Con la eliminación del capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus, una gran parte del ajuste comprometido por la cartera económica se encuentra en duda, dado que avanzar en recortes de otras partidas y revaluar las medidas "no será tarea sencilla", advierten los analistas que ven que será aún más complicado cumplir con la meta de un superávit primario del 2% del PBI con equilibrio financiero este año.

Las cuentas públicas registraron en 2023 un déficit fiscal primario -antes del pago de intereses de la deuda- de 2,9% del PBI con lo cual se ubicó 1 punto porcentual por arriba de la meta prevista en el acuerdo con el FMI, mientras que el rojo financiero terminó en 6,2% del PBI. Así,el punto de partida para la gestión Milei en materia fiscal es más desafiante que el presentado en la primera semana de gobierno en la que se estimaba que el ajuste debía ser de 5,2 por ciento del PBI para alcanzar el equilibrio financiero.

Las medidas fiscales quitadas del proyecto implicaban un ajuste de alrededor 1,8% del PBI, lo que representaba el 37% del recorte total. El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que se cumplirá con el objetivo de déficit financiero cero, pero los economistas ven improbable conseguir los ingresos suficientes para lograr ese objetivo. 

El mercado está expectante de conocer la nueva hoja de ruta que compense la pérdida de recursos. Al respecto, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go explicó que el devenir del ajuste fiscal "es un tema que está superligado al pago de la deuda, al financiamiento", y "si hay dudas sobre el pago de la deuda en pesos y en dólares, eso traerá más volatilidad al mercado de cambios, a la brecha, y a los bonos".

¿Es posible lograr el equilibrio financiero en 2024?

Los analistas de PPI estimaron que "el superávit primario pasaría de 2,2% del PBI en la propuesta original a sólo 0,4%, pero se dificultará significativamente obtener el equilibrio financiero propuesto inicialmente por el Gobierno y avalado por el FMI". En ese marco, proyectaron que "con la exclusión del paquete fiscal de la ley ómnibus, el resultado financiero pasaría de equilibrio en el proyecto inicial a un déficit de 1,8%".

A su vez, Francisco Ritorto, analista de ACM, indicó que "la quita del capitulo fiscal implica una pérdida del plan fiscal cercana a los 1,8 puntos del PBI, de un plan de ajuste de aproximadamente 5 o 6 puntos". Y consideró que "mantener el objetivo fiscal se torna improbable, dado que el ajuste debería correr por el resto de las partidas, acentuando la reducción del gasto en partidas que ponen a prueba los índices de popularidad y capacidad de gobernabilidad de la gestión".

El capitulo fiscal que se quitó de la ley ómnibus implica un ajuste de 1,8% del PBI

"Quitar el capítulo fiscal implicó cambios en la propuesta del gobierno. La mejora de ingresos que se encontraba en el orden de los 2,2% puntos pasó a aproximadamente 0,8%, mientras que los gastos no cuentan con la reducción de jubilaciones de 0,4% plasmada en la tabla original. En caso de que la hoja de ruta para el resto de los gastos que no requieren el aval legislativo continúe igual, en un escenario base podríamos hablar de un leve superávit primario entre el 0% y 0,4% del PBI", proyectó.

Por su parte, Isaías Marini, analista de Consultatio Plus, sostuvo que "la meta de equilibrio financiero luce sumamente desafiante y la eliminación del paquete fiscal la dificulta aún más", y destacó que "la caída de los recursos proyectados significa que el ajuste deberá pasar en mayor medida por el gasto".

"El gobierno afirmó que las provincias sufrirán un mayor ajuste tras la caída del paquete fiscal, pero incluso si se eliminaran por completo todas las transferencias discrecionales (0.7% del PBI) no se lograría compensar esta pérdida de recursos proyectada", aseguró.

Recalculando: la dificultad de decidir por dónde pasar la motosierra

Los analistas auguran que el proceso de ajuste en cualquiera de las alternativas "será necesariamente más lento". Al respecto, la consultora Outlier remarcó que "el objetivo del plan original era asegurar el equilibrio fiscal rápido con suba de impuestos, para luego ir consolidando con la baja de gasto". Y aseveró que "bajar gasto siempre lleva más tiempo".

Asimismo, un análisis de Adcap Grupo Financiero vaticinó que "los probables recortes sin el apoyo del Congreso impondrán un mayor riesgo de implementación, especialmente cuando se trata de la Provincia de Buenos Aires y la sostenibilidad social del programa de Milei".

Tras la exclusión del capítulo fiscal de la ley ómnibus, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que "claramente va a haber un ajuste mayor a las provincias", y explicó que el Gobierno va a "ajustar partidas que no estaban contempladas".

Analistas ven improbable alcanzar meta de déficit financiero cero este año contemplada en acuerdo técnico con el FMI

En este contexto, un informe de la Fundación Capital evaluó "que muy difícilmente pueda realizarse una reducción de las transferencias corrientes a las provincias mayor a la ya prevista (-0,5% del PBI)". Y precisó que "éstas sumaron 0,75% del PBI en 2023 e incluyen partidas relacionadas a la educación, salud y seguridad social.

