviembre unos $64.317 millones para pagar bienes y fletes..

Es el único modo en el que el Gobierno pudo llegar a fin del 2022 con los números de las reservas internacionales en línea con los u$s5.500 millones de dólares acordados con el FMI. Si hubiera pagado todo, habría tenido déficit y se hubiera caído el acuerdo.

Los resultados del cambio de sistema de control de importaciones

Como se recordará, en 2022 el Gobierno cambió el sistema de control de importaciones bajo el argumento de darle previsibilidad a los importadores y evitar lo que denomina "abusos" de empresas que stockean insumos y materias primas previendo una devaluación. El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) se reemplazó por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Con las SIMI, los importadores tenían que esperar 180 días para acceder a los dólares. Con las SIRA es más o menos lo mismo, aunque el sistema es más complicado porque los plazos se empiezan a contar desde el momento en que la mercadería llega al puerto de Buenos Aires.

Sea con uno u otro sistema, el resultado ha sido igual. Ha quedado para el 2023 una deuda comercial de al menos u$s8.000 millones y cobros anticipados por unos u$s2.000 millones. Esto a su vez, generará más presiones sobre los tipos de cambio, porque se prevé que la sequía que está afectando al campo tenga un costo de otros u$s10.000 millones.