En PPI concordaron que recortar aún más las transferencias corrientes a las provincias "en la práctica implicaría llevarlas a cero  (quedaban en 0,25% tras el ajuste original), tensando en demasía la relación con los gobernadores por un recorte no del todo relevante en términos macro".

Al respecto, la economista Natalia Motyl esgrimió que "existe una clara voluntad por parte de la gestión actual, algo que no se ha visto en gobiernos anteriores, de alcanzar un déficit financiero cero" pero "es importante destacar que el éxito de estas políticas de austeridad dependerá en gran medida del respaldo social que reciban".

"Esto plantea la pregunta de si la sociedad está realmente preparada para tolerar este tipo de medidas. Por ejemplo, la reducción drástica de las transferencias a las provincias podría afectar negativamente el tejido social en el interior del país, que ya se encuentra enfrentando numerosas dificultades financieras. En este contexto, será necesario evaluar si la sociedad está verdaderamente dispuesta y capaz de sobrellevar las consecuencias de dicho ajuste", razonó.

Según su visión, "si la ley ómnibus no es aprobada el ajuste requerido será considerablemente mayor" e identificó que los recortes por el lado del gasto recaerian en la obra pública, que si se eliminara por completo "representaría el 1,5% del PBI", subsidios económicos, y salarios que actualmente representan el 2,6% del PBI, y que "ante la aceleración de la inflación podrían ser ajustados con un recorte de entre medio y 1 punto del PBI

Sobre los gastos por donde podría pasar la motosierra, la Fundación Capital especuló que " podría realizarse un recorte más pronunciado en materia de subsidios económicos, los cuales implican 2,1% del PBI, aunque existe un limitante en materia social frente al impacto que podría tener en el ingreso de las familias, más aún en caso de un nuevo salto cambiario".

Analistas especulan que podría recortarse más el gasto en obras públicas en busca de lograr el equilibrio fiscal

Ritorto prevé que "en caso de querer sostener la meta de déficit cero, como alternativa pueden realizar un mayor esfuerzo fiscal en los gastos discrecionales, que no requieren el visto bueno legislativo, como subsidios, transferencias a provincias, gasto de capital".

A su vez, Marini enfatizó que "existen otros desafíos para el ajuste del gasto: sin ajuste de la fórmula previsional, las jubilaciones y el gasto social continuarán licuándose, pero el costo político sería enorme". Y recalcó que "la baja del gasto salarial implicará necesariamente que el ajuste pase por cantidades (es decir, vía despidos) lo cual es también políticamente dificultoso".

Además, el analista subrayó que "la devaluación incrementó fuertemente los costos de la energía, lo que supone un incremento tarifario superior al previsto para bajar la carga de los subsidios económicos.

Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, "el mayor ajuste se compensará principalmente por jubilaciones y pensiones contributivas" y afirmó que "la actual fórmula es más perjudicial para los jubilados respecto a la propuesta de actualizar mes a mes" a partir de abril en base al último dato de inflación disponible

En ese sentido, los analistas de Facimex Valores  calcularon que "el gasto en jubilaciones y pensiones (previo a compensaciones con bonos) caería 1,4 p.p del PBI de mantenerse la fórmula actual, 1,2 p.p en caso de iniciar un ajuste por inflación a partir de abril, y 0,3 p.p en caso de iniciar un ajuste por inflación a partir de enero".

¿Por dónde podrían mejorar los ingresos?

Por el lado de los ingresos, en la sociedad de Bolsa Cohen indicaron que "por ahora, la herramienta que tiene el Tesoro es el aumento del impuesto PAIS, la mejora en la recaudación de retenciones debido a la devaluación, y una mejor cosecha". La consultora FMyA también planteó que "hay algunas medidas que el gobierno consideraría para compensar: (1) subir impuesto sobre la nafta; (2) subir alícuota del impuesto país a importaciones (hoy 17,5%); (3) eliminación de exenciones impositivas (desde el régimen de Tierra del Fuego a otras de la "Separata"). 

Estiman que el gobierno podría subir el impuesto a los Combustibles a partir de febrero

Los analistas avizoran la posibilidad de que el gobierno a partir del 1 de febrero actualice el impuesto a los combustibles líquidos que está congelado desde octubre de 2022.

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, estimó que "probablemente el Gobierno tenga que recuperar ingresos por el lado del impuesto a los combustibles, y algunos items de impuestos internos que pueden tocar, y luego tendrá que hacer ajuste en laadministración ´pública, en la obra pública, y un ajuste de los subsidios un poco más fuerte del que se había previsto".

La consultora Eco Go también consideró que "una bala que tiene el Gobierno es el impuesto a los combustibles, el 1 de febrero vence el congelamiento de dicho tributo que supo recaudar 0,9% en promedio entre 2015, y 2019". Y puntualizó que "en 2023 solo recaudó 0,3% del PBI por lo que habría margen para, de a poco incrementar la carga impositiva a costa de una menor desaceleración de la inflación".

Motyl coincidió en que "dos posibilidades son el aumento de los impuestos sobre los combustibles y la aplicación de un impuesto adicional (impuesto país), estas medidas podrían generar ingresos adicionales significativos".